La Viña del Señor
El 4 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Esta Comisión unilateral de carácter transitorio estará vigente hasta el
30 de septiembre de 2030 y será encabezada por la
presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y está conformada por miembros
del gabinete como la Secretaria de Gobernación, la Consejera
Jurídica, el Coordinación de Asesores, el titular de la Agencia de
Transformación Digital, entre otros funcionarios y es presidida por una
liebre muy baleada en la grilla como Pablo Gómez, un antiguo
militante del Partido Comunista Mexicano y del PRD, quien fue uno de
los primeros 100 diputados plurinominales en llegar a la LI Legislatura
en 1979, y ocupó el cargo hasta 1982 y deja la UIF para asumir esta
nueva encomienda.
¿Se necesita hoy una reforma electoral en México?, fue una de las
interrogantes que brincó en la opinión pública, los analistas y los
interesados en esa temática al enterarse de la publicación del decreto
de la conformación de una Comisión presidencial para la reforma
electoral integrada por obradoristas y suyos del primer nivel de la
administración pública federal.
El tema no es menor habida cuenta de que tradicionalmente era la
oposición partidista quien, posteriormente a un proceso electoral
conflictivo, presionaba, dialogaba y negociaba para modificar las
reglas del juego electoral -nos recuerda el abogado Jorge Alberto
Medellín Pino en el programa del Heraldo Radio A fuego lento– como
sucedió en 1988, después de la caída del sistema de Manuel Bartlett,
se construyó el entonces IFE; en 1994, tras la elección de Tabasco y el
rebase de topes de campaña por parte de Roberto Madrazo, se creó la
Comisión de Fiscalización; para el 2006, con el tema de radio y
televisión y la injerencia de Vicente Fox, se reformó la ley de la materia
y en 2012, el caso Monex, orilló la reforma del Pacto por México de
2014.
Que resultaba mejorable la actualmente existente legislación electoral
no hay duda, pero que la iniciativa proceda del gobierno “más votado
de la historia”, mete bastante ruido al sospecharse que no se oirá a la
oposición y solo responderá a los intereses del oficialismo y su nueva
mayoría.
Así lo fue del 1977 a la de 2014 del Pacto por México –del que Pablo
Gómez, formó parte de su Consejo Rector—han sido 11 las reformas
constitucionales y legales aprobadas, para incluir a las fuerzas que
estaban fuera del espacio institucional, fomentar la pluralidad, la
debida contabilidad de los votos, ciudadanización de los órganos
electorales, creación de los tribunales electorales, creación de un
sistema de impugnación en la materia, se fundó un sistema profesional
de carrera electoral, se estableció la reelección consecutiva en
algunos cargos y regulación del financiamiento público de los partidos,
entre otros logros de la etapa conocida como transición democrática,
sin ignorar que en el Consejo General del IFE, luego INE y en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cargos se
repartían entre cuotas y cuates por las dirigencias de los partidos, no
había debida fiscalización del dinero público, menos del sucio, que
entraba a las campañas, ni hubo capacidad para frenar la injerencia de
los gobiernos y de los grupos fácticos en los procesos electorales,
entre otros pendientes y deformaciones, como la aberrante
partidocracia y la ley de hierro de la oligarquía desde la óptica de
Robert Michels, imperante al interior de los partidos.
No puede olvidarse que en 1988 desapareció la mayoría que amenaza
imponerse ahora con un Morena que no es el PRI de antes, sino una
entidad nueva y de que con la reforma de 1996 se creó el IFE y que
los caso Pemexgate y Amigos de Fox, han sido los casos más
sancionados en cuanto financiamiento ilegal de las campañas.
Para el exdirector de aduanas Ricardo Peralta, en tiempos del auge
del huachicol fiscal y operador electoral fracasado en Durango este
2025, la apuesta presidencial tiene que ver con que “En la historia
política nacional, las reformas electorales han surgido casi siempre
como respuesta a crisis: la de 1977 para abrir el sistema a partidos
excluidos; la de 1990 tras el fraude electoral de 1988; la de 2007
después del fraude electoral de 2006; o la de 2014 para centralizar y
unificar procesos locales y federales. La propuesta de Sheinbaum
rompe con ese patrón: no busca sofocar una crisis inmediata, sino
corregir deficiencias estructurales detectadas por la experiencia
histórica y el derecho comparado”.
Elecciones y presidencialismo
Resultado de este sistema, con sus bondades y virtudes, cuyos
alcances siempre estuvieron determinados por el presidencialismo
existente -recordar la injerencia de Vicente Fox en la elección de 2006
y del caso de las tarjetas Monex-Soriana en el 2012–, se buscó crear
un sistema de competencia entre partidos en condiciones de equidad y
se propició la alternancia, cuya prueba de fuego fue la elección de
2018, en donde el entonces presidente Enrique Peña Nieto, hizo todo
lo posible para desbarrancar al candidato del PAN-PRD-MC Ricardo
Anaya.
Se pasó de un sistema político-electoral de partido hegemónico (PRI),
a uno de mayoría, luego plural o multipartidista y ahora la reforma se
llevará a cabo para el retorno del sistema de nuevo partido
hegemónico (Morena) y sus satélites del PT y PVEM y en donde Pablo
Gómez, no tiene empacho en expresar que se hará valer la condición
de “nueva mayoría”, lo cual habla mucho de lo que viene: una reforma
a modo, habida cuenta de las trampas legales como la
sobrerrepresentación que de 8% pasó a 12% y mafiosas para alcanzar
la mayoría calificada en ambas Cámaras por parte del oficialismo y
que las urnas le negaron al lograr el 54% de los votos en una elección
de estado y con uso de recursos de dudosa procedencia y apoyos de
poderes fácticos.
Luego de dos fracasos de reforma electoral durante el mandato del
Peje, una tercera, es vista como parte del Plan C y por la cobertura
propagandística con que arranca, es percibida como cortina de humo
para tapar los escándalos y excesos de miembros de la élite
morenista, los enfrentamientos internos entre las tribus del partido
oficial, la destrucción en tiempo real del grupo Tabasco, las evidencias
de la falta de liderazgo en Morena ante el reposo del caudillo y el vacío
que deja, no ha podido llenarse con la popularidad de la presidenta
Sheinbaum, así como la ratificación de expriístas en el cuerpo
diplomático, como la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich,
quien representaba el sexenio de treinta años de desgobierno, según
dicho del actual mandatario sonorense Alfonso Durazo.
Al presentar a la Comisión que empujará la reforma Claudia
Sheinbaum expresó que “Viejas formas de ejercer el poder y llevar a
cabo la lucha política han dejado de tener vigencia”.
De esas palabras se deduce que se pretende sustituir el sistema
electoral acorde al cambio de régimen político que se intenta, lo cual
conlleva impulsar reglas para que este sea duradero e inclinar la
cancha es la respuesta.
Para el historiador Jacques Costes, la reforma busca consolidar las
características del nuevo régimen, en donde el poder está concentrado
en la coalición morenista pero disperso entre muchos actores políticos
que representan distintos intereses, de ahí que lo que está en juego en
esta reforma no podría ser más grande: la institucionalización de las
normas de competencia política en el nuevo régimen, los mecanismos
con los que el régimen garantizará su durabilidad, y el peso del poder
presidencial frente a los demás poderes políticos formales e informales
La designación de Pablo Gómez a la cabeza de la reforma electoral
fue un golpe al grupo de Ricardo Monreal, de ahí que haya sido uno
de los líderes morenistas en cuestionar la viabilidad de la reforma al
poner –dice– en riesgo la unidad del partido, que nació en torno a un
caudillo como garante del consenso y la cohesión interna. Igual
sucede con los líderes del PT y el PVEM, al poner en peligro su
existencia con la desaparición de las candidaturas plurinominales.
El fiasco del hombre nuevo morenista
En un país con unas elecciones más caras del mundo que ronda los
27 mil millones de pesos, y en que cada voto tiene un costo
aproximado de 13 dólares, esta vez se propone un modelo comicial,
que incluye aspectos muy populares desde la óptica oficial, como la
desaparición de los “inútiles” pluris regalo de las dirigencias partidistas
y frenar el manoteo de recursos quitándoles dinero público a los
partidos “corruptos”, inviables, negocios de familia o de grupo y con
escasa rentabilidad social como el PRIAN, MC, PT y PVEM, la
elección directa de consejeros electorales, la desaparición de los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), y en un contexto
en donde se ha erosionado la demagogia de la austeridad llevada a
extremo de principio moral y política partidista y gubernamental, se ha
convertido en una sopa de su propio chocolate para sus promotores, el
expresidente AMLO, caudillo de Morena, sus cuadros más conspicuos
y los miembros de la burocracia, que significó el tope salarial fijando
como límite el ingreso presidencial, la desaparición del estado mayor
presidencial o la rifa y venta del avión presidencial.
Al intentar subir la vara en el discurso de anticorrupción, austeridad y
la justa medianía elevada a nivel de mística, hizo navegar en aguas
bravas a los morenistas, aunque escándalos de corrupción no cesaron
en el sexenio anterior, como el caso de Segalmex, aduanas, sobornos
en Pemex, el Clan, las megaobras, etc.
A César Yáñez y Santiago Nieto de la UIF, quien se casó en
Guatemala, sus bodas ostentosas, les costó el relegamiento. Ambos
salieron del gobierno de la 4T al contradecir el discurso ético
obradorista, definidor de ese “hombre nuevo” -que hacía ver corto al
ario hitleriano y al que promovía el Ché Guevara en su ensayo “El
socialismo y el hombre nuevo en Cuba”- denominados Protagonistas
del Cambio Verdadero en los estatutos de Morena, base de su poder
social y territorial y agrupados en Comités de Defensa de la Cuarta
Transformación, similar a los Comités de Defensa de la Revolución,
instaurados por Fidel Castro en la isla caribeña.
Con el destape de los excesos morenistas y el desprestigio que
acarrean, que incomodaron -¿o beneficiaron? – a Claudia Sheinbaum,
se dio el banderazo al proceso electoral del 2027.
¿Hacia la regresión democrática?
Pablo Gómez, al presentar el plan general de la Comisión Presidencial
para la reforma electoral, refirió la realización de encuestas de opinión
pública, una consulta amplia, foros y mesas de debates, al cual se
unió desde el atril mañanero la misma Claudia Sheinbaum, al
pronunciarse sobre la viabilidad de reforzar las candidaturas
independientes y la facilidad burocrática para crear nuevos partidos,
cuando suena que dos de ellos están a la puerta de aprobarse, el
propio de la presidenta, cuyas asambleas distritales van muy
avanzadas y Somos México, que impulsa el experredista Guadalupe
Acosta Naranjo.
Según el diputado pluri de primera camada Jesús González Schmal, la
representación proporcional emerge en el mundo tras la segunda
guerra mundial para darle representación a las minorías y evitar las
guerras, luego de los grandes partidos de masas como el
nacionalsocialista (nazi) y demás partidos fascistas.
Hay voces que hablan de la reforma como distractor o como una
regresión democrática al buscar aniquilar a las minorías al eliminar el
sistema de representación mixta y que constituye un contrasentido de
todas las reformas electorales que se han hecho a partir de 1977, con
la reforma de Jesús Reyes Heroles.
Una década después, en 1988 el PRI pasó por una de sus más fuertes
crisis con la fractura interna de la Corriente Democrática y el
cuestionado triunfo de Carlos Salinas y para 1989 se vio forzado a
reconocer el triunfo de Ernesto Ruffo en la gubernatura de Baja
California, con lo que inició a través de las “concertaciones” un intento
de pluralizar el poder político. Así un PRI dominante y un PAN, como
opositor más fuerte, procedieron en 1996 con el diseño de nuevas
autoridades electorales, que dieron origen al IFE y al TRIFE (Tribunal
Federal Electoral), dotados de autonomía y financiamiento mixto para
la operación de los partidos con una base del 30% repartido por igual
a todos y un 70% proporcional al porcentaje de votos obtenidos en la
última elección. Esta reforma en más de 90% fue aprobada por la
totalidad de los partidos que se encontraban en el congreso.
Esta pluralidad se reflejó claramente en los resultados de la elección
de 1997 ningún partido obtuvo mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados, a la par que el PRD triunfó en la capital mexicana y el PAN
ganó en Nuevo León y Querétaro.
La reforma se creó un Tribunal Electoral con mayores facultades y no
limitado solamente a lo federal y una Comisión de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del IFE capaz de
imponer sanciones a quienes violaran la legalidad.
También caracterizó a los partidos como organizaciones del Estado y
no del gobierno, como instituciones autónomas de vinculación con la
ciudadanía cuya función es conformar la representación nacional.
Hacia la consolidación del nuevo régimen
Esta vez, con una estrategia de polarización social y un partido
hegemónico de Estado -convulsionado internamente por el
enfrentamiento entre tribus– y con la destrucción de los contrapesos
institucionales al poder ejecutivo y la desaparición de los organismos
autónomos; con mayoría calificada artificial en ambas Cámaras del
Congreso de la Unión y con los órganos electorales (INE y TRIFE)
cooptados, se antojaba difícil que el oficialismo se embarcara en una
aventura de tal envergadura que atenta de entrada en contra el
pluralismo, la libertad política y los valores democráticos.
Si el objetivo de la reforma que apenas se esboza es la consolidación
del nuevo régimen morenista, habría que considerar algunos aspectos:
Que el sistema político mexicano de esencia presidencialista es un
fenómeno muy peculiar al fincarse en tres elementos de poder como
son la existencia de una presidencia absolutista, con poderes legales y
metalegales, así como de un partido oficial de masas, de la que el
titular del ejecutivo federal es su verdadero líder y de una política
social, que en México fue impulsada desde el gobierno de Miguel
Alemán, y que sirve de correa de transmisión para consolidar una
base social fiel al régimen como clientelas electorales.
El politólogo Leonardo Morlino, estudioso de los regímenes híbridos y
de la calidad democrática, un régimen político se define por valores,
reglas y por que cuenta con una estructura en que se sustenta.
Una buena democracia, según dicho autor, es aquella que garantiza el
ejercicio de la libertad y la igualdad a sus ciudadanos y que se
sustenta en un Estado de derecho; en la que los ciudadanos deben
poder monitorear la eficiencia de la aplicación de las leyes, de las
decisiones tomadas por el gobierno, la responsabilidad política por las
decisiones con relación a las demandas expresas de la sociedad civil,
y además pueden pedir cuentas a sus gobernantes y éstos, a su vez,
rendirles cuentas a ellos.
¿La tercera es la vencida?
Luego de dos intentos fallidos el sexenio anterior de reformas
electorales, como fue la conocida dentro del Plan A, elaborado por el
Pablo Gómez e Higinio Martínez, cabeza del grupo Texcoco del
Estado de México y quien militó en el PMT, luego en el PMS, PRD –
una costelación de grupos del PRI, PMS, PPS, PARM, PFCRN, MAS,
CEU, ACNR y otros, sin ideología común y unidos solo por una
plataforma política bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas- y
actualmente en Morena, no pasó debido a que Morena y sus aliados
no contaban con mayoría calificada en la Cámara Alta.
La segunda intentona fue una reforma legal a las leyes electorales,
que la Suprema Corte bateó por violentar la Carta Magna.
Y ahora se dejó venir la tercera embestida consistente en una reforma
electoral que hasta donde se sabe implica cancelar la reelección
consecutiva, la eliminación de los 200 diputados y 32 senadores pluris
y reducir el financiamiento a partidos y al INE, con riesgo de afectar y
debilitar más a la oposición, el mal ejemplo de los morenistas vip como
el senador Adán Augusto López y Sergio Gutiérrez Luna, presidente
de la Cámara de Diputados y su esposa “dato protegido”, luciendo
supuestos accesorios de lujo y ropa cara; Gerardo Fernández Noroña
y su viaje a Roma nada austero, la vacaciones de los Yunes; Andy,
quien se ausentó de la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo
Nacional del pasado 20 de julio , paseó en el país del sol naciente a
donde fue a tirar el estrés luego de las extenuantes jornadas de
trabajo en Durango y cuyo viaje sufragó con sus 86 mil pesos
mensuales que recibe como Secretario de Organización de Morena,
un partido que en 10 años existencia ha recibido 30 mil millones de
pesos de financiamiento, mientras su carnal José Ramón fue captado
en la Riviera Maya y Ricardo Monreal vacacionando en España, la
magistrada Loretta Ortiz en Marruecos, Yazmín Esquivel en Madrid y
Layda Sansores en los Países Bajos hacia donde viajó a festejar su
cumpleaños, aunados a los traslados de Monreal y Pedro Haces en
helicóptero a las sesiones del Congreso y el cambio de residencia y
nacionalidad del círculo intimo de AMLO, más el escándalo de los
nexos de Adán con La Barredora en Tabasco, golpearon en la línea de
flotación de la credibilidad, del contenido de la Cartilla Moral de AMLO
y del discurso de austeridad de la 4T y del gobierno de su segundo
piso, lo cual contrasta con los 46 millones de mexicanos que viven en
pobreza y 9 en pobreza extrema.
Siendo la justicia social uno de los rubros que definieron en el discurso
al sistema político desde Miguel Alemán, junto a la presidencia
absolutista y al partido oficial, el tema debilita al grupo obradorista.
“En un contexto de bajo crecimiento económico, de mucha
desigualdad y de amplia pobreza en el país, se presentaba como un
tema de justicia social”, afirmó Gustavo Martínez, politólogo de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Es una presidenta que tiene poco control sobre su formación y que
constantemente tiene que estar haciendo concesiones o llamamientos
para mantener el orden”, incide el experto de la UNAM: “Pero al
menos en términos públicos no le conviene hacer confrontación por
estos temas, por eso los mensajes son escuetos. Corre el riesgo de
partir el partido, ampliar las posibilidades de que se generen corrientes
internas o perder capacidad para disciplinar”.
En efecto, la tibieza con que Sheinbaum abordó los excesos y
escándalos dice mucho de su dependencia con su mentor, quien pidió
se protegiera a Adán Augusto López, miembro distinguido del grupo
Tabasco, el más fuerte al interior de Morena, en tanto Luis María
Alcalde, quien llamó a sus correligionarios a no exhibir su opulencia,
jura que no hay divisiones en el partido que preside y que hizo de la
sobriedad su bandera.
¿Circo u operación política?
Si la reforma judicial fue sometida a consulta, foros y debates y para
nada varió lo ya dispuesto como script dentro del Plan C, la reforma
electoral podría estar en la misma ruta, el ser una operación política
para consolidar el régimen autocrático de “nueva mayoría”, con
pequeños visos de pluralidad, como antes de 1988, que le tocó
defender con garra a Manuel Bartlett, con la “caída del sistema”, que le
birló el triunfo al FDN y a su candidato Cuauhtémoc Cárdenas, un
izquierdista moderado, atajado por la mafia en el poder en sus
aspiraciones presidenciales en 1994 y 2000 y víctima de parricidio al
interior del PRD en 2006, lo que permitió el ascenso de AMLO, un lobo
con piel de oveja, arropado por la ultraizquierda, sectores radicales
como los duros de Morena y otros cuestionados compañeros de viaje,
incluso de carácter externo.
La propuesta de reforma electoral presidencial demuestra que el
populismo opositor no es igual al populismo en el poder, en donde el
discurso de la superioridad moral juega un rol importante.
Y el batidero apenas empieza de cara a la elección intermedia de
2027.
