‘El Chapo’ Guzmán señala quiénes son, según él, los verdaderos reyes del narcotráfico desde el interior de la prisión más segura de Estados Unidos

Ciudad Juárez, México. Cinco años después de ser extraditado a Estados Unidos, el capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán señala a los que, según él, son los verdaderos poderes detrás del tráfico de drogas en los 2 países.

A través de su abogada, Mariel Colón, una de las pocas personas a las que se permite tener un contacto regular con él, Guzmán afirma que, para que la guerra contra el narcotráfico se detenga, las autoridades tendrían que ir tras “los políticos de ambos lados de la frontera”.

“Durante años, las autoridades han encerrado a estos presuntos líderes, pero no está sirviendo de nada. Sin embargo, si se persigue a los políticos que están permitiendo que esto ocurra, es una cosa diferente. Eso es lo que él ha expresado antes. Eso es lo que piensa”, declara Colón a Business Insider.

Guzmán es consciente de que él puede ser solo un instrumento político para los gobiernos de Estados Unidos y México, añade la abogada.

“Cada nuevo presidente de EEUU tiene su trofeo. Con Trump [fue] ‘el Chapo’. Después de él, Biden también tiene su trofeo. Siempre ha sido solo política”, manifiesta.

En 2019, Guzmán, que ahora se cree que tiene 65 años, fue condenado a cadena perpetua por múltiples cargos relacionados con las drogas. Desde entonces, ha estado recluido en confinamiento solitario en ADX Florence, una instalación “supermax” (‘de supermáxima seguridad’) en Colorado considerada como la prisión más segura de Estados Unidos.

Guzmán solo cuenta con una hora al día en el exterior y únicamente se le permiten 15 minutos de llamadas telefónicas al mes con 3 personas previamente investigadas por el gobierno estadounidense: su madre, una de sus hermanas y su hijo menor.

“Guzmán ha estado en completo aislamiento. No tiene acceso a ninguna zona de recreo ni a ninguna otra zona de la prisión que no sea su celda”, describe Colón.

En 2020, su equipo legal presentó un recurso —que fue desestimado por un juez federal— en el que se quejaba de que ‘el Chapo’ se enfrentaba a “condiciones inhumanas”. El tratamiento de Guzmán, que según sus abogados es una “tortura” y el resultado de una “venganza política”, no ha cambiado.

Las autoridades estadounidenses han defendido que las medidas de seguridad están destinadas a evitar que Guzmán se escape o se dedique a actividades ilegales, pero incluso con él tras las rejas desde su captura en enero de 2016 el negocio ha estado en auge para el Cártel de Sinaloa.

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Durante el año fiscal 2016, que se extendió desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos incautó más de 5.000 libras (cerca de 2.300 kg) de cocaína. Eso se disparó a más de 9.000 libras (casi 4.100 kg) en 2017. Después de una disminución en 2018, las incautaciones de cocaína de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos aumentaron a más de 11.000 libras (5.000 kg) en 2019 y a más de 15.000 libras (6.800 kg) en 2020.

Las incautaciones de otras drogas en EEUU también han aumentado en ese periodo, una tendencia que, según los expertos, muestra el fallo de centrarse en la captura de los líderes de los cárteles, como han hecho las autoridades estadounidenses y mexicanas durante décadas.

“Los agentes están comprados”

Los testimonios durante el juicio de Guzmán nombraron a varios presidentes mexicanos, jefes de policía y oficiales militares de alto rango como implicados en el tráfico de drogas.

Jesús “El Rey” Zambada, el hermano menor del jefe del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, alegó en el estrado que “los verdaderos líderes” del cártel eran funcionarios del gobierno mexicano y de las fuerzas del orden estadounidenses.

Zambada señaló específicamente a Genaro García Luna, que fue secretario (ministro) de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012. García Luna fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 y acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

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García Luna se ha declarado inocente. Su juicio debía comenzar en octubre de este año, pero se ha retrasado hasta enero de 2023 a petición de sus abogados.

García Luna está acusado de aceptar millones de dólares para permitir a Guzmán “operar con impunidad en México” durante más de una década, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, estaba supuestamente haciendo tratos con funcionarios de alto rango dentro de las principales agencias de seguridad nacional y de aplicación de la ley de Estados Unidos.

En octubre de 2020, Salvador Cienfuegos, ministro de Defensa de México de 2012 a 2018, fue detenido cuando llegaba a Los Ángeles (EEUU) en un vuelo procedente de Ciudad de México.

Cienfuegos también se ha enfrentado a cargos relacionados con el narcotráfico, supuestamente como parte de la investigación del Cártel de Sinaloa y las conexiones de Guzmán. Se le ha acusado de utilizar su autoridad para proteger a una facción del cártel de Sinaloa mientras ordenaba operaciones contra sus rivales.

Cienfuegos se ha declarado inocente en su primera audiencia y, de forma sorprendente, los fiscales estadounidenses han retirado los cargos contra él tras negociar con el gobierno mexicano. El exgeneral ha sido devuelto a México y puesto en libertad.

García Luna y Cienfuegos no han sido condenados, pero un miembro del cártel en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez ha señalado que las acusaciones de Guzmán no están lejos de la realidad.

En una entrevista en octubre de 2016 con el periódico mexicano El Universal, el jefe de nivel medio de La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez, declara que varios agentes fronterizos estadounidenses estaban en su nómina: “Los agentes están comprados”.

En 2016, Center for Investigative Reporting documentó 153 casos de investigaciones de corrupción contra agentes fronterizos estadounidenses, la mayoría de ellos miembros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El tráfico de drogas es el delito más común, seguido del soborno y el contrabando de personas, y la gran mayoría de los casos citados por el CIR implican a agentes con 10 o menos años de servicio. La mayoría de los incidentes se produjeron en Texas, seguido de California y Arizona (estados de EEUU).

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