En un sorprendente avance en un caso que por años estuvo estancado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró detener a los presuntos responsables del homicidio de cinco hombres en una vivienda de la colonia Las Minitas, al Sur de Hermosillo. El brutal asesinato, perpetrado con un fusil de asalto AK-47 en la madrugada del 31 de enero de 2017, conmocionó a la comunidad y finalmente ha encontrado justicia.
Después de una rigurosa investigación, las autoridades han identificado a Édgar Enrique “N”, alias “El Shugar”, de 40 años de edad, como uno de los principales implicados en el crimen. Además, se trabaja en la detención de otro individuo plenamente identificado en relación con el caso. Según las fuentes oficiales, ambos hombres habrían privado de la vida a César Hazael “N”, David Fernando “N”, Carlos Humberto “N”, Marco Vinicio “N” y Manuel Martín “N”, y dejaron gravemente herido a Rigoberto “N”.
El móvil detrás de este trágico evento parece estar relacionado con disputas entre narcomenudistas. La colaboración entre la Fiscalía y las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad del Gobierno de Sonora ha sido fundamental para retomar casos de alto impacto como este, que causaron indignación en la sociedad. El 10 de agosto, finalmente se logró la captura de “El Shugar”, respaldada por una sólida carpeta de investigación que vincula al acusado y a su cómplice con los hechos.
Según las pruebas recabadas, los responsables llegaron a la colonia Las Minitas con la intención de ubicar a una de las víctimas, a la que luego siguieron hasta su domicilio. Allí, abrieron fuego de manera indiscriminada, resultando en la trágica pérdida de cinco vidas y un sobreviviente gravemente herido. En un desarrollo más reciente, el 13 de agosto, “El Shugar” fue vinculado a proceso por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en número de cinco, así como por homicidio calificado en grado de tentativa.
Durante la audiencia, el juez dictaminó prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias antes de iniciar el juicio. La representación social busca imponer la pena más severa que la ley permita en este caso. Las investigaciones continúan en búsqueda de justicia total para las víctimas y sus familias.
