Los acontecimientos recientes en la entidad, particularmente en Hermosillo, han modificado de fondo el escenario del debate público.
En tiempos ordinarios –y más aún en coyunturas preelectorales– la conversación giraba en torno a las aspiraciones de quienes buscan una candidatura.
El foco estaba puesto en las maniobras políticas, en las señales internas de los partidos y en las especulaciones sobre posibles contendientes.
Los periodistas escudriñaban los pasillos del poder: que si Célida López quiere ser candidata a gobernadora; que si María Dolores del Río también se perfila; que si el alcalde de Cajeme ya arma su grupo compacto para proyectar un gabinete; o que si Toño Astiazarán navega con ventaja rumbo a una eventual postulación opositora.
Ese era, hasta hace poco, el centro del debate público.Sin embargo, la conversación –sobre todo en redes sociales– ha dado un giro abrupto e incómodo para algunos actores políticos, en especial para quienes buscan garantizar la continuidad en el gobierno estatal.
Hoy, el debate se ha concentrado en una realidad cruda, incluso nauseabunda: Sonora atraviesa jornadas marcadas por la indignación social ante un sistema de salud cuestionado por las muertes asociadas al uso de sueros vitaminados.
La ciudadanía empieza a establecer paralelismos con tragedias recientes, como la de Waldos, al identificar un denominador común: la ausencia de vigilancia efectiva sobre establecimientos que operan de cara al público.
El caso de los sueros vitaminados en Hermosillo se ha convertido en el epicentro de la crisis. Ocho personas fallecidas no son una cifra más; son la evidencia de un vacío de autoridad y supervisión que permitió, durante años, la operación de prácticas médicas de alto riesgo.
Las imágenes que circulan en redes –clínicas intervenidas, insumos asegurados, testimonios de pacientes y familiares– no solo documentan el dolor: exhiben la magnitud de la indolencia institucional.
Es cierto: la fiscalía investiga y la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) ha intervenido para rastrear el origen de las sustancias utilizadas.
Pero en la percepción ciudadana pesa más otra idea: las autoridades llegaron tarde, como malos bomberos, cuando el incendio ya había consumido la casa.
Esta situación obliga a plantear preguntas incómodas: ¿dónde estaban las instancias responsables, tanto federales como estatales? ¿Dónde estaba la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y su contraparte local?
Son estas dependencias las encargadas de vigilar, verificar y garantizar que este tipo de establecimientos operen conforme a la ley.
La normatividad es clara: deben realizar visitas de verificación periódicas, revisar avisos de funcionamiento, constatar que el giro declarado corresponda con las actividades reales, inspeccionar la infraestructura conforme a normas oficiales –como la NOM-005 y la NOM-022 sobre protocolos de infusión– y asegurar que el personal cuente con cédulas profesionales.
En otras palabras, la ley no deja margen de interpretación: su obligación es prevenir, no reaccionar.¿Hubo negligencia? ¿Hubo corrupción? ¿Se cumplía realmente con los requisitos legales?
La gravedad del caso exige ir más allá de la sanción inmediata. Debe abrirse una investigación que abarque la posible responsabilidad por omisión.
Si una clínica operó durante años de manera irregular, con presencia pública e incluso promoción en redes sociales, sin ser detectada ni sancionada, entonces no se trata solo de un fallo individual, sino de una cadena de fallas institucionales.Si la fiscalía actúa a fondo, podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.
De comprobarse negligencia, corrupción o complicidad por parte de inspectores, no solo se hablaría de sanciones como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sino de consecuencias legales más severas en caso de que la omisión haya sido deliberada o producto de sobornos.
El desenlace, en cualquier escenario, resulta inquietante. Si la responsabilidad recae únicamente en el personal médico, el sistema de salud en Sonora quedará severamente cuestionado, evidenciando un vacío de poder que no se llena con discursos oficiales.
Si, por el contrario, se logra acreditar responsabilidad en funcionarios encargados de la vigilancia, podría atenuarse parcialmente la inconformidad social.
Sin embargo, este escenario luce poco probable: rara vez un gobierno reconoce abiertamente fallas estructurales en un sector tan sensible como el de la salud.
Por ello, más allá de promesas y proyectos de quienes aspiran a un cargo público, la realidad ha impuesto su propia agenda.
El debate ya no está en las candidaturas, sino en la exigencia de justicia.Porque hoy, en Sonora, la política ha sido desplazada por la urgencia: entender qué falló, quién lo permitió y quién debe responder por una tragedia que pudo evitarse.@seguidoresCiudadanía Activa SonoraMary RH
José Luis Jara
