Viña del Señor
Si el morenismo en sus casi ocho años en el poder hubiese cumplido cabalmente con las máximas de su caudillo, mesías, profeta y fundado de no mentir, no robar y no traicionar no estuviera en la necesidad de coartar el derecho de libertad de expresión y de información bajo el pretexto de regular el derecho de las audiencias, dos valores, que ha escrito Irene Levy, presidenta honoraria de la organización civil Observatel, constitucionalmente llamados a encontrarse, no ha pisarse.
No puede pasarse por alto, lo escrito por Delia Crovi, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien en su artículo “Los medios de comunicación en la construcción de escenarios políticos”, en donde aborda la manera en que el sistema político (gobierno y partidos) procura desarrollar estrategias para generar credibilidad y explica que la multiplicación de medios de comunicación no significa que expliquen mejor los hechos sociales.
La credibilidad en política se convierte en tema de interés prioritario cuando un sistema político se encuentra erosionado por graves cuestionamientos públicos y crece el escepticismo en torno a cada aspecto de su discurso -los calificativos de “narcogobierno” y de “narcopartido” a Morena, los excesos que desmintieron la narrativa de la austeridad republicana y la pobreza franciscana y la caída en las encuestas de la popularidad presidencial, no son asuntos menores–, pues la credibilidad es lo que permite que circulen las comunicaciones desde y la confianza y cuyos estragos ante el fracaso de la maquinaria de propaganda y manipulación de la información de Jesús Ramírez Cuevas, están a la vista, tal vez para desviar la atención se desempolvó el caso Ayotzinapa con la detención del exgobernador perredista de Guerrero Ángel Aguirre, tras demostrar lo rentable que era detener a personajes de alto perfil político como Ernesto Ruffo, primer gobernador panista del país.
Ganar credibilidad mediante el impulso del dialogo y la planeación del desarrollo regional busca el PRI de Sonora frente a los descuidos del gobierno de Morena, ser más competitivos y recuperar valores como la libertad de expresión, explicó Víctor Hugo Celaya, durante su gira por Guaymas y aspirante a la gubernatura por el tricolor, en entrevista en el programa En Directo este viernes pasado.
Los derechos de las audiencias si pueden ser regulados, esto habría de buscarse que se hiciera correctamente, sin politizar el tema, dentro del marco legal y sin poner en riesgo otros derechos constitucionales, pero así no lo entendió la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno de México, quien ni siquiera ha sido capaz en su propuesta de Lineamientos de la Ley de Audiencias, de definir qué diablos se entiende por audiencias, esa entidad colectiva difusa, que pocos atinan a definir y ubicar como digna de brindarles protección desde el poder público.
Tampoco puede ignorarse que la libertad de expresión es un derecho inherente al modelo democrático y de que en México desde el poder se implementa un proceso metódico de construcción de un régimen populista autoritario.
Nada fue tan demoledor como el señalamiento de “dictadura perfecta” que el escrito peruano-español Mario Vargas Llosa endilgó al PRI-Gobierno el 30 de agosto de 1990 en el “Encuentro Vuelta. Siglo XX: La experiencia de la libertad”, promovido por Octavio Paz y Televisa y coordinado por Enrique Krauze, lo que le valió abandonar intempestivamente México al día siguiente de su dicho.
La trampa de la censura
Y llama la atención que, en otras latitudes, como Venezuela y Ecuador, Hugo Chávez en 2004 con su Ley Resorte y Rafael Correa, dos exponentes de la ola rosa latinoamericana que asoló al subcontinente con gobiernos de tendencia zurda, hayan recurrido a la misma coartada para minar la libertad de expresión y convertir al Estado en censor de la información y en México se pretende ir por el mismo camino, primero sobre la radio y la televisión y luego sobre la prensa escrita.
Iniciaron imponiendo multas, expulsando periodista, siguieron quitando concesiones y prohibiendo contenidos, para finalmente cerrar medios de comunicación.
“No pago para que me peguen”, solía decir el último presidente de la Revolución José López Portillo, mientras reprimía a la revista Proceso de Julio Sherer, a la par que El Tigre Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, se declaraba como “soldado del presidente”.
Eran los tiempos en que el gobierno a través de PIPSA utilizaba el papel, que monopolizaba, para presionar y ahogar a la prensa y cuando la publicidad oficial era utilizada discrecionalmente para premiar y castigar, como hoy lo sigue haciendo el gobierno de la 4T, según ha reconocido sin filtros todo el mundo en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dijo que TV Azteca, El Universal y Reforma no son requeridos con publicidad oficial.
En un país en donde se mantiene la secrecía en temas de seguridad nacional -como los casos de Rubén rocha Moya o los costos de las mega obras del sexenio anterior- hoy se pretende instrumentar mecanismos censores, en donde en gobierno busca convertirse en el defensor de las audiencias y será quien decida que es información veraz y oportuna, cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que preside Norma Solano, será la encargada de meter miedo y amedrentar a los medios y periodistas críticos, en tanto a los afines va todo el apoyo.
Si el artículo 6º. Constitucional regula el derecho de réplica, también prohibió la transmisión de publicidad y propaganda hecha pasar como información periodística o noticiosa. Lo cual fue sano en su momento.
Entre 2013 y 2014 los derechos de las audiencias fueron incorporados legalmente, mientras en 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó unos lineamientos cuya entrada en vigor quedó suspendida y en 2017 los partidos del Pacto por México (PRI, Pan y PRD) aprobaron una contrarreforma que posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró invalida.
Y todo ese tortuoso proceso de regular a las audiencias desembocó en que el titular del poder ejecutivo federal terminó en erigirse en el máximo árbitro de la verdad pública, cuando desde una tribuna privilegiada sufragada con dinero público, como lo fue la Mañanera, encaró, desde su realidad paralela, a adversarios, criticó, azuzó, agitó, mintió y demolió reputaciones día con día con total impunidad y sin réplica de por medio. Algo que retomó su sucesora Claudia Sheinbaum, sin las habilidades, el temple, descaro y carisma de AMLO, por eso las abundantes pifias y desmentidos un día sí y otro también.
El destape de la cauda de chayoteros y medios estatales y nacionales pagados con dinero de las arcas públicas del gobierno de Sonora por alrededor de 270 millones de pesos en 2025, con Pablo Iglesias, fundador de Podemos a la cabeza, destapado por la periodista Dolía Estévez, ha puesto sobre el tapete del debate público el tema de la naturaleza del uso político de la publicidad oficial en el gobierno de Alfonso Durazo.
Prensa vendida
Que a través de las columnas periodísticas elaboradas a modo o bajo encargo personajes de la clase política se enviaban mensajes, fue una práctica muy usual y lo sigue siendo.
En su libro “El vendedor de silencio”, el escritor Enrique Serna repasa con humor la biografía de Carlos Denigri, un tipo que hizo del periodismo negocio y forma de extorsión y quien no dudaba en poner su pluma al mejor postor.
En la otra cara de la moneda podría estar el autor de la columna Red Privada Manuel Buendía, asesinado en 1984 en la CDMX al salir de su oficina, por órdenes, luego se supo, de José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la Dirección Federal de Seguridad, una dependencia de la Secretaría de Gobernación con Manuel Bartlett a la cabeza. Al momento de su homicidio Buendía era el columnista político más leído del país y sus revelaciones sobre la liga entre funcionarios y narcotraficantes iban a cimbrar a México.
Pero el que la prensa ha jugado un papel muy importante en los momentos de transición política y ha puesto a prueba la calidad de la democracia verdaderamente existente también lo es. Rol que el escrito Javier Cercas achacó al periódico El País, durante el paso de la dictadura franquista a la democracia y el triunfo del PSOE de Felipe González.
Un beneficiario de esa transición a la democracia en España, como el exvicepresidente español Pablo Iglesias, anotó Dolía Estévez, se embolsó 5.6 millones de pesos entre 2025 y 2026 de parte del gobierno de Claudia Sheimbaum y 4.5 millones del gobierno sonorense en 2025. El angelito se ha ido riquis desde que fundó Radio Red y se vendió con varios gobiernos morenacos su actividad como “periodismo con ideología” contra el “monopolio mediático de la derecha”. ¡Si Chuy! Viña del Señorg
Si el morenismo en sus casi ocho años en el poder hubiese cumplido cabalmente con las máximas de su caudillo, mesías, profeta y fundado de no mentir, no robar y no traicionar no estuviera en la necesidad de coartar el derecho de libertad de expresión y de información bajo el pretexto de regular el derecho de las audiencias, dos valores, que ha escrito Irene Levy, presidenta honoraria de la organización civil Observatel, constitucionalmente llamados a encontrarse, no ha pisarse.
No puede pasarse por alto, lo escrito por Delia Crovi, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien en su artículo “Los medios de comunicación en la construcción de escenarios políticos”, en donde aborda la manera en que el sistema político (gobierno y partidos) procura desarrollar estrategias para generar credibilidad y explica que la multiplicación de medios de comunicación no significa que expliquen mejor los hechos sociales.
La credibilidad en política se convierte en tema de interés prioritario cuando un sistema político se encuentra erosionado por graves cuestionamientos públicos y crece el escepticismo en torno a cada aspecto de su discurso -los calificativos de “narcogobierno” y de “narcopartido” a Morena, los excesos que desmintieron la narrativa de la austeridad republicana y la pobreza franciscana y la caída en las encuestas de la popularidad presidencial, no son asuntos menores–, pues la credibilidad es lo que permite que circulen las comunicaciones desde y la confianza y cuyos estragos ante el fracaso de la maquinaria de propaganda y manipulación de la información de Jesús Ramírez Cuevas, están a la vista, tal vez para desviar la atención se desempolvó el caso Ayotzinapa con la detención del exgobernador perredista de Guerrero Ángel Aguirre, tras demostrar lo rentable que era detener a personajes de alto perfil político como Ernesto Ruffo, primer gobernador panista del país.
Ganar credibilidad mediante el impulso del dialogo y la planeación del desarrollo regional busca el PRI de Sonora frente a los descuidos del gobierno de Morena, ser más competitivos y recuperar valores como la libertad de expresión, explicó Víctor Hugo Celaya, durante su gira por Guaymas y aspirante a la gubernatura por el tricolor, en entrevista en el programa En Directo este viernes pasado.
Los derechos de las audiencias si pueden ser regulados, esto habría de buscarse que se hiciera correctamente, sin politizar el tema, dentro del marco legal y sin poner en riesgo otros derechos constitucionales, pero así no lo entendió la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno de México, quien ni siquiera ha sido capaz en su propuesta de Lineamientos de la Ley de Audiencias, de definir qué diablos se entiende por audiencias, esa entidad colectiva difusa, que pocos atinan a definir y ubicar como digna de brindarles protección desde el poder público.
Tampoco puede ignorarse que la libertad de expresión es un derecho inherente al modelo democrático y de que en México desde el poder se implementa un proceso metódico de construcción de un régimen populista autoritario.
Nada fue tan demoledor como el señalamiento de “dictadura perfecta” que el escrito peruano-español Mario Vargas Llosa endilgó al PRI-Gobierno el 30 de agosto de 1990 en el “Encuentro Vuelta. Siglo XX: La experiencia de la libertad”, promovido por Octavio Paz y Televisa y coordinado por Enrique Krauze, lo que le valió abandonar intempestivamente México al día siguiente de su dicho.
La trampa de la censura
Y llama la atención que, en otras latitudes, como Venezuela y Ecuador, Hugo Chávez en 2004 con su Ley Resorte y Rafael Correa, dos exponentes de la ola rosa latinoamericana que asoló al subcontinente con gobiernos de tendencia zurda, hayan recurrido a la misma coartada para minar la libertad de expresión y convertir al Estado en censor de la información y en México se pretende ir por el mismo camino, primero sobre la radio y la televisión y luego sobre la prensa escrita.
Iniciaron imponiendo multas, expulsando periodista, siguieron quitando concesiones y prohibiendo contenidos, para finalmente cerrar medios de comunicación.
“No pago para que me peguen”, solía decir el último presidente de la Revolución José López Portillo, mientras reprimía a la revista Proceso de Julio Sherer, a la par que El Tigre Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, se declaraba como “soldado del presidente”.
Eran los tiempos en que el gobierno a través de PIPSA utilizaba el papel, que monopolizaba, para presionar y ahogar a la prensa y cuando la publicidad oficial era utilizada discrecionalmente para premiar y castigar, como hoy lo sigue haciendo el gobierno de la 4T, según ha reconocido sin filtros todo el mundo en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dijo que TV Azteca, El Universal y Reforma no son requeridos con publicidad oficial.
En un país en donde se mantiene la secrecía en temas de seguridad nacional -como los casos de Rubén rocha Moya o los costos de las mega obras del sexenio anterior- hoy se pretende instrumentar mecanismos censores, en donde en gobierno busca convertirse en el defensor de las audiencias y será quien decida que es información veraz y oportuna, cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que preside Norma Solano, será la encargada de meter miedo y amedrentar a los medios y periodistas críticos, en tanto a los afines va todo el apoyo.
Si el artículo 6º. Constitucional regula el derecho de réplica, también prohibió la transmisión de publicidad y propaganda hecha pasar como información periodística o noticiosa. Lo cual fue sano en su momento.
Entre 2013 y 2014 los derechos de las audiencias fueron incorporados legalmente, mientras en 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó unos lineamientos cuya entrada en vigor quedó suspendida y en 2017 los partidos del Pacto por México (PRI, Pan y PRD) aprobaron una contrarreforma que posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró invalida.
Y todo ese tortuoso proceso de regular a las audiencias desembocó en que el titular del poder ejecutivo federal terminó en erigirse en el máximo árbitro de la verdad pública, cuando desde una tribuna privilegiada sufragada con dinero público, como lo fue la Mañanera, encaró, desde su realidad paralela, a adversarios, criticó, azuzó, agitó, mintió y demolió reputaciones día con día con total impunidad y sin réplica de por medio. Algo que retomó su sucesora Claudia Sheinbaum, sin las habilidades, el temple, descaro y carisma de AMLO, por eso las abundantes pifias y desmentidos un día sí y otro también.
El destape de la cauda de chayoteros y medios estatales y nacionales pagados con dinero de las arcas públicas del gobierno de Sonora por alrededor de 270 millones de pesos en 2025, con Pablo Iglesias, fundador de Podemos a la cabeza, destapado por la periodista Dolía Estévez, ha puesto sobre el tapete del debate público el tema de la naturaleza del uso político de la publicidad oficial en el gobierno de Alfonso Durazo.
Prensa vendida
Que a través de las columnas periodísticas elaboradas a modo o bajo encargo personajes de la clase política se enviaban mensajes, fue una práctica muy usual y lo sigue siendo.
En su libro “El vendedor de silencio”, el escritor Enrique Serna repasa con humor la biografía de Carlos Denigri, un tipo que hizo del periodismo negocio y forma de extorsión y quien no dudaba en poner su pluma al mejor postor.
En la otra cara de la moneda podría estar el autor de la columna Red Privada Manuel Buendía, asesinado en 1984 en la CDMX al salir de su oficina, por órdenes, luego se supo, de José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la Dirección Federal de Seguridad, una dependencia de la Secretaría de Gobernación con Manuel Bartlett a la cabeza. Al momento de su homicidio Buendía era el columnista político más leído del país y sus revelaciones sobre la liga entre funcionarios y narcotraficantes iban a cimbrar a México.
Pero el que la prensa ha jugado un papel muy importante en los momentos de transición política y ha puesto a prueba la calidad de la democracia verdaderamente existente también lo es. Rol que el escrito Javier Cercas achacó al periódico El País, durante el paso de la dictadura franquista a la democracia y el triunfo del PSOE de Felipe González.
Un beneficiario de esa transición a la democracia en España, como el exvicepresidente español Pablo Iglesias, anotó Dolía Estévez, se embolsó 5.6 millones de pesos entre 2025 y 2026 de parte del gobierno de Claudia Sheimbaum y 4.5 millones del gobierno sonorense en 2025. El angelito se ha ido riquis desde que fundó Radio Red y se vendió con varios gobiernos morenacos su actividad como “periodismo con ideología” contra el “monopolio mediático de la derecha”. ¡Si Chuy!Viña del Señorg
Si el morenismo en sus casi ocho años en el poder hubiese cumplido cabalmente con las máximas de su caudillo, mesías, profeta y fundado de no mentir, no robar y no traicionar no estuviera en la necesidad de coartar el derecho de libertad de expresión y de información bajo el pretexto de regular el derecho de las audiencias, dos valores, que ha escrito Irene Levy, presidenta honoraria de la organización civil Observatel, constitucionalmente llamados a encontrarse, no ha pisarse.
No puede pasarse por alto, lo escrito por Delia Crovi, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien en su artículo “Los medios de comunicación en la construcción de escenarios políticos”, en donde aborda la manera en que el sistema político (gobierno y partidos) procura desarrollar estrategias para generar credibilidad y explica que la multiplicación de medios de comunicación no significa que expliquen mejor los hechos sociales.
La credibilidad en política se convierte en tema de interés prioritario cuando un sistema político se encuentra erosionado por graves cuestionamientos públicos y crece el escepticismo en torno a cada aspecto de su discurso -los calificativos de “narcogobierno” y de “narcopartido” a Morena, los excesos que desmintieron la narrativa de la austeridad republicana y la pobreza franciscana y la caída en las encuestas de la popularidad presidencial, no son asuntos menores–, pues la credibilidad es lo que permite que circulen las comunicaciones desde y la confianza y cuyos estragos ante el fracaso de la maquinaria de propaganda y manipulación de la información de Jesús Ramírez Cuevas, están a la vista, tal vez para desviar la atención se desempolvó el caso Ayotzinapa con la detención del exgobernador perredista de Guerrero Ángel Aguirre, tras demostrar lo rentable que era detener a personajes de alto perfil político como Ernesto Ruffo, primer gobernador panista del país.
Ganar credibilidad mediante el impulso del dialogo y la planeación del desarrollo regional busca el PRI de Sonora frente a los descuidos del gobierno de Morena, ser más competitivos y recuperar valores como la libertad de expresión, explicó Víctor Hugo Celaya, durante su gira por Guaymas y aspirante a la gubernatura por el tricolor, en entrevista en el programa En Directo este viernes pasado.
Los derechos de las audiencias si pueden ser regulados, esto habría de buscarse que se hiciera correctamente, sin politizar el tema, dentro del marco legal y sin poner en riesgo otros derechos constitucionales, pero así no lo entendió la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno de México, quien ni siquiera ha sido capaz en su propuesta de Lineamientos de la Ley de Audiencias, de definir qué diablos se entiende por audiencias, esa entidad colectiva difusa, que pocos atinan a definir y ubicar como digna de brindarles protección desde el poder público.
Tampoco puede ignorarse que la libertad de expresión es un derecho inherente al modelo democrático y de que en México desde el poder se implementa un proceso metódico de construcción de un régimen populista autoritario.
Nada fue tan demoledor como el señalamiento de “dictadura perfecta” que el escrito peruano-español Mario Vargas Llosa endilgó al PRI-Gobierno el 30 de agosto de 1990 en el “Encuentro Vuelta. Siglo XX: La experiencia de la libertad”, promovido por Octavio Paz y Televisa y coordinado por Enrique Krauze, lo que le valió abandonar intempestivamente México al día siguiente de su dicho.
La trampa de la censura
Y llama la atención que, en otras latitudes, como Venezuela y Ecuador, Hugo Chávez en 2004 con su Ley Resorte y Rafael Correa, dos exponentes de la ola rosa latinoamericana que asoló al subcontinente con gobiernos de tendencia zurda, hayan recurrido a la misma coartada para minar la libertad de expresión y convertir al Estado en censor de la información y en México se pretende ir por el mismo camino, primero sobre la radio y la televisión y luego sobre la prensa escrita.
Iniciaron imponiendo multas, expulsando periodista, siguieron quitando concesiones y prohibiendo contenidos, para finalmente cerrar medios de comunicación.
“No pago para que me peguen”, solía decir el último presidente de la Revolución José López Portillo, mientras reprimía a la revista Proceso de Julio Sherer, a la par que El Tigre Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, se declaraba como “soldado del presidente”.
Eran los tiempos en que el gobierno a través de PIPSA utilizaba el papel, que monopolizaba, para presionar y ahogar a la prensa y cuando la publicidad oficial era utilizada discrecionalmente para premiar y castigar, como hoy lo sigue haciendo el gobierno de la 4T, según ha reconocido sin filtros todo el mundo en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dijo que TV Azteca, El Universal y Reforma no son requeridos con publicidad oficial.
En un país en donde se mantiene la secrecía en temas de seguridad nacional -como los casos de Rubén rocha Moya o los costos de las mega obras del sexenio anterior- hoy se pretende instrumentar mecanismos censores, en donde en gobierno busca convertirse en el defensor de las audiencias y será quien decida que es información veraz y oportuna, cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que preside Norma Solano, será la encargada de meter miedo y amedrentar a los medios y periodistas críticos, en tanto a los afines va todo el apoyo.
Si el artículo 6º. Constitucional regula el derecho de réplica, también prohibió la transmisión de publicidad y propaganda hecha pasar como información periodística o noticiosa. Lo cual fue sano en su momento.
Entre 2013 y 2014 los derechos de las audiencias fueron incorporados legalmente, mientras en 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó unos lineamientos cuya entrada en vigor quedó suspendida y en 2017 los partidos del Pacto por México (PRI, Pan y PRD) aprobaron una contrarreforma que posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró invalida.
Y todo ese tortuoso proceso de regular a las audiencias desembocó en que el titular del poder ejecutivo federal terminó en erigirse en el máximo árbitro de la verdad pública, cuando desde una tribuna privilegiada sufragada con dinero público, como lo fue la Mañanera, encaró, desde su realidad paralela, a adversarios, criticó, azuzó, agitó, mintió y demolió reputaciones día con día con total impunidad y sin réplica de por medio. Algo que retomó su sucesora Claudia Sheinbaum, sin las habilidades, el temple, descaro y carisma de AMLO, por eso las abundantes pifias y desmentidos un día sí y otro también.
El destape de la cauda de chayoteros y medios estatales y nacionales pagados con dinero de las arcas públicas del gobierno de Sonora por alrededor de 270 millones de pesos en 2025, con Pablo Iglesias, fundador de Podemos a la cabeza, destapado por la periodista Dolía Estévez, ha puesto sobre el tapete del debate público el tema de la naturaleza del uso político de la publicidad oficial en el gobierno de Alfonso Durazo.
Prensa vendida
Que a través de las columnas periodísticas elaboradas a modo o bajo encargo personajes de la clase política se enviaban mensajes, fue una práctica muy usual y lo sigue siendo.
En su libro “El vendedor de silencio”, el escritor Enrique Serna repasa con humor la biografía de Carlos Denigri, un tipo que hizo del periodismo negocio y forma de extorsión y quien no dudaba en poner su pluma al mejor postor.
En la otra cara de la moneda podría estar el autor de la columna Red Privada Manuel Buendía, asesinado en 1984 en la CDMX al salir de su oficina, por órdenes, luego se supo, de José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la Dirección Federal de Seguridad, una dependencia de la Secretaría de Gobernación con Manuel Bartlett a la cabeza. Al momento de su homicidio Buendía era el columnista político más leído del país y sus revelaciones sobre la liga entre funcionarios y narcotraficantes iban a cimbrar a México.
Pero el que la prensa ha jugado un papel muy importante en los momentos de transición política y ha puesto a prueba la calidad de la democracia verdaderamente existente también lo es. Rol que el escrito Javier Cercas achacó al periódico El País, durante el paso de la dictadura franquista a la democracia y el triunfo del PSOE de Felipe González.
Un beneficiario de esa transición a la democracia en España, como el exvicepresidente español Pablo Iglesias, anotó Dolía Estévez, se embolsó 5.6 millones de pesos entre 2025 y 2026 de parte del gobierno de Claudia Sheimbaum y 4.5 millones del gobierno sonorense en 2025. El angelito se ha ido riquis desde que fundó Radio Red y se vendió con varios gobiernos morenacos su actividad como “periodismo con ideología” contra el “monopolio mediático de la derecha”. ¡Si Chuy!
Rafael Rodríguez Castañeda en su texto “Prensa vendida”, hizo una reseña de cincuenta años – de Miguel Alemán a Ernesto Zedillo– de la relación equivoca entre gobierno y medios de comunicación.
Proceso electoral bajo llave
Ana María Salazar, ha señalado que con los nuevos lineamientos para protección de las audiencias será muy difícil informar a las audiencias sobre candidaturas y partidos que reciban apoyo ilegal de organizaciones criminales.
Y eso ante el cada vez más cercano proceso electoral de 2027, es delicado.
¿Enseñar periodismo y reglas éticas de difusión a los periodistas?
Eso de que los lineamientos otorgan la facultad para que el ejecutivo federal decidirá decir que información es veraz y oportuna, que se puede decir y que no en radio y en televisión y que información por descontextualizada está prohibida, ello a través de un mecanismo disfrazado de autorregulación, con la creación de los llamados Defensores de las Audiencias de cada medio de comunicación de por medio.
No por nada la organización Artículo 19 hizo ver que el margen de discrecionalidad en tal definición pone en riesgo el acceso a la información plural y de calidad.
