La Viña del Señor
A cierto tipo de izquierda, o mejor dicho a cierto tipo de derecha disfrazada de izquierda, se le indigesta el tema de la autonomía. No lo pasan y le echan la culpa de todos los males habidos y por haber.
El caso de AMLO es paradigmático en ese renglón. Desde antes de su renombrado Plan C, ya se había pronunciado respecto de la incomodidad que la figura le provoca la autonomía de los organismos públicos y el Poder Judicial. Y respecto al INE, tras la llegada de Guadalupe Taddei a su presidencia dejó de tenerlo en la mira para colonizarlo como lo hizo o intentó con otros organismos autónomos.
Para qué nos hacemos p… nunca han sido autónomos el Poder Legislativo, ni el Judicial
“No nos hagamos” como diría la Chimoltrufia o como mejor lo expresó el gobernador Rubén Rocha a Salvador García Soto, “Para que nos hacemos pendejos…”, pocas veces el Legislativo como el Judicial han funcionado como poderes verdaderamente autónomos.
En México el presidencialismo afincado durante el juarismo creó un ejecutivo fuerte que la Constitución de 1917 dotó de poderes amplios después reforzados con metaconstitucionales acorde a los requerimientos de caudillos militares como Carranza, Obregón y Calles, en su doble rol de jefes políticos y militares de su facción triunfante, el Constitucionalismo. Luego de la muerte del Manco de Celaya, tocó al Turco ceñirse el ser el jefe máximo de la Revolución y del nuevo partido hegemónico para centralizar a los sectores, incluido el militar. Hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas el poder de los expresidentes era indiscutido y dejó de serlo al ordenar la salida del país del guaymense.
Con Carlos Salinas se inauguraron las “concertacesiones” ante el ascenso electoral del PAN, lo que le permitió sacar sus iniciativas. El Jefe Diego fue un operador eficiente al interior de la bancada pitufa en San Lázaro.
Nunca en el tiempo del PRI hegemónico hasta la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997, el poder legislativo en alguna de sus Cámaras del Congreso de la Unión tenía mayoría del partido del presidente. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo el PRI y el PAN aprobaron el rescate bancario que dio origen al Fobaproa.
Ya en el 2000 con la alternancia hacia la derecha con el PAN-PVEM, se hizo evidente el cogobierno con el PRI. Manlio Fabio Beltrones y Elba Esther Gordillo, desempeñaron un papel preponderante durante los 12 años de gobiernos panistas.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Pacto por México, conformado por el PRI, el PAN y el PRD, hizo claras las negociaciones para sacar las reformas estructurales de segunda generación, como la reforma educativa (votada a favor por el entonces perredista Mario Delgado, expresidente de Morena y futuro titular de la SEP con Claudia Sheinbaum); la reforma energética, así como las reformas laborales, en telecomunicaciones, entre las 11 aprobadas.
A partir del 2018, Morena alcanzó la presidencia de la República como la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y desde entonces a la fecha AMLO ha hecho valer el peso de su popular liderazgo para someter bajo su control al Poder Legislativo, que con la sobrerrepresentación recién aprobada por el INE recientemente se fortalece más allá de su sexenio y heredará a su corcholata sucesora una presidencia muy poderosa, pero débil ante los poderes fácticos y por las insuficiencias de su gobierno cuatrotero.
En la estrategia para vulnerar la operatividad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como al INAI, el senado bajo control nunca aprobó a los integrantes faltantes de su Sala Superior uno y de sus Comisionados el otro.
¿Morena es una izquierda política indefinida?
En su libro “El mito de la izquierda” del filósofo español Gustavo Bueno, creador del materialismo político, dice que toda izquierda tiene un proyecto sin exclusiones para todos basados en filosofías racionalistas como como las ilustradas o el materialismo histórico del marxismo.
Para Bueno, en la sociedad política de ciudadanos libres e iguales han existido seis generaciones de izquierda que se enfrentan al antiguo régimen y en algunos momentos entre ellas. Por eso hablaba de que no ha existido una sola izquierda, sino varias con proyectos incompatibles entre sí, incluso a muerte.
Entre ellas destacan seis generaciones de izquierda definida ajenas al trono y al altar, con un proyecto que no había existido antes: la jacobina (la nación francesa), la liberal española (la nación española de ambos hemisferios), la anarquista (el comunismo libertario y la sociedad horizontal autogestionada sin Dios, ni Estado), la socialdemócrata (llegar al comunismo a través de elecciones pacíficas), la comunista (hacer la revolución violenta e instaurar un régimen de partido único) y la maoísta (con un régimen multipartidista con mayor peso en el campesinado y con inspiración en la cultura chino-confuciana ajena al judeo-cristianismo).
También se llegó a hablar de una izquierda indefinida, que abarca dos corrientes abiertas, la izquierda extravagante, que comprende movimientos sociales y ONG´s (feminismo radical, etc.) y la divagante que incluye a intelectuales y artistas y la corriente cerrada que unifica a las dos corrientes incluso en forma de partidos políticos, como la izquierda fundamentalista. Esta izquierda es el basurero a donde van a parar aquellos militantes y proyectos fracasados de las izquierdas políticamente definidas.
Actualmente es posible hablar y esperar una séptima generación de izquierda políticamente definida (que Bueno dijo en 2003 sería posible dentro de 50 años) cuando la ideología hegemonía en las sociedades capitalistas liberales democráticas y de mercado es la izquierda indefinida con vasos comunicantes con la derecha extravagante (separatistas, indigenistas o indianistas y anarcocapitalistas) dando como resultado que lo hegemónico sea la extravagancia, la divagación, la indefinición y el fundamentalismo democrático.
Así, la izquierda indefinida entiende que se debe de luchar por la verdadera democracia, la verdadera izquierda y el verdadero socialismo en base a agendas de grupos determinados que se cumplan a través del Estado del Bienestar y de la democracia.
En el libro “Las dos izquierdas. Lo que nunca se contó sobre la izquierda mexicana” de Jorge G. Castañeda y Joel Ortega Jiménez, loa autores ubican a la Corriente Democrática del PRI y al Partido Comunista Mexicano luego Partido Mexicano Socialista (PMS) como las dos fuerzas principales que dieron origen al PRD del que derivó Morena, siendo el grupo hegemónico al interior del partido del sol azteca el proveniente del nacionalismo revolucionario tricolor liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, al que estaban adheridos Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia Martínez, Cristóbal Arias, AMLO, entre otros.
¿Es propio de una izquierda definida o indefinida apelar a la voluntad popular en forma de consulta para legitimar la clausura de la construcción del Aeropuerto de Texcoco y del megaproyecto de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, sin olvidar la inclusión de la revocación de mandato en la Carta Magna, la militarización de la seguridad y de la obra pública, la vulneración del INE desde la Mañanera o convocar a los cinco más ricos de México para que opinen respecto de la sobrerrepresentación y la reforma judicial o que estos hayan incrementado sus fortunas en un gobierno bajo la austeridad republicana?
La indigesta autonomía de los organismos autónomos públicos
Son siete los organismos autónomos dictaminados par su extinción: INAI, CONEVAL, COFECE, IFT, MEJOREDU, CNH y CRE. La transferencia de sus funciones a diversas dependencias públicas es advertido por el sector privado y analistas financieros como una medida que generará impactos en la inversión y el crecimiento, limitará las oportunidades de empleo e ingreso de la población. Representan el 0.05% del presupuesto de egresos de este año.
Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado que un menor avance del PIB en un punto porcentual implicará dejar de crear 200 mil empleos y los ingresos tributarios se reducirían en algo así como 53 mil millones de pesos. El costo financiero del sector público se estima aumente en 30, 000 millones de pesos a partir de un aumento de 100 puntos base en la tasa de interés.
Para la Coparmex su desaparición debilitaría la democracia, competencia económica y la protección de los derechos ciudadanos. Implicaría también incumplimiento con el T-MEC, porque se necesita garantizar la existencia de autoridades imparciales de competencia y telecomunicaciones, porque al ser órganos reguladores y no existir con ese carácter de autonomía, hay una afectación a la competencia y por ende a los precios y a la variedad y calidad de los bienes, expresó la coordinadora de Administración Pública del IMCO Natalia Campos.
El Banco de México por el momento escapa a esa vulneración de su autonomía.
La captura del INE
Cuando el INE era presidido por Lorenzo Córdova, fue blanco tiro por viaje en la Mañanera. Con su salida y la llegada de Guadalupe Taddei a su presidencia su colonización quedó concluida y ello quedó demostrado ante lo permisivo que el organismo fue antes y durante el proceso electoral.
La culminación de su encomienda quedó concluida el viernes pasado con el otorgamiento de la sobrerrepresentación a la coalición gobernante y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. 20% de sobrerrepresentación le regalaron la mayoría del INE a cada partido de la colación Juntos Seguiremos Haciendo Historia con su votación.
Al consejero Martín Faz se le reclamó y amenazó con juicio político por haber cambiado su criterio de 2021, para votar ahora en contra de la mayoría.
La tónica futura quedó escrita ese día en el Consejo General del organismo más defendido por la sociedad civil aglutinada en la marea rosa.
La autonomía del Poder Judicial: la viga en el ojo ajeno
De todas las reformas del Plan C, que comprende 18 reformas constitucionales y 2 legales, la judicial es la más polémica y la más debatida y analizada y tiene al país en crisis constitucional derivado del paro nacional de trabajadores, jueces y magistrados a partir del 21 de agosto. Algo inédito.
Reformar el Poder Judicial es necesario y debe hacerse en forma integral.
En enero de 1995 Ernesto Zedillo cerró durante un mes la Suprema Corte, despidió a los 26 ministros que integraban el Máximo Órgano y ordenó al Senado elegir a 11 nuevos magistrados. De paso reformó 20 artículos de la Constitución para que el poder judicial fuera elegido por el presidente y el senado. Lo anterior derivó que la elección fuera realizada por cuotas partidistas previamente negociadas o por el presidente en turno. Es decir, por cuotas y cuates.
La reforma judicial del 2021, era para el entonces ministro presidente de la Corte Arturo Zaldívar, la más importante en 30 años. Ya se vio que no.
En esa ocasión se habló de que la justicia debía de impartirse con perspectiva de género y que entendiera de discriminaciones estructurales a las mujeres, a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, a los grupos de la diversidad sexual, a las niñas y niños.
Se destacó el contar con una Defensoría Pública de calidad. En ese tiempo Zaldívar dijo que la Corte era un auténtico tribunal constitucional. Era cuando AMLO le daba recomendaciones, según confesó el propio mandatario.
En palabras de Arturo Zaldívar gracias a la reforma se logró llevar a rango constitucional y legal el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual y a la violencia de género, se apostó por la paridad y la igualdad sustantiva y por un perfil diferente de los juzgadores federales más modernos, más comprometidos con la gente, con mayor sensibilidad social y humana. Ahora todo eso ha quedado olvidado.
Mientras corren reformas como la penal, mercantil y laboral y en puerta están la procesal civil y la familiar, la reforma judicial viene a empalmarse a esta, aún cuando sus resultados se desconocen a ciencia cierta.
De entre lo más polémico de la reforma judicial del Plan C, que no incluye a jueces penales, laborales y lectorales, que ha sufrido alrededor de 100 modificaciones, se encontraba la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces de distrito; la reducción de salarios y de período en el cargo, así como el número de ministros de 11 a 9 en la Suprema Corte. Se llegó a mencionar que serían 1,600 juzgadores federales y de 5,000 a 6,000 los juzgadores locales los sometidos al voto, pasando por encima de la carrera judicial y la preparación técnica. No debe olvidarse en el fuero local se conocen la mayoría de los casos judiciales en comparación con el fuero federal.
Después se habló de cambios escalonados y de selección por medio de tómbola.
Quebrar la autonomía judicial para controlar políticamente al Poder Judicial y su rol de contrapeso, no para resolver los problemas que aquejan a la judicatura, parece ser la tónica, pues de aprobarse la reforma cual tal, sin duda se encarecerá el acceso a la justicia para los ciudadanos y hará inexistente el derecho a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva.
Otros ven en la iniciativa un caso de venganza cuando ha sido el Poder Judicial el que ha contenido y dado reversa a la aprobación de leyes inconstitucionales, como la de la Guardia Nacional, la reforma eléctrica, la prisión preventiva oficiosa, etc.
No siempre la Suprema Corte ha jugado un papel favorable a la ciudadanía, como fue con el anatocismo, el caso de la Guardería ABC, entre otros.
Tampoco pueden ignorarse las redes familiares y el ostentoso estilo de vida de la llamada casta dorada existente en el Poder Judicial, ni el tema de la corrupción, el amiguismo, la prepotencia, el tráfico de influencia, el tortuguismo, la existencia de despachos divinos y demás vicios que dañan su imagen.
Las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron tocadas por los magistrados y jueces mexicanos ante la clara violación de los derechos humanos que conlleva la reforma judicial.
Si bien es cierto juzgar no es una función popular, pues a veces es contramayoritaria, lo urgente es no dejar pasar una oportunidad, como lo fueron las reformas de Zedillo de 1995 y de Arturo Zaldívar con la venía de AMLO de 2021, para atacar a fondo las deficiencias reales de un poder como el Judicial y dejar que se pierda lo esencial entre el ruido que para bien y para mal se ha producido en torno a tan vital tema, que conlleva ni control por parte de la presidencia y su partido, ni justificación de las deficiencias, falta de profesionalismo, la deshonestidad, patrimonialismo y la corrupción imperante y que corroe a la judicatura, pero también al resto de los poderes del Estado, porque no se vale ver la viga en el ojo ajeno, y no en la propia del Ejecutivo (Segalmex, etc.) y del Legislativo (los moches, falta de autonomía, etc.).
Sobre la reforma judicial, el socio comercial más importante del país, Estados Unidos en voz de su embajador Ken Salazar hizo ver los peligros para la integración, la zona fronteriza más dinámica del mundo y las inversiones de aprobarse como está planteada. Luego no lloren pues, es lo que al parecer quiso decir Mr. Salazar.
Por lo pronto las relaciones y las embajadas de EU y Canadá quedaron en pausa.
Como el lector comprenderá lo complicado que es tocar en este espacio un tema de tantas aristas tan ampliamente debatido y tan poco atendido, pero que el abogado de a pie, sin más poder que su preparación y su capacidad, padece a diario, como igual lo entiende el funcionario judicial dedicado y probo, amerita abordarse lo mejor posible en otra entrega pues el tema da para mucho más.
Fantasiosas fiscalías autónomas
Lo cierto es que la reforma judicial no comprende a las Fiscalías y a las policías, parte importante del engranaje del sistema de procuración e impartición de justicia en un país en donde la impunidad ronda el 95% de los delitos y de los cuales solo el 1% de ellos llega al conocimiento de un juez y la estrategia de “abrazos, no balazos” en seguridad ha sido un rotundo fracaso, con casi 200 mil muertos en el sexenio.
El proyecto de Fiscalías autónomas durante el gobierno de la 4T ha sido mera simulación, a grado tal que Alejandro Gertz Manero rinde cuentas a AMLO, como en los estados las fiscalías locales se lo rinden al gobernador. El caso más emblemático es el de Sinaloa, en donde la Fiscal estatal hubo de renunciar luego del enredo alrededor del asesinato del exrector de la UAS Melesio Cuén, la participación de un elemento de la policía como escolta del Mayo Zambada y la enmendada de plana de la FGR.
El periodista Ramón Alberto Garza, cuenta en su libro “Dinastías: dos familias, una nación”, como dejó el desayuno servido en Palacio Nacional, luego de que el presidente le dijo que no podía pedir a la Fiscalía General de la República que se le diera seguridad a un empresario amigo suyo como testigo protegido si hacía pública la corrupción de un alto funcionario la CFE y a lo cual se negó, alegando que era autónoma.
A ojos de los mal pensados un diseño de arquitectura jurídica como la de las reformas del Plan C, responde al afán de proveerse impunidad por parte de la clase política ligada a la 4T.
La inalcanzable autonomía indígena
Desde la misma culminación de las pláticas de paz entre el Comisionado Manuel Camacho Solís y el EZLN en 1994 que parieron los Acuerdos de San Andrés, no había duda que el eje de los mismos era el reconocimiento del autogobierno y de la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, que la reforma aprobada durante el mandato de Vicente Fox en 2001 deshonró.
Han pasado 8 legislaturas federales y sigue a la espera su aprobación. En 2018 se llevaron a cabo foros a lo largo y ancho del país para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo de la 4T las demandas de los grupos originarios y después, ya creado el INPI, la SEGOB y este, convocaron a la reforma del artículo 2 de la Constitución en materia de derechos indígenas y es hasta la presentación del Plan C, en febrero pasado, que el tema volvió a salir a la luz.
El tema desde siempre ha enfrentado a los dos principales líderes de la izquierda moderna poscardenista, la electoral-reformista y la revolucionaria-militarista: AMLO, el tres veces candidato presidencial, dos del PRD y la última y definitiva por Morena y al vocero y jefe militar del EZLN el subcomandante, capitán Marcos y para quien los Acuerdos de San Andrés jamás iban a ser aprobados porque contenían impedimentos para la construcción de obras en territorios de los pueblos indígenas.
Desde su negativa para apoyar la campaña de 2006, el EZLN se distanció de López Obrador y recientemente el sub lanzó uno de sus textos titulado “El Viaje”, en donde cuestionó la buscada sobrerrepresentación y las intenciones de la reforma judicial propuestas.
Si bien el Plan C plantea un reforma en materia de derechos indígenas, esta llega tarde para su implementación, cuando todo el sexenio las megaobras como el tren maya, han debido enfrentar el rechazo de diversos grupos indígenas y la política pública indigenista de la 4T se ha ceñido a paliativos para las demandas de fondo como la pobreza, la falta de servicios, la defensa de los recursos naturales, el derecho al desarrollo y el respeto a la autonomía indígena en su acepción presupuestaria, impartición de justicia y autogobierno e imperar prácticas corruptas por parte de funcionarios del INPI, la promoción del divisionismo, la falta de transparencia en la asignación de recursos y la dualidad de autoridades tradicionales, como parte de la estrategia de divide y vencerás. Mejor ejemplo no lo hay como el Plan de Justicia Yaqui, en donde el dorado de la píldora es parte de su implementación y catafixiarles el Acueducto Independencia por un tubito bautizado como acueducto yaqui.
A pesar de que Lenin, el padre de la revolución rusa fue un promotor incansable de la autodeterminación de las regiones, desde algunas facciones del marxismo europeo actual se le achaca ese error idealista que llevó a la desintegración de la URSS y la recomposición geopolítica del mundo.
Pero más allá, de que la autonomía pudiera ser un concepto digno de rechazo de la izquierda, como se ha evidenciado en el caso lopezobradorista, realmente pudiera tratarse de un impedimento real de aprobarse a favor de los pueblos originarios para la implementación de un proyecto de desarrollo capitalista con los capitanes de empresa más ricos de México a la cabeza como quedó acreditado con las megaobras de la 4T.
La libertad de prensa y de expresión: No pago para que me peguen
El régimen de “los otros datos” ha sido intolerante con la libertad de prensa y de expresión con quienes identifica como sus detractores, cuando en el pasado fue uno de los beneficiarios de estas.
Esa autonomía de actuar y de pensar también le incomoda y desde sus Mañaneras ha despotricado y hasta creó un espacio “Quién es quién en las mentiras”, para evidenciar y exponer desde su tribuna pública a quien le incomoda. Y si eso falla, está la UIF de Pablo Gómez para calmar las aguas.
Y en esa tónica, no se ha detenido en usar el aparato público a cargo de su vocero Jesús Ramírez Cuevas, para violar las normas de privacidad y de uso de datos personales. Como ministro de propaganda del régimen el exdirector del periódico Regeneración, centralizó toda la información gubernamental y restó autonomía a las Direcciones de Comunicación de las dependencias públicas.
En sus manos tuvo y ejerció el poder de veto que sobre los medios de comunicación concede la publicidad gubernamental. “No pago para que me peguen”, espetó José López Portillo, en sus tiempos del último presidente de la Revolución.
Por eso la salida de cinco voces críticas del programa de Televisa “ES la hora de opinar” conducido por Leo Zuckermann, como la de la politóloga Denise Dresser, ha sido vista como vulgar censura y como un aviso de lo que viene y de la relación de subordinación que se exigirá de la prensa y los medios informativos.
No es gratuito que el periodismo se haya convertido en una de las profesiones más peligrosas en México en los últimos años.
El Plan C y los derechos humanos
Como bien explica Hannah Arent en su libro “Sobre la revolución”, en referencia a los padres fundadores de la Unión Americana, a quienes no les preocupó el constitucionalismo, en el sentido de gobierno limitado, legítimo, sino en fundar un poder nuevo, y el cual no podía basarse, por ser la negación del poder, en las declaraciones de derechos, como en aquel tiempo lo fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante el curso de la revolución francesa.
Y ese, hoy como antes, parece ser el dique efectivo de contención al ímpetu reformista de la última carcajada de la cumbancha cuatrotera.
