La Viña del Señor
Nadie lo vio venir. Pero la elección judicial del 2025, además de las
trampas que conllevaba, contenía otro mensaje oculto, que era acorde
a la estrategia de su autor e implementador, romper otro de los
paradigmas más arraigados en el país, como lo hizo en 2024 al
impulsar y colocarle la banda presidencial, vía imposición y elección
de estado como legitimadoras, a la primera mujer presidenta de
México y así justificarse ante la historia.
Esta vez, se podrá decir todo lo que se quiera de la elección judicial,
pero el hecho de que un indígena oaxaqueño, exasesor del EZLN en
los Acuerdos de San Andrés Larrainzar en 1994, se enfile al
contabilizarse el 75.40% de las casillas, con 4, 139,294 de votos,
rumbo a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
quitará ruido y reflectores al desaseado y costoso proceso. De
concretarse ese hecho, será otro producto de una nueva elección de
estado, como lo fue Claudia Sheinbaum el año pasado.
La 4T y su simbología, como parte de su estrategia de poder
No hay que perder de vista que para AMLO, los símbolos y la
mitología indígena, como aderezo de su nacionalismo populista, han
sido parte de la parafernalia que definió su carrera política, la cual
inició en el INI (Instituto Nacional Indigenista) y la cual despegó al
adherirse al neocardenismo en 1989, pues al igual que Alvaro
Obregón, que no fue maderista de primera generación como Adolfo de
la Huerta y Plutarco Elías Calles, López Obrador, tampoco se sumó en
1988 a la campaña del FDN de Cuauhtémoc Cárdenas, sino tiempo
después, luego de renunciar a su militancia priísta.
En su toma de protesta el 1º. de diciembre de 2018, hizo todo un ritual
con que acompañó su toma del poder y se hizo entregar el bastón de
mando por parte de representantes indígenas, y el cual transfirió a su
sucesora Claudia Sheinbaum, en una ceremonia parecida, cual si se
tratara de una carrera de relevos. Esa acción en su momento fue
criticada, porque dicho bastón lo entregan las autoridades indígenas
no el presidente saliente.
Por eso, el arribo de Hugo Aguilar Ortiz, de los operadores más
cercanos de Adelfo Regino, mandamás y coordinador del INPI
(Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas), sucesor del INI, oscuro
personaje que durante el sexenio obradorista, manejó los asuntos de
los pueblos indígenas, como le vino en gana, incluyendo el
presupuesto.
Hugo, propuesto por el ejecutivo y cuyo camino a la presidencia del
máximo tribunal, fue pavimentado desde Palenque, no es un
improvisado en las lides políticas. Baste leer su currículum. Además,
fue de los pocos funcionarios federales que hizo extenso trabajo de
campo y se mantuvo cercano con las comunidades indígenas. Su
origen oaxaqueño, como Benito Juárez, padre de la Reforma y objeto
de culto del líder moral de la 4T, le dio un plus ante sus ojos. Por eso
era el personaje perfecto para coronar su proyecto de reforma judicial
y acallar a los críticos.
Sin muchos aspavientos, fue en las zonas indígenas donde Hugo
Aguilar, concentró su campaña, habida cuenta que en el mundo de los
pueblos originarios era conocido y había concentrado gran parte de su
trabajo: Oaxaca, en donde realizó gran parte de su carrera profesional
como asesor de comunidades indígenas y fue subsecretario de
Derechos Indígenas en la Secretaría de Asuntos Indígenas
del Gobierno de Oaxaca; en Chiapas, participó como asesor del EZLN
y en Sonora, en donde implementó los planes de justicia indígenas, no
sin cuestionamientos.
El tipo conoce del tema indígena y no es gratuito que haya fungido
como director general de Derechos Indígenas del INPI de 2018 a la
fecha, así que discurso trae. Entre sus propuestas, detalladas en el
sitio ¡Conóceles! del Instituto Nacional Electoral, Aguilar Ortiz expone
que busca evitar que la función jurisdiccional sea un obstáculo del
cambio social y privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de
la Unión, las Entidades Federativas, Municipios, pueblos y
comunidades indígenas y afroamericanas.
También ha dicho que «Se debe asumir una actitud abierta para
aprender del otro, su especificidad, contexto y su realidad. De esta
forma, los argumentos que sustenten las resoluciones no serán
simples razonamientos formales, sino sustentados en la realidad».
A Hugo, también le tocó coordinar los trabajos de la reforma
constitucional en materia indígena convocada por el INPI y la
Secretaría de Gobernación. Obviamente, tuvo que haber metido mano
en la reforma en materia de derechos indígenas del Plan C de AMLO.
Que siempre han existido presidentes de la Corte que han dado brillo
al cargo, como Benito Juárez, Ignacio Ramírez, Ignacio L. Vallarta,
Roque Estrada o Genaro Góngora, sin duda; así como funcionales al
poder presidencial en turno, tampoco puede negarse. Lo fueron Arturo
Zaldívar con AMLO, según el periodista Hernán Gómez Bruguera;
Mariano Azuela con Vicente Fox, involucrado en el desafuero de
López Obrador. También contrarias a los excesos del poder ejecutivo
como la actual presidenta Norma Piña.
El estilo personal del gobernar: consolidar el legado
Una mujer en la presidencia de la República y un indígena mixe en la
Suprema Corte, conformaban la estrategia perfecta para pasar a la
historia para López Obrador, con un sólido legado, algo que nunca le
pasó a la cabeza a Gustavo Díaz Ordaz, ni a Luis Echeverría, a
quienes se le recuerda más por la matanza de 1968 y por la
devaluación del peso de 1976, que por toda su obra de gobierno.
Con esas dos herencias y con el mensaje político que entrañan,
AMLO, cree que el endeudamiento heredado, su sangriento sexenio,
la corrupción, sus nexos inconfesables, despilfarros descomunales,
sus obras faraónicas, sus consultas amañadas, etc. quedaran
sepultadas.
En esa trama – o farsa, para algunos cuestionadores de la elección–
cuasi perfecta, si no hubiera sido porque 13% de la votación (23
millones de los 36 millones de votos a favor de Sheinbaum no salieron
a votar), representa un rotundo fracaso y desnuda las carencias
operativas del movimiento obradorista y de la maquinaria que lo
conforma (gobierno federal, gobernadores, alcaldes, Morena,
moneros, medios de comunicación afines, etc.), cuyo resultado
configuraba su voto duro tradicional. Esa indiferencia y abstencionismo
ciudadano de 87% a nivel nacional y de 91% en Sonora, ante una
elección como la de los jueces, sin participación de partidos opositores
y con la mesa servida completa para el oficialismo en todas sus
representaciones, entraña múltiples explicaciones y deja lecciones a
tomar en cuenta para el 2027.
Hugo Aguilar en Sonora
Cuando el nombre de Hugo Aguilar Ortiz, empezó a difundirse que
aparecía como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, no pocos que lo conocieron durante las mesas de trabajo
derivadas de la implementación del Plan de Justicia para la Tribu
Yaqui, con un manejo discrecional del presupuesto millonario asignado
para obras y cooptación de voluntades, levantaron las cejas con
extrañeza, pues quienes lo trataron en Vícam, dieron cuenta de su
verdadero talante y de su cercanía con Adelfo Regino, titular del INPI,
institución de nueva creación en el sexenio obradorista y oaxaqueño
como él.
Su comparación con la figura del Benemérito es obligada y al
personaje no le incomoda, según versión del periodista Salvador
García Soto.
En sus propias manos los gobernadores seri y mayos, Joel Barnett
(Punta Chueca), David Valenzuela Alamea (Pueblo Viejo, Navojoa) y
Marcos Moroyoqui (Huatabampo), hicieron entrega de senda
propuesta de plan de justicia para sus etnias, que cristalizó en obras
para los concaác y se quedó a la espera para la tribu mayo.
Si bien mucho tienen que reclamarle a Hugo Aguilar, los grupos
dejados de lado al priorizar a los “chipilones” (autoridades beneficiadas
del dinero del Plan de Justicia Yaqui) , al margen de los usos y
costumbres de la nación yaqui, pues el funcionario se reunía con
duales y tradicionales revueltos y una que otra propuesta “indecorosa”
del personaje para cooptar vía cañonazos a gestores citados a la
sorda en sus oficinas, algunas autoridades y liderazgos yaquis optaron
por apoyarlo, no sin reservas, en su incursión electoral, pues al final de
cuentas, se dijeron, era uno de los pocos indígenas en la competencia
judicial. Blanca palomita, no lo es.
El montaje perfecto
Mientras para la 4T y sus personeros la elección del domingo 1º. de
junio fue un éxito porque se sirvieron a sus anchas y sin oposición que
incomodara, lo cierto es que con la selección, que no elección, de
Hugo Aguilar Ortiz como presidente del Alto Tribunal, AMLO, cierra, no
sin raspones y señalamientos de uso abusivo del poder, un capítulo
más de su proyecto de Nación, diseñado desde antes de llegar a la
presidencia de la República y resuelve un problema de polarización
interna en la Corte, representada por las posturas de las ministras
Yazmín Esquivel y Lania Batres, que se enfrascaron en serio durante
la contienda en busca del máximo cargo jurisdiccional dividiendo el
voto, lo que permitió, desde la óptica zorruna del expresidente, sacar
adelante su plan C.
Ya veremos si el nuevo Poder Judicial encargado operar a Hugo
Aguilar Ortiz, pieza calve en el tablero diseñado desde La Chingada,
mantiene algo de su autonomía e independencia o lleva a la
concentración del poder presidencial bicéfalo y de un partido oficial,
evidenciado como carente de operatividad y de movilización a nivel
nacional, a pesar del uso faccioso de los recursos públicos a su favor.
Por lo pronto, Hugo Aguilar, que fue un funcionario eficaz para
mediatizar el movimiento indigenista desde las estructuras del INPI, un
bodrio inventado para ello, ahora tendrá como tarea meter en cintura a
la judicatura. Tablas le sobran.
