Por Jesús Ibarra
La seguridad nacional mexicana ha sido vulnerada no por una amenaza externa, sino por un proceso de degradación interna en las instituciones encargadas de custodiar sus aduanas marinas con impacto en el erario público y conexiones en Sonora.
Lo que en el papel se presenta como «huachicol fiscal« transnacional por parte de las autoridades mexicanas, un esquema técnico de importación irregular de hidrocarburos desde refinerías de Texas, Estados Unidos es el motor de una telaraña que entrelaza a la cúpula de la Secretaría de Marina (SEMAR) con un círculo íntimo al Gobierno del estado.
Los hallazgos de la causa penal 325/2025 dada a conocer la semana pasada revelan que la corrupción no cruzó los puertos; ya estaba adentro, operando bajo el amparo de las instituciones federales desde el sexenio pasado.
El caso no es menor: recordemos el aseguramiento de más de 20 millones de litros de combustible ilegal transportado por los buques Challenge Procyon (en Altamira) y Torm Agnes (en Guaymas y Ensenada), en marzo de 2025, un volumen que sólo puede explicarse mediante una complicidad orgánica de alto nivel.
A continuación, desmenuzamos algunas claves de esta compleja de red de actores asociados.
Imagen satelital del buque Torm Agnes, atracó en el Puerto de Guaymas el 20/03/2025. Crédito: PLANET
El consuegro: fraude con antecedentes en EEUU
En el nodo central de las transferencias financieras reveladas por Mexicanos Contra la Corrupción aparece Gilberto Salazar Escoboza, un influyente empresario agrícola de Hermosillo, Sonora, cuya hija, Viviana Salazar Escalante, es pareja de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador sonorense Francisco Alfonso Durazo Montaño.
La citada causa penal de la FGR detectó transferencias por más de 15 millones de pesos con empresas de Salazar Escoboza como parte de la investigación en curso contra los sobrinos del ex secretario de Marina, Rafel Ojeda (2018-2024): los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
El historial de Salazar Escoboza, sin embargo, cuenta con una mancha imborrable en los estrados digitales del sistema PACER: en 2012 fue detenido en San Diego y sentenciado en Texas tras defraudar al EXIM Bank por 4.4 millones de dólares mediante exportaciones simuladas.
“Salazar Escoboza presentó documentos y cheques falsos afirmando que sus empresas habían comprado y recibido mercancía de la compañía estadounidense Cal-Pine, cuando en realidad dichas operaciones comerciales nunca se realizaron”, cita una parte de la acusación del Distrito Oeste de Texas, consultada.
Lejos de alejarse del escrutinio, sus empresas actuales, Agroexportadora SE y Agronegocio SE, son hoy protagonistas de una ingeniería financiera con el ex contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido la semana pasada en Argentina, por presuntamente encabezar la red de huachicol junto a su hermano, quien está preso desde el pasado mes de septiembre.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante 2025 el mando naval, quien tuvo contacto con la ex gobernadora sonorense Claudia Pavlovich Arellano durante un evento diplomático en Ibiza, España en 2023, recibió 5 millones de pesos de Agroexportadora SE y, en un movimiento de “espejo”, envió 10 millones de pesos a Agronegocio SE.
El expediente consultado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad detalla que, tan solo en 2025, Fernando Farías Laguna recibió 41 depósitos que suman 40.3 millones de pesos en sus cuentas personales.
Además el ex contralmirante realizó 59 transferencias por 39.7 millones de pesos, entre las cuales sobresalen las operaciones con la empresa de Salazar Escoboza.
Esta circularidad de fondos detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera entre un mando marino y el consuegro del Gobernador Durazo podría ser el primer hilo de una red de complicidades que trasciende lo familiar.
A la fecha, Fernando Farías pelea legalmente desde Argentina por no ser extraditado a México, una situación donde su abogado Epigmenio Mendieta ha señalado ante medios nacionales que la FGR acusa falsamente a su cliente.
En julio de 2019 Pavlovich Arellano realizó la entrega del albergue escolar Villas del Papa Francisco, dirigido a la atención de niños migrantes en la Costa de Hermosillo, al patronato de esta institución, presidido por el señor Salazar Escoboza.
La obra representó una inversión inicial de 50 millones de pesos pero a la fecha opera con carencias en tanto se define qué hacer con ella a través de la Universidad Estatal de Sonora, institución a la que habría sido donada entre 2023 y 2024.
A esta cercanía de Salazar Escoboza con el poder se suma la simpatía del ex mandatario Guillermo Padrés Elías, quien en julio de 2012 como titularl de Ejecutivo estatal escribió una carta de apoyo para el entonces acusado de fraude bancario en EEUU.
El gesto epistolar fue recibido por la corte e integrado al expediente como “exhibit number 4”.
«Con la mayor consideración, presento para su distinguida atención al Sr. Gilberto Salazar Escoboza, a quien he conocido por más de diez años, tiempo en el cual se ha desempeñado como empresario de reconocida solvencia moral y financiera», escribió Padrés Elías en esa misiva, consultada para fines de este artículo.
Evento en Hermosillo, el 23/11/2019, encabezado por Pavlovich Arellano y Salazar Gámez Crédito: VPF
La foto: Relaciones ¿coincidencia?
El 19 de marzo de 2024, la narrativa institucional se resquebrajó en la bahía de San Carlos, Guaymas.
Durante el hundimiento del buque «Suchiate B10», el hijo del mandatario, Alfonso Durazo Chávez, fue captado en la fragata ARM Juárez junto al hoy detenido Manuel Roberto Farías Laguna y Roberto Gradillas, secretario de Turismo y Economía.
No obstante, el verdadero retrato que asocia a personajes y funcionarios se capturó después, en una comida en el Hotel Marina Terra.
En esa mesa se hizo evidente, junto al hijo del gobernador y el mando naval, compartieron el pan figuras como el empresario Roberto Lemmen Meyer González y el socio internacional de Durazo Chávez, Alex Ngan, de cuya amistad surgieron condiciones para abrir la planta Mainland Headwear, una maquila taiwanés de gorras y sombreros en Agua Prieta, que tiende otros lazos de relaciones clave.
Inicialmente, durante su conformación como socios en 2023 participaron funcionarios ahora clave del gabinete estatal: Fernando Rojo de la Vega (Bienestar), David Fernando Soto Alday (Trabajo).
En la misma escena, llama la atención la presencia de Antonio Alejandro Mejía Laguna, director General de Evaluación en la Secretaría de Gobierno de Sonora.
Según folios mercántiles consultados Mejía Laguna, de 39 años, encabezó la creación de dos empresas, la primera Eco Green Soluciones Portuarias de México, el 15 de enero de 2025 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como la Operadora Hivo, el pasado 4 de junio en Hermosillo, Sonora.
En la compañía de Michoacán se asoció con un verificador acreditado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alfredo Orozco Rosales, originario de Michoacán, quien frecuenta la Asipona local como funcionario de la Secretaría de Salud estatal, así como con Esteban Ávila Valenzuela (administrador único) y Jhonatan Piedra Mendoza (comisario), de quienes no existe rastro público.
Para conformar su compañía en Hermosillo Mejía Laguna se asoció con Marlo Francisco Martínez Hernández, quien es el secretario en la conformación de esta entidad dedicada a la explotación de capital y patrimonio de todo tipo de sociedades mercantiles en la capital sonorense.
No hay evidencia de contratos públicos de estas compañías, tampoco domicilios físicos en Sonora o Michoacán registrados por Mejía Laguna, quien cuenta con carrera trunca como licenciado en Educación.
Lavado: seguros de vida y Jeeps en efectivo
La causa penal 325/2025, cuyos fragmentos han sido presentados en medios nacionales, expone cómo el ex contralmirante Fernando Farías Laguna utilizó tácticas de «limpieza» que la FGR ha tipificado bajo las tres etapas clásicas del lavado de dinero Colocación, estratificación e integración:
El caso del Jeep: Farías Laguna adquirió un Jeep Wrangler Unlimited Sahara 2020 con un valor de 448,363.71 MXN. Lo inusual, y el foco de la alerta financiera, fue el pago de 378,273.49 MXN en efectivo (el 84% del total), apenas dos meses después de obtener un crédito, una operación imposible de justificar con su perfil transaccional de servidor público en la Marina.
La lavadora: La red utilizaba pólizas de seguros de vida de Grupo Nacional Provincial (GNP) como lavadoras de activos. El esquema consistía en realizar aportaciones millonarias de recursos de procedencia ilícita para, poco después, solicitar la cancelación anticipada. Esto permitía el retorno de los fondos mediante instrumentos financieros limpios (transferencias o cheques de caja), transformando el dinero del huachicol en capital aparentemente legítimo, según la causa penal.
La Conexión Arizona-San Pedro: Real estate, finanzas y comercio
El puente entre los presuntos negocios navales y la familia Durazo cruza la frontera hacia Arizona, bajo la gestión de Ramón Ángel Castillo Vázquez, apodado el «Chile Verde».
Este personaje ganadero es una pieza importante en las redes políticas y empresariales expuestas.
Castillo Vázquez es socio de Farías Laguna en la empresa Inmobiliaria Falaycava desde 2024, pero también es quien emitió el 17 de octubre de 2022 una factura de ganado con folio F1936, usada por Salazar Escoboza como garantía para un préstamo de 7 millones de pesos con la SOFOM LC Liquidez Corporativa, como documentó Mexicanos Contra la Corrupción.
El “Chile Verde” es delegado regional en el municipio de Suaqui por la Unión Ganadera de Sonora, pero al mismo tiempo está ligado a Durazo Chávez a través de Sedona Springs, una compañía constructora que crearon el 24 de agosto de 2018 integrando en su acta constitutiva la participación de Grupo Compromiso OAK en Hermosillo.
Según actas del Registro Público de Comercio esta última fue establecida por Durazo Chávez junto a Fernando Rojo de la Vega y David Fernando Soto Alday, ambos en sus cargos dentro del gabinete estatal desde octubre de 2024.
Cuando conformaron Sedona Springs Rojo de la Vega y Soto Alday fueron designados en asamblea como apoderados legales, junto a Castillo Vázquez, como consta en folios mercantiles.
Esta red entre socios presenta algunas conexiones en EE.UU, cuyas empresas siguen con registro vigente ante la Comisión de Corporaciones de Arizona:
* Proxima Centauri LLC: Registrada en Tucson, comparte domicilio con propiedades personales de Durazo Chávez.
* Oakman Corporation: Empresa de Durazo Chávez dedicada a bienes raíces, con filial en Hermosillo.
* Eyra Real Estate Investments: Ubicada en Sahuarita, con Castillo Vázquez como directivo.
* CV Cattle Transportation Logistics LLC: Con sede en Sahuarita, creada por Castillo Vázquez, dedicada al transporte de ganado y asociada a su negocio de bienes raíces.
Cabe señalar que en octubre de 2024, un mes después de asociarse con Castillo Vázquez, Fernando Farías Laguna creó otra empresa en Hermosillo denominada Comercial Gámez San Pedro, un supermercado ubicado en la zona rural donde tenía una participación del 10% de la sociedad junto a su esposa Mónica Gámez Grijalva, quien poseía el resto de las acciones.
Sin embargo, tanto Fernando como Mónica acordaron traspasar todas sus acciones en una asamblea general extraordinaria al padre y madre de esta, mediante un trámite que se solicitó en mayo de 2025 y fue finalmente publicado en el Registro Público de Comercio hasta el día 22 de septiembre pasado.
La reconfiguración accionaria dio como resultado que José Espiridión Gámez Parra y Magda Grijalva Ramírez, compartan al día de hoy cada uno el 50% de las acciones de este negocio, como consta en el acta con número único de documento 20250025721800LT.
«Los Primos»: Control interno de la Marina comprometido
La gravedad de la red liderada presuntamente por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados por la FGR como «Los Primos» en la causa penal, no reside únicamente en el contrabando de millones de litros de diésel.
El hallazgo más inquietante es su capacidad de infiltración en la estructura orgánica de la SEMAR y su vínculos con personajes cercanos al Gobierno de Sonora.
Según la FGR, esta red no solo trasladaba combustible en buques; también gestionaba ascensos y promociones dentro de esta dependencia, comprometiendo los filtros de confianza de la institución, mientras su tío Rafael Ojeda era el titular a cargo.
«Gestionan los ascensos y las promociones en la Secretaría de Marina. Se trata de una condición que los convierte en blancos de alto riesgo para víctimas y testigos por su capacidad económica, táctica y acceso a información sensible», dice un fragmento de la causa penal 325/2025.
Preguntas en el aire
La Red Farías Laguna es presentada como un complejo ecosistema adaptativo de impunidad, pero no infalible: el dinero fluye desde compañías agrícolas cuyo propietario tiene antecedentes de fraude bancario en EEUU, se legitima a través de seguros de vida y lujos en efectivo.
Todo esto, mientras los actores mantienen una convivencia social y empresarial con el círculo más cercano al Poder Ejecutivo estatal.
La interconectividad de estos hallazgos dibuja un panorama donde la línea divisoria entre el patrimonio privado de las familias en el poder y la función pública se ha borrado por completo. Ante transferencias millonarias y promociones navales bajo sospecha, queda una pregunta: ¿Qué valor tienen los controles de confianza del Estado mexicano si el acceso a información sensible y la seguridad de de las aduanas marinas ha quedado en manos de una estructura con este nivel de complicidad orgánica?
Como colofón, la FGR agregó ayer el delito de narcotráfico al caso de los hermanos Farías Laguna, citando que el contralmirante Fernando se desplazaba sin adscripción alguna entre las aduanas de Dos Bocas y Guaymas, según la investigación en curso citada por El Universal.
