El buque Torm Agnes destapó la cloaca. Pero documentos oficiales indican que a todo lo largo del año anterior algo muy extraño estaba sucediendo en el puerto de Guaymas
Héctor De Mauleón
El caso principal en Sonora, el que destapó la cloaca, fue el del buque Torm Agnes, vinculado a la red de tráfico de huachicol fiscal operado por altos mandos de la Marina. Pero documentos oficiales indican que a todo lo largo del año anterior algo muy extraño estaba sucediendo en el puerto de Guaymas.
El Torm Agnes, que salió de Texas, arribó a Guaymas el 14 de marzo de 2025. No llegó a la terminal marítima de Pemex. Se detuvo a dos kilómetros del puerto, porque carecía del permiso aduanal que le permitiera descargar el combustible.
Seis días más tarde, el 20 de marzo, logró entrar al puerto y descargó 2 millones 226 litros de combustible ilegal en el muelle 5, el cual no estaba habilitado para recibir esa clase de producto. Ya lo esperaban decenas de pipas llegadas desde Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, pertenecientes a empresas involucradas en la red: Mefra Fletes, Montimex, Simsa, Austral, Petro Express, Salma, Autolíneas Roca. Estas unidades estaban aguardando en terrenos federales de la Administración del Sistema Nacional Portuario, ASIPONA.
Según consta en la carpeta de investigación, el subdirector de Operación Aduanera de Guaymas, Juan Carlos Soto Picha, hoy testigo colaborador de la FGR, le envió un mensaje al capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, El Capitán Sol, orquestador de la trama de contrabando de combustibles, para decirle que el buque “no estaba autorizado” y “que eso ya se había salido de control”.
“Me dijo que le iba a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si a él no le hacían caso”, declaró Soto.
90 minutos más tarde el buque empezó a descargar por medio de las pipas que distribuirían el combustible entre los propietarios de una amplia red de gasolineras.
El 21 de marzo, del otro lado del país, estalló el escándalo de otro buque que había descargado 10 millones de litros de combustible ilegal en Tampico, el Challenge Procyon. A Guaymas llegó la noticia del operativo. El Torm Agnes suspendió la descarga, salió del puerto y permaneció más de diez días en aguas profundas del Golfo de California. Más tarde se movió a Guatemala.
Las pipas salieron de la aduana marítima y de los terrenos federales del sistema portuario. Hay registro de que se estacionaron a orillas de la carretera Guaymas-Empalme y comenzaron a vender el combustible.
El director del sistema portuario de Guaymas, Ernesto Gastélum López fue cesado. El encargado de la aduana, el capitán Luis Alfredo García Arellano Villegas, según la declaración del testigo colaborador Soto Picha, ya había gestionado el ingreso de otros buques, entre estos, en octubre de 2023, el del Seaways Citron, cuya descarga “ya estaba acordada en áreas centrales”.
Al menos siete indagatorias se abrieron en la ASIPONA Guaymas. En las investigaciones se mencionó al consuegro del gobernador Alfonso Durazo, Gilberto Salazar Escoboza, vinculado a empresas de los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, altos mandos navales y sobrinos políticos del secretario de Marina Rafael Ojeda, quienes según la FGR articulaban por medio del Capitán Sol la red de contrabando de combustible.
SEICSA, la empresa de seguridad que tenía bajo su custodia el puerto de Guaymas cuando descargó de manera ilegal el Torm Agnes, propiedad del cónsul de Nicaragua en México, Elías Gerardo Valdés Cabrera, fue sometida también a investigación. Según la revista Proceso, Valdés Cabrera acumuló contratos por cuatro mil millones de pesos en el sexenio de López Obrador y su red de vínculos mercantiles conecta en otra empresa con el hijo del general Audomaro Martínez, David Ashdruval Martínez Hernández.
Los señalados como articuladores de la red, los hermanos Farías Laguna, son precisamente originarios de Guaymas: ahí constituyeron empresas inmobiliarias y se les detectaron compras de casas, edificios y terrenos. En esa aduana operaba El Capitán Sol gestionando descargas de buques, y promoviendo la instalación de funcionarios en cargos estratégicos.
El Torm Agnes es solo la punta del iceberg de todo lo que ocurrió en Guaymas. Y lo peor, es que todo estuvo siempre a la vista de las autoridades mexicanas.
Documentos de la Asociación Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan, por ejemplo, que *la participación de la aduana de Guaymas en la recaudación total del sistema aduanero, ANAM, tuvo una caída estrepitosa en 2024, un año electoral.
Guaymas había recaudado 9,750.9 millones de pesos en 2023.
Al año siguiente, la recaudación bajó a solo 3,975.5 millones.
Cuando el escándalo tronó, la recaudación de 2025 se disparó a 12,277.0 millones.
¿Qué pasó en 2024, el año de esplendor de las operaciones del Capitán Sol, el año en que el contralmirante Rubén Guerrero Alcántar denunció ante el secretario Ojeda la existencia de la red de tráfico, el año en que comenzaron los asesinatos de marinos y funcionarios involucrados en las millonarias operaciones de huachicol fiscal?
Ese año, la recaudación de la aduana de Guaymas por Derecho de Trámite Aduanero también cayó: el año anterior había recaudado 123.3 millones por ese concepto. En 2024 la recaudación fue solo de 45.0 millones (al año siguiente volvió a subir a 100.6 millones).
¿A nadie le pareció extraña esa caída brutal en la recaudación? ¿En serio nadie pidió cuentas?
No puede haber otra respuesta. Como se ha dicho, el Torm Agnes, con sus millones de litros de combustible ilegal, es solo la punta del iceberg: un ejemplo de lo que entró al puerto en solo unos días de marzo y que, según el expediente, había estado entrando al menos desde 2023.
Créditos: El Universal
