La Viña del Señor
Eventos como la protección y blindaje a figuras de la 4T sospechosas de nexos con los grupos criminales, por su participación en turbios negocios como el huachicol, nombramientos de personajes del mundo del hampa en cargos públicos o de haber recibido financiamiento para campañas políticas y por otra parte se coopera y colabora con las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses, como la reciente participación del secretario Omar García Harfuch, responsable de la Estrategia Nacional de Seguridad en Buenos Aires, Argentina, convocada por la DEA, son indicativos que el gobierno federal juega en dos canchas, que no pocas veces chocan entre sí.
Las dos agendas: política y de seguridad
Y mientras la presienta Claudia Sheinbaum maneja una épica y un discurso soberanista en lo político que a su antecesor rindió amplios réditos, pero a ella no, blinda a los integrantes del círculo obradorista metido en problemas con la justicia gabacha –para no chocar con su mentor de Macuspana y los radicales de Morena–, se desatienden pedidos de extradición como la de los 10 de Sinaloa, expulsa capos, no se deja de cooperar a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch –el hombre de confianza de Washington en el gabinete federal, reconoció Terry Cole, jefe de la DEA en Argentina, a quien colocó al nivel de Eliot Ness, lo que es un punto adelante ante el poder de veto de E.U. de cara a la sucesión de 2030, por lo que los obradoristas piden ya su cabeza— con agencias del gobierno trumpista en materia de seguridad e intercambio de información de inteligencia, la Sedena y la Marina hacen lo propio con el Pentágono.
Cole, declaró durante el primer gobierno de Donald Trump al portal Breitbart News que “Los cárteles mexicanos trabajan mano a mano con funcionarios corruptos mexicanos en todos los niveles. Si el contribuyente promedio tuviera un conocimiento básico de cómo esos grupos trabajan coordinados, se enfermarían”.
En Buenos Aires García Harfuch, expuso logros y cuentas alegres, que se han destruido 2700 laboratorios clandestinos, que se han asegurado altos volúmenes de fentanilo, que se han detenido a más de 63 mil personas involucradas en delitos de alto impacto y que se cometen 44 homicidios diarios menos en comparación con 2024 y que ha habido entendimientos con los socios en el combate al crimen.
Para Jorge Fernández Menéndez los “avances reales que existen en seguridad se opacan y relativizan cuando desde el poder se niegan a desmantelar las redes de protección y complicidad política que se han convertido, creo que con razón, en el principal objetivo de las autoridades estadounidenses. Mientras esas redes persistan y se mantengan impunes, los grupos criminales están en condiciones de regenerarse”.
Incluso la propia presidenta Sheiunbaum menciona la estrategia sobre objetivos criminales prioritarios, cuando el sexenio lopezobradorista fue permisivo frente a la actuación del crimen organizado y se tuvo un trato privilegiado con el Cártel de Sinaloa, reveló Ricardo Ravelo en el libro “La cuarta transformación del crimen organizado” y se ha señalado por algunas voces y analistas que cada presidente en turno tuvo un cártel favorito.
Para el columnista Raymundo Riva Palacio, vezado en esas lides, los políticos con ligas con el crimen organizado son un cáncer que está subiendo por la pierna –del gobierno sheunbaumista– y que se tiene que amputar.
Como puede verse la creencia de que la relación con Estados Unidos depende exclusivamente de Trump es errónea, hizo notar Jacques Rogozinsky, pues la política hacia México no se diseña sólo en la Casa Blanca, sino que en el Congreso, el Departamento de Estado, el Pentágono, la comunidad de inteligencia y los principales think tanks se construyen diagnósticos permanentes sobre qué tan confiable es México como aliado y son instituciones que permanecerán después de Donald Trump y es obvio que Washington toma nota desde la postura de México frente a China como puente para que evada aranceles, sus votos en organismos internacionales, sus simpatías por dictadores como Daniel ortega en Nicaragua, su apoyo a Cuba, su actitud frente a los festejos del nacimiento de Fidel Castro, la presencia de agentes rusos, su apoyo a Nicolás Maduro hasta el papel de los consulados mexicanos en Estados Unidos.
No debe olvidarse que la presión externa por parte del gobierno de E.U. ha tenido efectos contundentes sobre México y en los casos de instituciones del sistema financiero como CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa que dejaron de operar o entraron en procesos de desmantelamiento con la sola amenaza de ser investigados y sancionados por el gobierno estadounidense, nos recuerda Ana María Salazar, lo que lleva a considerar que si Andy López Beltrán, luego del retiro de su visa, bien podría quedar tanto él, como sus familiares y quienes hacen negocios con este, con sus tarjetas de crédito o de débito y sus cuentas congeladas en el sistema bancario bajo el riesgo de sufrir sanciones.
Urgente proceso de pacificación
Según el Indice de Estado de Derecho de Word Justice Project correspondiente al 2025, que mide ocho rubros (contrapesos, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de la normativa, justicia civil y justicia penal) en 143 países colocó a México en el lugar 121 con una calificación de 0.40. En ausencia de corrupción aparece en el renglón 134.
En el libro “El día que cayó el Mencho” (2026), su autor José Luis Montenegro destaca que en el reporte “Víctimas de Delitos del Fuero Común 2025”, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contabilizó 11,081 víctimas de extorsión, un delito que justificó el registro de teléfonos móviles en proceso, a pesar de que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI en 2024, el 93.2% de los delitos de extorsión no se denunció.
“Y es que aunque ya vamos para dos años de que terminó sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a muchísimos oficialistas aún les cuesta reconocer que la estrategia de abrazos, no balazos, no fue ni de cerca pacifismo, fue una entrega legítima de la soberanía al crimen organizado, así tal cual” y que “… por más que quieran ocultarlo, que estados gobernados por MORENA son el epicentro de la gobernanza criminal en el país”, escribió Kike Mireles, con ganas de formar parte de la red de amplificación digital anticuatroté, tan de moda.
En 1970, Daniel Cosio Villegas dio leer a sus alumnos de doctorado en el Colegio de México, un extraño –para ese tiempo— texto titulado “Cavilación sobre la paz”, un tema que ya preocupado por un tema de la mayor actualidad, cuando se ha militarizado la seguridad pública y existen millones de delitos (35.5 millones, según Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana) que no se resuelven, al carecer el país de instituciones autónomas y en donde la justicia se ha politizado.
Ha puntualizado el Dr. López Portillo en entrevista con Carmen Aristegui, que mientras el Estado Mexicano exige pruebas a E.U. contra personajes señaladas de ligas al crimen organizado, en el vecino país se integran casos, debido a que una parte del Estado es parte del problema que debe resolver y de que es tiempo de la justicia transicional con asistencia internacional, debido al sistema penal mexicano colapsado reflejado en incentivos que dan 35.5 millones de delitos y 0.8 de resoluciones favorables para el Ministerio Público y con una crisis humanitaria aguda en expansión.
En tanto el flagelo de la inseguridad y la violencia se han ahondado, se hace urgente un plan para pacificar el país, en llamas en algunas regiones habida cuenta que las bandas criminales han convertido partes del territorio nacional en tierra de nadie o zona de guerra.
Si en su momento las autoridades aprobaron reformas Constitucionales y legales para combatir la delincuencia, debido a la demanda social de rigor y energía por parte del Estado para garantizar la seguridad pública y ante el incremento del índice delictivo, sostiene que este obedece a causas complejas, como los problemas económicos y las deficiencias educativas y de rezagos culturales y además a la ineficiencia y retraso de los cuerpos policíacos.
La violencia desatada es la manifestación del problema. Por eso cuando se habla de inseguridad resulta indispensable esbozar algunas ideas de solución, tal como lo han planteado variedad de personas desde la academia, la práctica profesional, desde el servicio público, el periodismo o desde el seno de la sociedad civil.
Un dato importante es que, si bien como concebía el sociólogo alemán Max Weber, el Estado posee el monopolio de la fuerza legítima, las bandas criminales y sus ejércitos privados se la disputan ilegalmente palmo a palmo y han mermado la capacidad de su uso.
En otros países se han dado procesos de paz que llaman la atención en donde las partes en pugna han llegado a acuerdos, como se dio en El Salvador entre la guerrilla del FMLN y el gobierno, la cual se transformó en partido y hoy gobierna dicho país por vía de las elecciones. Otro caso es el de Colombia en donde a través del diálogo con la guerrilla más longeva del continente se llegó al desarme de las FARC. El tema de las acciones reparatorias metió algo de ruido en las pláticas de paz.
En Sudáfrica, un país de mayoría racial negra afectado por el apartheid, Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano, optaron por el perdón a quienes confesaran y reconocieran sus crímenes. Se creó una Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Estado se comprometió a reparar el daño de víctimas y sobrevivientes y a enjuiciar a quienes no fueron amnistiados. Al final de cuentas, el proceso fue defectuoso para víctimas y supervivientes ante el cúmulo de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen racista de una minoría blanca.
Sin embargo, ha habido casos, en que quienes ejercieron la represión sin cortapisas una vez agotado su tiempo histórico pretendieron impulsar leyes de amnistías a modo para cubrirse las espaldas, como fue con algunas dictaduras militares del cono sur, concretamente Argentina y Chile, mismas leyes que al llegar los nuevos gobiernos por la vía democrática decidieron abrogarlas para llevar a la justicia a los responsables de crímenes contra la humanidad. El caso más sonado fue la detención en España por orden del juez Baltazar Garzón, de la Audiencia Nacional Española, por crímenes cometidos en su país en sus tiempos en que lideró la Junta Militar que gobernó con puño de hierro Chile, en una novedosa aplicación extraterritorial del derecho penal.
Así, el tema no es de ninguna manera desconocido, ni extraño al quehacer público y aunque una posible implementación pudiera a primera vista parecer un disparate o una ocurrencia más, pero ante la carencia de alternativas para salir de la crisis de derechos humanos y de violencia, podría ser una salida, quizá no la mejor, ni la ideal, durante el mandato de AMLO se aprobó una Ley de Amnistía para cierto tipo de delitos, cuyo impacto fue relativo.
A su manera diversas organizaciones, líderes de opinión e intelectuales han empujado la idea de encontrarle la cuadratura al círculo del narcotráfico y la violencia que lo acompaña por el lado de la liberación de las drogas, como ya se está haciendo en algunos casos como su uso medicinal y terapéutico.
Otras voces pugnan por una liberación del consumo, pero de forma controlada como en algunos estados de la Unión Americana. Incluso hay quienes hacen comparativos con la prohibición del alcohol que a principios del siglo pasado imperó en el vecino país y cuyo contrabando creo un mercado negro que generó violencia y muerte y el cual fue desapareció una vez legalizado el consumo y distribución.
Históricamente para acabar con el clima de violencia muchas sociedades, sus élites y sus grupos gobernantes han debido optar por opciones legalmente consideradas para casos extremos o especiales pero que en un escenario normal no aplicarían por ser contrarios a la moral, olvidar a las víctimas, violentar los principios de la justicia por perdonar a verdaderos criminales.
A veces abiertamente y otras en forma callada y sin aspavientos, es decir omitiendo perseguir a quien cometió un ilícito, este tipo de medida se han aplicado con diversas modalidades. Veamos:
Terminadas las primera y segunda guerra mundial muchos de los que participaron en dichas conflagraciones y que cometieron crímenes de guerra, incluso de lesa humanidad nunca rindieron cuentas en los tribunales, salvo el caso de los jefes nazis procesados en Núremberg, cuya legalidad está en duda tal como lo hizo ver el profesor Roberto Reynoso Dávila, en su libro “Introducción al estudio del Derecho Penal”.
En México para acabar con la Guerra Cristera que dejó miles de muertos, Plutarco Elías Calles, llegó a arreglos con la jerarquía católica con apoyo del Vaticano. Durante los setentas para poner fin a una época de inestabilidad posterior a la matanza de 1968 y protagonizado por los grupos guerrilleros, como la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas y otros más, Jesús Reyes Heroles, encabezó los esfuerzos por amnistiar a los levantados en armas y propuso abrir el sistema de partidos a la izquierda con la creación de los diputados plurinominales y legalizar al partido Comunista Mexicano, con lo que se conoció como Reforma Política de 1977.
A días de la declaración de guerra del EZLN el 1º. de enero de 1994 gobierno mexicano en Chiapas, Carlos Salinas de Gortari, ordenó un alto unilateral del fuego y nombró una comisión de pacificación encabezada por Manuel Camacho Solís, que entrará en negociaciones con los zapatistas, cuyo fruto fue una ley de amnistía para los involucrados.
Solución policiaco-militar o mediante resolución de conflictos
Pancho Villa, sufrió una mutación de bandido a jefe revolucionario y de ahí a prócer y hoy su nombre está escrito en letras de oro en el más alto sitial de la patria.
Algo así sucedió con el salvadoreño Joaquín Villalobos, quien fue el principal comandante militar y estratega del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una coalición de grupos guerrilleros que puso en jaque a las fuerzas armadas salvadoreñas -respaldadas por el poderío estadounidense- desde fines de los 70 a principios de los 90. El tipo pasó de jefe guerrillero o señor de la guerra a pacificador.
En un perfil que sobre él escribió para el diario británico Financial Times el periodista británico John Carlin llamó a Villalobos el «verdadero maestro de la lucha guerrillera latinoamericana en el siglo XX», por encima de Ernesto «Che» Guevara.
En los 90s se convirtió en uno de los principales negociadores de la guerrilla en los diálogos que culminaron con el acuerdo de paz de 1992. Villalobos se radicó en el Reino Unido en 1995, luego de una pública ruptura con el FMLN como movimiento político. En Inglaterra estudió en el St Anthony’s College de Oxford, donde ahora es profesor visitante.
También es miembro de Diálogo Interamericano, organización que fomenta la democracia, el diálogo y la equidad en América Latina y el Caribe. Y ha sido asesor de procesos de paz en Sri Lanka, Filipinas, Bosnia e Irlanda del Norte.
El último proceso de paz en el que intervino fue el del gobierno colombiano con las FARC. Allí trabajó estrechamente con su amigo Jonathan Powell, jefe de gabinete del gobierno laborista de Tony Blair y principal negociador en el exitoso proceso con el IRA en Irlanda del Norte.
Villalobos, a quien entre otras cosas se le achaca haber intervenido en la ejecución del poeta nacional de El Salvador Roque Dalton, “La fuerza no es para un uso destructivo indefinido e infinito, para destruir totalmente al adversario. La fuerza tiene el propósito de ponerlo en una situación en la que se pueda apelar a la racionalidad que pueda tener y de esa manera conducirlo a ser alguien con quien se pueda convivir. Si no abordas las causas, no vas a parar el fenómeno. Entonces, si las causas están en esos agravios hay que plantearse salidas prácticas”
“Una cosa es que se pueda reducir su capacidad de enemigo regular, de controlar territorio, pero puede seguir siendo un enemigo irregular muy poderoso. Y cuando se coloca al enemigo en una posición de debilidad es que emerge la posibilidad de una salida negociada”
“Si hay un adversario que está armado y haciendo uso de una violencia organizada, si tiene un soporte social grande, si tiene territorio bajo su control y una causa común que va más allá de esos territorios -independiente de que los consideremos una locura, como en el caso de EI-, pero es una causa compartida quizá por millones de personas y tiene soportes internacionales, es decir, es un conflicto que se mueve en una cierta geopolítica”
“No es un fenómeno policial, no son cuatro gatos poniendo bombas. Por más irracional que nos parezca”
“En esas condiciones, el principio es llevarlo a un punto de debilidad y en ese momento hay que buscar -no se cómo- colocarlo en una situación de racionalidad y buscar un acuerdo”
“No es el tema ético, moral, el que define si se dialoga o no”
¿Administrar la violencia o resolverla?
Si bien para el sociólogo francés Emile Durkheim, la delincuencia es un fenómeno inherente a toda sociedad humana y el valor que se le atribuye depende del tipo y forma de organización social, luego entonces el punto es definir cuáles son los límites tolerables de esa actividad en un Estado que se supone soberano.
¿Está condenado el país a resignarse a tener tantos homicidios al año? ¿Se puede acotar la criminalidad? ¿Tiene solución el problema del crimen organizado? ¿Se debe administrar la presencia de las mafias, pero no ponerles fin?
En un artículo de su autoría publicado en la revista Nexos (febrero, 2012), Villalobos, hoy experto en resolución de conflictos, de quien el analista ya fallecido Alejandro Hope ha dicho “Joaquín Villalobos tiene un agradecible gusto por la controversia que lo ha convertido en una voz indispensable en el debate sobre seguridad pública en México: dice lo que muchos critican, lo que otros tantos piensan y lo que nadie más se atreve a defender”, anota en su ensayo “Nuevos mitos de la guerra contra el narco” publicado en la revista nexos en enero del 2012: “México enfrenta cinco duras realidades con relación al tema de la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad: 1. La violencia es inevitable. 2. Tomará bastante tiempo controlarla. 3. No hay atajo, salida fácil, ni solución rápida posible. 4. No existe un “culpable”, porque lo que se está viviendo es el resultado de un proceso histórico. 5. La violencia sólo se reducirá con un gran esfuerzo en dos aspectos: el fortalecimiento y transformación profunda de las instituciones de seguridad y justicia, y un cambio de los ciudadanos con respecto al valor que tienen la ley y el orden en una sociedad democrática. México tiene sobradas capacidades intelectuales y suficientes recursos materiales para resolver el problema, pero ha venido enfrentando dificultades para entender lo que está pasando”.
Según el autor, (1) la delincuencia organizada puede ser derrotada mediante un combate frontal que generará altos niveles de violencia y (2) existe una supuesta manía de “aversión al conflicto”, es decir a administrar los conflictos en lugar de resolverlos.
Lo anterior en el entendido de que algunos Estados (Japón con las Yakuzas, E.U. que usó a las mafias para invadir la Cuba castrista en playa Girón o para apoyar a la Contra nicaragüense contra los sandinistas, destapado por el escándalo “Irán-contras”, Colombia con Pablo Escobar, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y otros países con sus militares golpistas), optaron por administrar la aplicación de la ley en algunos momentos por conveniencia en la relación costo-beneficio o por incapacidad para actuar.
Sacando cuentas de la publicación del referido texto a la fecha la situación ha empeorado, la corrupción no se ha frenado, ni el Nuevo Sistema de Justicia Penal, vendido como la panacea para combatir la inseguridad ha dado los resultados esperados, ni las policías se han profesionalizado y sus deficiencias mantienen al ejército y a la marina haciendo tareas policíacas en las calles y se creó la Guardia Nacional.
“Para que México recupere las calles y la confianza de la gente, deben de ponerse cambios drásticos en materia judicial y de cumplimiento de leyes; primero, mediante la profesionalización de las agencias de control social y el s judicial y, segundo, con la modificación de las leyes para que sean capaces de atacar los problemas del crimen organizado de manera efectiva y eficiente”, advertían John Bailey y Roy Godson, en “Crimen Organizado y Gobernabilidad Democrática, México y la franja fronteriza”.
Y el catálogo de buenas intenciones podría continuar hasta el infinito, pero en resumen, o el Estado mexicano supera sus deficiencias y combate con toda su fuerza a la criminalidad en su diversos frentes (fuentes de financiamiento, complicidad, niveles de protección, corrupción, acotamiento del mercado de las drogas, mejora del sistema penitenciario para sacar las cárceles del control de los criminales, equipamiento, capacitación y depuración de las policías, coordinación entre los diversos cuerpos de seguridad pública, aplicación de penas severas, implementa una política criminológica integral con programas represivos y preventivos, etc.) o explora vías alternas como parte de una política criminológica realista (amnistía, liberación paulatina de algunas drogas, etc.)
