La Viña del Señor
“Son muy pocos hombres se libran de la seducción de la política”, dice
un personaje de “El Gesticulador”, la obra de Rodolfo Usigli. Ahora ese
poder ha tocado a los hombres de la toga, cuya elección por voto
popular directo quedó consumada este 1º. de junio pasado con apenas
entre 12.5% y 13.3% del listado nominal de electores, según
presidenta del INE Guadalupe Taddei.
Hasta la alcaldesa guaymense Karla Córdova, celebró como triunfo de
la democracia el resultado de la elección judicial.
Unos forzados por la tómbola, otros en aras de escalar y otros con
ánimo de ingresar al nuevo poder judicial cuatrotero, han debido de
saltar al ruedo comicial, algunos bajo múltiples presiones.
Este domingo 1º. de junio los mexicanos habrían de ejercer un
derecho electoral nuevo, votar y ser votados para ocupar un cargo en
el Poder Judicial, federal y locales de los estados. Este ejercicio fue
calificado como “experimento” por Vanesa Rodríguez, analista política
y de las gentes allegadas a la presidenta Sheinbaum.
Principios electorales puntuales son que el elector tenga ante sí una
boleta clara y que pueda identificar a los candidatos a elegir y que
estas se contaran en las casillas, pero nada de esto aplicó en la
elección, proveniente de una reforma no exenta de errores,
sumisiones, cooptación de legisladores para fabricar mayorías
artificiales en el Senado, selección de candidatos al gusto, uso de
tómbolas y otras lindezas presentes durante el proceso de aprobación
y de implementación de la misma, todo justificado bajo el discurso que
así lo votó el pueblo en 2024, aunque el objetivo inocultable fue ir por
la cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quedará
entre Lenia Batres, Jazmín Esquivel o Loreta Ortiz, si no es que les
come el mandado Hugo Aguilar, candidato indígena a la máxima
magistratura y operador del INPI del Plan de Justicia para la Tribu
Yaqui.
Hasta el expresidente López Obrador salió más avejentado que de
costumbre de su retiro-madriguera de La Chingada en Palenque, para
emitir su sufragio para avalar a su creatura y mostrar quien mueve los
hilos de la política nacional a través de sus personeros en el gabinete
como Jesús Ramírez Cuevas, Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado,
Raquel Buenrostro, entre otros allegados que copan a Claudia
Sheinbaum desde el inicio del sexenio, sin olvidar a Andy López jr.,
incrustado en la secretaría de Organización de Morena, que puso su
bastión en Durango, para esta elección.
Da hueva mencionar los cargos en juego (lo mismo debió pensar el
elector no inducido). A nivel federal se elegirían a nueve personas
para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN); dos cargos más para magistraturas de las Salas
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF); otros 15 espacios para magistraturas de las Salas
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF); cinco para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial;
464 en magistraturas de Circuito; y 386 personas juzgadoras de
Distrito. Es decir, 881 cargos en disputa, tres mil 422 candidatos para
elegir en seis boletas distinta. A nivel estatal va otro puño. Alrededor
de 80 mil casillas recibirían los votos de los electores. En Durango y
Veracruz la elección judicial se traslapó con la local.
Igual de singulares e inéditas fueron las reglas procedimentales fijadas
para la elección extraordinaria, nunca antes vista en México: sin
injerencia de partidos políticos, propaganda y campañas restringidas,
financiamiento acotado, previo cedazo para los aspirantes, mesas de
casillas reducidas, conteo de boletas diferente al normal en los
comicios, no publicación inmediata de los resultados, no uso del
PREP, etc.
Con organismos electorales antes ciudadanizados, hoy a todas luces
colonizados (INE y TRIFE), la incertidumbre abundó, amén del
despliegue de todo el catálogo de las artes mapacheriles, acarreo,
compra del voto, inducción de votantes, asistencia técnica y
orientación a bica de urna y cualquier otra que el lector pueda
imaginar. La operación a cargo de gobiernos, siervos de la nación,
sindicatos afines (CTM, SNTE, etc.) y sus clientelas, harían ver como
inocentes e inofensivos dinosaurios de la vieja escuela priísta del
relleno o robos de urnas, el ratón loco, el carrusel o casilla zapato a
don Cande (El Charrasqueado) Flores, Leonardo Dévora, Alfonso
(Poncho) Ayala o a Jaime (El Tigre) Escobar.
De ahí que orden constitucional, para el analista Alfredo Figueroa, esté
roto, además que según sus palabras se dejó pasar una buena
oportunidad de reformar a un poder judicial autónomo y no perpetuar
la impunidad y representa un golpe al movimiento democrático.
De los riesgos de que llegaran a los cargos candidatos con perfil
profesional cuestionado, ligados a grupos de interés (desde
empresariales, políticos o delincuenciales) o identificados con tribus
internas del partido oficial o de facciones internas del poder judicial, se
alertó en demasía.
Al final de cuentas la elección requirió de la movilización del aparato
gubernamental en todos sus niveles para legitimar la reforma y a eso
respondió la proliferación de listas de candidatos, bautizados como
acordeones. Ante lo complicado del diseño de las boletas para votar
se optó como estrategia “orientar” al pueblo. Y eso se pudo ver en las
casillas.
Certeza en las reglas y en los resultados, principios básicos de la
democracia, no la hubo. En cuanto a participación se generó mucha
incertidumbre, pues cuando a las consultas populares de revocación
de mandato y para enjuiciar a los expresidentes fue de 17% en el
primer caso y 7% en la segunda. Luisa María Alcalde, presidenta
nominal de Morena afirmó que la participación fue del 20% del padrón
electoral, mientras la politóloga Denisse Dreser sostuvo que apenas si
llegará al 5% y eso que Morena se montó en la estructura del INE.
Esas condiciones de desinformación y de clara inequidad (en Durango
se votó por planillas) en el proceso con la existencia y difusión de
listas de candidatos oficiales entre funcionarios y servidores públicos,
asumen su real alcance cuando, como saldo de la elección de 2024,
se conformó un sistema político de partido hegemónico, con control
sobre el ejecutivo federal, la mayoría de las gubernaturas y de mayoría
calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. El
gobernador Alfonso Durazo, estalló cuando se enteró de que junto a
las listas oficiales circulaban otras en competencia desleal.
Aunado a lo anterior, los comicios se dieron en un ambiente altamente
polarizado y en una situación de crisis de la seguridad pública en
algunos puntos del país, derivado de la aprobación e implementación
de la reforma del Plan C de AMLO, y respecto de su origen,
motivaciones y objetivos ulteriores se han dicho infinidad de
argumentos a favor y en contra.
Difícil se la vieron los candidatos que buscaron permanecer en los
cargos o que aspiraron a ascender en la jerarquía judicial, quienes
afrontaron el proceso electoral sin experiencia alguna y sin base
política. A diferencia de sus pares, que provienen del servicio público o
de la práctica privada, que una vez pasada la justa, si perdían podían
volver a sus trabajos o actividades, los juzgadores que buscaron su
permanencia que no hayan alcanzado el triunfo en las urnas, perderán
sus puestos.
Elección exclusiva de una casta
Esta vez a diferencia de todas elecciones pasadas, locales y
nacionales (en donde los candidatos a los ejecutivos y el legislativo
provenían de diferentes sectores, cofradías, profesiones y actividades,
como masones, militares en la época posrevolucionaria, licenciados
durante el alemanismo, economistas-tecnócratas en el neoiliberalismo,
sindicalistas, empresarios como Vicente Fox, deportistas, vagos sin
oficio, ni beneficio en la etapa cuatrotera, etc., con tal de que tuvieran
“modo honesto de vivir”), los candidatos habrán de pertenecer al
gremio de los profesionales del derecho, o sea de los abogados, una
profesión en la que en México lo mismo han destacados brillantes
juristas como los hombres de la reforma en la encontramos a Benito
Juárez, Mariano Otero, Ignacio Ramírez y José María Lafragua;
también al creador del juicio de amparo Manuel Crescencio Rejón,
juristas como Ignacio L. Vallarta, Jacinto Pallares, Emilio Rabasa, autor
de “La constitución y la dictadura”, Isidro Fabela, fundador del grupo
Atlacomulco y Narciso Bassols, brillantes penalistas en los tiempos del
jurado popular como Carlos Franco Sodi, Víctor Velázquez, padre de
Juan Velázquez (el otro abogado del diablo) y Querido Moheno y más
recientemente Emilio Krieguer, todos verdaderos hombres de ley;
como personajes de dudosa fama, llegados a conocer con el epíteto
de los “abogánsters”, como el original y afamado Abogado del Diablo
Bernabé Jurado, quien hizo desaparecer en su estómago un
documento fundatorio de un expediente cuando lo consultaba,
haciendo desaparecer la prueba. Los hay también de abogados del
poder famosos como Diego Fernández de Ceballos, El Jefe Diego, el
finado Juan Velázquez defensor del Negro Durazo, Luis Echevarría y
Raúl Salinas o Juan Collado, encarcelado en el sexenio de la 4T.
Se supone que los abogados -de fama pública y negra de marrulleros-
y los jueces en especial son peritos en la materia legal, sin embargo
no todos los cargos tienen el mismo peso específico (hay juzgados
como los administrativos especializados en competencia económica y
telecomunicaciones muy codiciados, como ahora lo fueron los cargos
en el Tribunal de Disciplina Judicial, por mencionar algunos) y en la
elección judicial, el apego a la legalidad ha sido dudosa y así lo
denunció incasablemente la JUFED, la Asociación Nacional de
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la
Federación, agrupación que la reforma judicial es un golpe a la
democracia y un intento de AMLO de someter a los jueces.
Nunca en la historia política los mexicanos habían sido convocados a
acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto público en donde los
integrantes de una casta (los abogados, en exclusiva), fueran los
votados.
Ni siquiera a Platón, que para nada era partidario de la democracia y si
de la república gobernada por los filósofos, se le hubiera ocurrido tal
idea, de hacer captura y uso de las instituciones democráticas para
imponer una versión propia del ejercicio del poder sin contrapesos.
Por eso desde el extranjero ven el proceso electoral de los jueces
como una nebulosa y una elección kafkiana, consideró el jurista
argentino Daniel Zovatto, observador de los comicios, en entrevista
con Carmen Aristegui.
Justicia y política, los polos filosóficos.
Durante mucho tiempo se dijo que el derecho y el poder eran dos
caras de la misma moneda, Así lo creía el jusfilósofo Norberto Bobbio,
de la escuela de Turín, en su ensayo “Orígenes y fundamentos del
poder político”, en donde aborda temas y conceptos como
legitimación, legalidad, norma válida, entre otros y refiere a la
legitimación como el apego a las reglas para el acceso al poder y a la
legalidad como al ejercicio del poder.
A la par se sostenía que la política no debía contaminar a la justicia,
representada como una dama con los ojos vendados con una balanza
y una espada en sus manos, como alegoría de que esta es ciega e
imparcial ajena a intereses extralegales. Hasta la mitología que la
rodea.
En cambio, para Jacques Derridá, exponente de la escuela de
Frankfurt, al ser el derecho fuerza (no hay derecho sin coacción
sostenía Kant), el riesgo de tiranía acecha desde el origen de la ley y
la justicia no se agota en las representaciones y en las instituciones
jurídicas que intentan ajustarse a ella. Visto así la reforma judicial del
Plan C bien podría configurar una deconstrucción del derecho.
Aquella añeja idea de que los jueces y demás togados se legitimaban
con sus resoluciones es historia, pues a partir de este 1º. de junio, las
urnas serán la fuente de legitimación del poder judicial, al quedar de
lado la carrera judicial como herramienta que permitía la permanencia
y el ascenso de los miembros de la judicatura.
La izquierda y el derecho: operadores de la 4T
La izquierda mexicana desde siempre ha visto con sospechosismo a
las leyes y a los hombres que lo aplican. Tal vez esa visión provenga
de las posturas críticas de Carlos Marx (Crítica de la filosofía del
estado de Hegel) y Lenin (El Estado y la revolución) hacia el sistema
jurídico, visto como un instrumento de dominación de clase o como un
obstáculo al cambio social (Eduardo Novoa Monreal, El derecho como
obstáculo al cambio social).
“Al diablo con las instituciones” o “No me vengan con que la ley es la
ley”, espetó el jefe de la 4T Andrés Manuel López Obrador, es el mejor
ejemplo de esa postura. Hay que recordar que su intento de desafuero
de 2005, cuando fungía como Jefe de Gobierno de la CDMX, derivó de
la violación de una suspensión de un amparo.
El periodista Hernán Gómez Bruguera, en dos de sus libros “Traición
en palacio” y “El ministro del poder”, sostiene que, ante la falta de
abogados confiables, AMLO echó mano de Julio Scherer Ibarra y
Arturo Zaldívar, un personaje fabricado y a quien identifica como un
infiltrado en la 4T, para que le operaran temas sensibles y de su
interés. En ambos textos revela una red de negocios judiciales en
donde se utilizó a las instituciones judiciales y su puesto en la suprema
Corte, en el
Hernán Gómez dijo en Aristegui Noticias, que la presidenta Claudia
Sheinbaum le perdió la confianza a Zaldívar, al darse cuenta que tiene
una agenda propia, como lo es la reforma judicial, al contar con gente
en los comités del ejecutivo (con Arturo Zaldívar intentando copar los
trabajos), legislativo y otro del judicial, a pesar de imponer contrapesos
como Vanesa Romero (quien renunció) y Javier Quijano. El intento era
perpetuar el negocio de la justicia con candidaturas a modo.
Al conocerse la maniobra salen de aspirantes a la Suprema Corte
Gilberto Higuera Bernal, subprocurador con Vicente Fox y hombre
clave en el desafuero de López Obrador y otros nombres más.
Logrando Zaldívar colar unas veinte suyas en las listas de candidatos,
aseguró el periodista.
El resultado esperado
Durante los meses de preparación del proceso de elección judicial, el
encontronazo entre la visión optimista que refiere que se está
conformando el poder judicial del futuro integrado de personas
honestas, libre de corrupción y de las malas prácticas en el decir el
derecho y aquella que señala el fracaso de la misma, que la elección
fue solo una farsa cuyo fin busca acabar y controlar al poder judicial en
favor de la figura presidencial y de un partido a través del cual tiene en
su bolsa al poder legislativo.
No faltaron voces que vieron en la elección del 1º. de junio el fin de la
república de los contrapesos y equilibrios entre los poderes y la
instalación de una autocracia que buscaba legitimarse en las urnas.
A pesar de todo el ruido, el polvo y el amplio debate público y privado
que la reforma judicial ha levantado, persisten en lo que valen aquellas
palabras del jurista alemán Rudolf Stammler, vertidas en su libro “El
juez”, al respecto de la tarea diaria de los juzgadores y sus
consecuencias de fallar los litigios, a veces con normas limitadas: “Si
hay alguna profesión que puede servir de modelo a toda la sociedad,
es precisamente la profesión de juez”.
En ese sentido, es obvio que la reforma judicial, ameritaba un mejor
tratamiento, en un país en donde la lucha por el poder es y ha sido
implacable.
Esta vez no fue la excepción…
