Águeda Barojas Ontiveros
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar y el Gobernador, Alfonso Durazo, inauguraron el pasado viernes la Oficina Operativa del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Vícam pero no todos los yaquis lo aplaudieron.
En la cuenta Kaujoome Vika Yoemia aseguraron que el evento que se realizó el viernes pasado fue uno más de simulación.
“Solamente nosotros los yaquis sabemos del cochinero de evento que se llevó a cabo el pasado viernes 22 de mayo en la guardia tradicional de Vícam Pueblo”
La prensa digital y escrita y de algunos aplaudidores de este sistema corrupto de gobierno destacaron como «HISTORICO», como algo excepcional de la tan cacaraqueada deuda histórica a la tribu yaqui mediante el PLAN DE JUSTICIA .
La tropa sabe que los beneficios son para unos cuantos y que la verdadera justicia no es económica.
1- La recién inaugurada Casa Jurídica no defenderá en los tribunales el robo descarado de las aguas del rio yaqui mediante el Acueducto Independencia
2- La restitución de tierras no contempla los puntos naturales como «La Cuchilla», Las Isletas Buenavista, el corredor de la sierra de la bonanhjnnjcita al Picacho de Moscobampo, hasta el cerro de la bandera en las Guasimas, que son un total de 105 mil hectáreas.
“Es por esto y muchas cosas más que el gobierno está empecinado con mantener a los gobiernos tradicionales domesticados con dinero de la Federación”
Denunciaron que funcionarios estatales y federales se entrometieron en los protocolos tradicionales.
“La autoridad tradicional encabezada por Crispín estuvo perdida, sin nada que imponer para presentar una buena conducción y protocolo, Severiano buscando preguntas que dieran razón del por qué su pueblo era centro de control político hacia los ocho Pueblos”.
Se vivió una reunión con gran incertidumbre, funcionarios con caras de asombro, había en la banca sagrada dos personas asumiéndose como gobernadores tradicionales y faltaron autoridades tradicionales de Tórim, Bacúm y Cócorit.
Un protocolo lleno de inseguridades y de actos no propios, sin personajes importantes como el cabo y la tropa de ocho pueblos.
No les cae el 20 a los del INPI y CEDIS, que están desmadrando el sistema normativo de ocho pueblos y con el violando el artículo segundo constitucional.
La cabecera o sede de reuniones debe cambiar o este asunto del Plan de Justicia Yaqui en lugar de fortalecer a la nación yaqui va a desarticular sus mecanismo de debate para llegar a acuerdos.
Un pueblo, por más cabecera que sea, no puede callar voces, ni romper reuniones solo porque la tropa los cuestiona, solo porque dan a entender que protegen corrupción de funcionarios que tuvieron que ver con los proyectos del Distrito de Riego, de Agua Potable (acueducto yaqui), el ganado, la Universidad Yaqui, la maquinaria agrícola entre otros.
