En las auditorías se detectaron irregularidades en la nómina del sector educativo, como pagos a personal sin funciones acreditadas y con acta de defunción
El Sol de Hermosillo
Tras la revisión a la Cuenta Pública 2025 del Gobierno del Estado de Sonora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó inconsistencias en el manejo de recursos públicos en las áreas de educación y salud, incluso pagos a personal con acta de defunción, por lo que la autoridad estatal deberá aclarar el uso de 79 millones 589 mil 693 pesos.
En total, se auditaron 19 mil 180 millones 053 mil 11 pesos de federación entregados al Gobierno sonorense para ser ejercidos en 2025, de esa cantidad se determinaron 31 observaciones que fueron solventadas, mientras que otras 17 no y son las que presentan acciones para esclarecer.
De acuerdo al informe más reciente presentado por el órgano encargado de fiscalizar los aportes federales, el mayor monto por aclarar es de 71 millones 028 mil 610.73 pesos, que corresponde a la Autoría 1893 del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el ámbito de educación.
En los conceptos pendientes de explicar hay empleados con más de una plaza en centros de trabajo con incompatibilidad geográfica, también se encontró que desempeñaron funciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o un cargo de elección popular, entre otras inconsistencias.
La ASF determinó 22 resultados en este concepto, en ocho no se detectaron irregularidades y cuatro fueron solventadas, mientras que los 10 restantes generaron ocho Pliegos de Observaciones (PO) y dos Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria (PRAS).
Entre las observaciones detalló que se determinaron pagos a 53 trabajadores que desempeñaron actividades en el SNTE, sin acreditar funciones vinculadas con la educación básica y normal, así como a 35 que recibieron recursos durante el periodo en que contaron con licencia sin goce de sueldo.
También expuso pagos a 28 empleados que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones geográficas son incompatibles entre sí, además del pago de 498 mil 463 pesos a un trabajador del sector educativo con registro de defunción en la base de datos de la Secretaría de Salud.
