La Viña del Señor
A riesgo de que se tenga a esta modesta columneja como parte de la “red de ampliación digital”, a que aludió Luisa María Alcalde al presentar a la lista de mensajeros en la Mañanera del Pueblo y para el pueblo, que según el columnista Carlos Ramírez de Indicador Político fortaleció a los críticos de la 4T y el tiro le salió por la culata, pues la propaganda pro régimen es presentada como información oficial y Morena ya se dio cuenta que no tiene un Geobbels –el exvicepresidente español Pablo Iglesias, no dio el ancho como propagandista– , ni medios a la altura que den un vuelco a la conversación pública a su favor y poco o nada impactan los moneros de Rafael Barajas El Fisgón, preparen su palomitas (dixit Christopher Landau), para tocar –aunque sea de pasada—un tema complejo, pero urgente: la olvidada pacificación del país y explorar algunas ideas al respecto, más allá de la estrategia policiaco-militar que el secretario Omar García Harfuch, fue a negociar la entrega del contralmirante Fernando Farías Laguna a México y a presumir a la Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA –castigada durante el sexenio lopezobradorista– en la Argentina de Javier Milei, homenajes de por medio, como en su momento los hubo para Genaro García Luna, la Estrategia Nacional de Seguridad, con datos que no pueden ocultar la realidad que se vive, por ejemplo en Sinaloa, por mencionar solo una entidad con la inseguridad al tope y en guerra civil que sangra su economía, el empleo, la seguridad y la vida cotidiana de esos mexicanos y cuya superación tardará años según estimaciones.
La disyuntiva actual está entre el derecho de los ciudadanos a contar con una política de seguridad y con jueces, fiscales y policías eficaces, es decir con un aparato de justicia y de seguridad pagado de su bolsa, mientras el Estado tiene la responsabilidad de proporcionarlo, algo esperado de un buen gobierno. Ese es el quid del asunto y en donde estamos perdidos como sociedad desde hace ratotote sin que se haga la chamba.
El diario El Universal, reveló que, en estados como Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Chiapas, Nuevo León y la CDMX, entre otros, las bandas criminales controlan todos o casi todos los ramos comerciales, industriales y de servicios y el dominio criminal abarca desde la agricultura y la ganadería hasta hotelería, el transporte, entretenimiento, bienes raíces, construcción, industria inmobiliaria, bebidas azucaradas y alcohólica, hasta la producción de tortillas.
Ruido vs realidad
El ruido que se levantó en torno a diversos hechos como las listas de voces y medios críticos señalados como adversarios y parte de un entramado, llamada pomposamente a la persecución política “red de amplificación digital” por María Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, el retiro de los inspectores norteamericanos que dan el vobo para la exportación de aguacates en Michoacán, la desvisada del junior del Bienestar y heredero del legado de AMLO Andy López Beltrán, una víctima más –con mensaje al padre– de una operación del arsenal coercitivo estadounidense, un tratamiento diverso al otorgado a Venezuela y Cuba y el cierre de filas del oficialismo en torno suyo en aras de proteger a la tribu partidista, así como los envíos de efectivo a Cuba, llevados a cabo por Alejandra del Moral, hizo olvidar por algún momento la situación de cruenta guerra civil que se vive en Sinaloa, el control territorial que ejercen los carteles en amplias zonas del país, el viacrucis de los desaparecidos que ya llegan a 133 mil, la existencia de una economía criminal paralela, el abandono de las policías o la protección política a los grupos del crimen organizado que se reflejan en inseguridad y expresiones de violencia extrema.
Sin embargo, no hay distractor o cortina de humo alguno que pueda tapar la realidad que sufren miles de mexicanos que viven bajo el agobio de la violencia en las ciudades, pueblos y poblados, cuyas secuelas son imprevisibles, por lo profundo que ha penetrado y destruido en algunos casos en el tejido social, afectando la vida diaria de familias y comunidades enteras de México, cuya luz al final del túnel de esa espiral violenta no se percibe en breve plazo.
En su libro “Mafias” su autor Ryan Gingeras explora su mundo y sus dinámicas, tejiendo una historia que muestra cómo, con su enorme poder, influyen en la construcción de los estados, las economías y las sociedades contemporáneas, señalando que se ha pasado de la Cosa Nostra a los cárteles globales en una historia del poder oculto que moldea nuestro mundo, pues detrás de los grandes relatos de progreso y modernidad, late una historia clandestina: la de las mafias que moldean nuestras sociedades. Reconstruye su evolución desde los comienzos del siglo XIX, cuando surgieron las fuerzas políticas y económicas que harían posible su desarrollo y expansión y acompaña a los lectores en un recorrido íntimo por los lugares de nacimiento de las diferentes organizaciones -Chicago, Sinaloa, Shanghái o el East End- para comprender las claves y el auge de los líderes más icónicos: Capone, Escobar, El Chapo, etc. y explora su mundo y sus dinámicas, tejiendo una historia que muestra cómo, con su enorme poder, influyen en la construcción de los estados, las economías y las sociedades contemporáneas.
Una institución peligrosa
La violencia ha estado presente en buena parte de la historia nacional, tal como lo deja ver en su libro “La violencia en la historia de México” Manuel López Gallo. Y esa violencia ha sido institucional o ha tenido su origen en entidades privadas y de la sociedad civil, con expresiones en guerras de facciones, cuartelazos, golpes de Estado, guerrillas, rebeliones y revoluciones, incluidas guerras de liberación nacional (la independencia), de exterminio étnico (guerra del yaqui) y religiosas (la cristiada).
Hubo un presidente al que se denominó Héroe de la Paz e impuso una pasa forzada; luego uno que provocó la Guerra Cristera; uno que encarceló a médicos y ferrocarrileros, otro que creó el delito de disolución social para encarcelar a sus detractores; otro que inició la guerra sucia para exterminar a los grupos guerrilleros y se dio la matanza del Jueves de Corpus; otro en cuyo sexenio fueron asesinados varias centenas de miembros del PRD y le reventó un alzamiento indígena; otros en cuyo sexenio se dieron las matanzas de Acteal y Aguas Blancas; otro que ofreció pacificar Chipas en quince minutos o que reprimió a comuneros de Atenco; otro que reventó el plantón de la APPO en el centro de Oaxaca y lanzó la guerra contra las drogas; otro en cuyo mandato desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y se ordenó la matanza de Nochixtlán ante las movilizaciones de la CNTE contra la reforma educativa y otro que impuso récord de muertos y desaparecidos y el crimen se expandió como nunca por su política de no confrontar a las organizaciones criminales, ganándose la etiqueta de “narco presidente”, que nunca pudo sacudirse.
Como se ve la presidencia en las manos equivocadas, por todo el poder que concentra –en materia de política criminal y policiaca, ser jefe real del Ministerio Público y del Poder Judicial y comandante supremo de las fuerzas armadas– es una institución peligrosa y cada presidente ha ofrecido con su estilo personal, primero como candidato, después como titular del Poder Ejecutivo Federal y jefe de las instituciones, su estrategia de seguridad por momentos fallida.
Ese sistema hiperpresidencialista o imperial (dixit Enrique Krauze), consolidado durante el obradorato, enfrenta un contexto de recomposición de las organizaciones criminales derivada de que sus principales líderes están fuera de circulación, como Rafael Caro Quintero, los hermanos Arellano Félix, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, el Mencho, los Cuinis, la Tuta, el Z 40, etc.
Tocó a Carlos Salinas de Gortari declarar, en una operación mediática y narrativa, al narcotráfico como el enemigo público número uno tras el asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo, en una supuesta confusión de los hermanos Arellano Félix cuando intentaron matar a Joaquín El Chapo Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara.
En su libro “La desmodernidad mexicana y las alternativas a la violencia y a la exclusión de nuestros días” (2005) Sergio Zemeño abordaba lo problemático que había sido lograr la disminución de la violencia en algunas sociedades y buscaba demostrar que en México se vino gestando una forma de organización sociopolítica que fortaleció primordialmente al Estado y no a la sociedad. Y la 4T sin duda continuó con ese patrón proveniente de los tiempos del PRI, seguido por el PAN y que se reflejó en el Pacto por México.
El autoritarismo de un actor central, según dicho autor, en la sociedad mexicana, aseguraba un larguísimo período de orden y al cual sucede el derrumbamiento casi total del Estado y del sistema político. Se instala un nuevo monopolio del poder –necesariamente autoritario de fuerza hegemónica– y se aplasta, se desmantela o se integra a todos aquellos brotes de oposición, pero jamás se les acepta como un interlocutor, con un espacio ganado y una continuidad asegurada.
Los extrañados tiempos de paz
La paz es sin duda alguna un bien jurídico y un activo anhelado, perdido y por alcanzar en algunas sociedades y el debate sobre ese tema va y viene mediáticamente, aunque por su importancia sigue presente en el día a día de los mexicanos expoliados por la violencia.
Así las cosas, durante ciertos períodos el país disfruto de remansos de paz a la par que de convulsos lapsos. En tiempos de guerra dio cobijo a los perseguidos por el racismo europeo, a los exiliados de la guerra civil española, refugiados de la segunda guerra mundial y cientos de niños rescatados de campos de concentración soviéticos, cuando ni siquiera la Guerra Fría afectaba en forma directa.
En 1857, luego de 50 años de guerra (independencia, guerra de reforma y la intervención), se restauró la república, pero no la paz, púes seguía habiendo revueltas, asaltos, rebeliones y secuestros. Francisco Zarco advertía que el país debía que alcanzar la paz, pero sin prescindir del orden constitucional y legal. Porfirio Díaz buscó como prioridad imponer la paz y el progreso material, pero prescindiendo del orden constitucional y legal. Para perseguir a los bandoleros se apoyó en el Cuerpo de Rurales de la Federación, fundado por Benito Juárez en 1861 a instancias de Ignacio Zaragoza, alcanzando así lo llamó “la paz forzada” y le ganó el título de “Héroe de la paz”.
La revolución conllevó un ciclo de veinte años de turbulencia y violencia, desde el llamado al levantamiento en armas de Madero hasta la rebelión escobarista. Se construyó un nuevo ejército, se acotó la violencia delincuencial y casi se acabó con la violencia política, con la creación del PRI, al pasar la pugna por el poder con las balas a hacerlo dentro institucionalmente al interior de un partido que tenía como jefe real al presidente, hasta que se hicieron presentes el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo, las protestas de los médicos y ferrocarrileros, las movilizaciones estudiantiles de 1968 y 1971, la guerrilla civil y rural, el surgimiento del neocardenismo en la elección de 1988 y el estallido del EZLN en 1994.
Es en el período posrevolucionario en que aparecen verdaderos señores de horca y cuchillo como los caciques de Puebla Maximino Avila Camacho y de San Luis Potosí Gonzalo N. Santos apodado El Alazán Tostao, compadre de Manuel Avila Camacho y surge en los 30s del siglo pasado el primer cártel de la droga en México bajo el liderazgo del general Francisco “El Loco” Aguilar González, que además del tráfico de estupefacientes funcionaba como red de espionaje para los nazis y los nipones, quienes implementaron la estrategia de “drogar” el sur de la unión americana y para el que Santos jugaba un papel principal en el frente político, cuenta el reportero Juan Alberto Cedillo en su libro “Los nazis en México”; posteriormente el asesinato del agente de la DEA Kikí Salazar puso en el ojo público al Cártel de Guadalajara y en un brete al gobierno de Miguel de la Madrid y se llegó al año 2000, cuando el país se vio envuelto en una violencia encarnizada con cuatro cárteles (Sinaloa, Tijuana, Juárez y Golfo) disputándose el control de las rutas de la droga.
Justicia transicional en la 4T
De acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, esta consiste en un conjunto de mecanismos judiciales, políticos y sociales a través de los cuales se puede reconocer a una multiplicidad de víctimas para buscar responsabilidades, reparaciones y una reconstrucción social ante violaciones graves de los derechos humanos y los pilares de la justicia transicional, según el centro, son los conceptos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Ernesto López Portillo considera que la justicia transicional parte de reconocer que, ante violaciones masivas, la justicia ordinaria puede resultar insuficiente. Por ello desarrolla estrategias de persecución penal, mecanismos especiales de investigación y combinaciones de medidas retributivas y restaurativas. Uno de sus dilemas centrales consiste en equilibrar el derecho de las víctimas a la justicia, la necesidad de reconstruir la paz o la convivencia y la imposibilidad práctica de procesar individualmente todos los casos.
“Es contrario a la razón esperar que el actual arreglo institucional sea suficiente para contener y transformar la crisis de inseguridad, violencia, atrocidades y graves violaciones a los derechos humanos. O, ¿alguien cree que las 2.5 millones de carpetas de investigación rezagadas en las fiscalías, cinco veces más que hace diez años, no son evidencia suficiente?”, planea dicho especialista en su artículo “La justicia transicional en México y la barrera de las trampas cognitivas”.
En dicho texto señala que “América Latina ofrece evidencia relevante. Guatemala, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay enfrentaron violaciones masivas de derechos humanos durante dictaduras y conflictos armados, con decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas o perseguidas.
Todos estos países desarrollaron, con alcances y resultados muy diferentes, mecanismos de justicia transicional. Algunos avanzaron tempranamente en el juzgamiento de responsables; otros estuvieron condicionados durante décadas por leyes de amnistía. La experiencia regional muestra, por tanto, que no existe un único modelo de justicia transicional, sino respuestas institucionales adaptadas a cada contexto.
México no ha vivido una transición clásica de dictadura a democracia ni un acuerdo de paz posterior a una guerra civil. Sin embargo, la magnitud y persistencia de las desapariciones, ejecuciones, tortura, desplazamientos y otras graves violaciones a los derechos humanos han llevado a académicos y organizaciones a plantear la pertinencia de utilizar instrumentos de justicia transicional.
La propia idea de justicia transicional ha evolucionado: ya no se limita a los procesos de cambio de régimen, sino que puede incorporar mecanismos extraordinarios de verdad, justicia, reparación y reforma institucional en contextos de violencia crónica, cuando las instituciones ordinarias son incapaces de responder adecuadamente”
Para 2018 la suprema tarea de quien ocupara la máxima magistratura era la pacificación y la desmovilización de los grupos armados a través del dialogo o el uso del poder represivo del Estado, o en su caso de medidas intermedias.
Entre todo ese abuso discursivo y narrativo del populismo que generó polarización social cuyo costo paga con creces la administración de Claudia Sheinbaum, en campaña AMLO enarboló chispazos de abordar con seriedad el reto de la pacificación del país o así se supuso cuando a su gabinete llegaron a carteras importantes en materia de política interior y de seguridad personajes experimentados como Olga Sánchez Cordero en Gobernación y Alfonso Durazo en Seguridad y Protección Ciudadana, tras el saldo negativo dejado por personajes Alejandro Gertz Manero y Santiago Creel Miranda con Vicente Fox, Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna con Felipe Calderón y Miguel Ángel Osorio Chong con Enrique Peña Nieto y más antes con Marcelino García Barragán, Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios, Javier García Paniagua, Miguel Nazar Haro, general Mario Arturo Acosta Chaparro o José Antonio Zorrilla Pérez.
Visto así el tema, la pacificación ofrecida parecía posible, pero propuestas como la amnistía y justicia transicional eran esperanzadoras ante el baño de sangre que cubría al país, por lo que se propuso a Alejandro Gertz Manero como primer Fiscal General de la República, que resultó ser “fiscal carnal” y terminó el cargo obligado a renunciar por presiones de Adán Augusto López y en materia de seguridad se impulsó la separación de las tareas de seguridad de la Secretaría de Gobernación, así como la creación de un cuerpo de policía civil con disciplina militar como la Guardia Nacional –heredera de la Policía Federal Preventiva de Ernesto Zedillo y la Gendarmería con Peña Nieto, que dependió en una primera etapa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pasó después a la SEDENA, también de Comisiones para la Verdad, como la constituida para investigar el caso Ayotzinapa, sin embargo los resultados fueron desalentadores, la Ley de Amnistía fue insuficiente y de alcances limitados y los intentos de justicia transicional de acercamiento con algunos líderes criminales fue un fiasco al dejarse en manos de personas como Ricardo Peralta Saucedo, nombrado subsecretario de Gobernación en sustitución de Zoe Robledo, quien contó con la colaboración del abogado Juan Pablo Penilla en la promoción de la Ley de Amnistía de AMLO y quien en un artículo publicado en Excelsior explicaba que “la justicia transicional es un concepto que nace y se aplica en etapas coyunturales de cambio de régimen, en contextos nacionales de afectación generalizada. Podemos encontrar múltiples ejemplos, los juicios de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial o en países de América Latina como Argentina, Chile y El Salvador, donde tuvieron una etapa de gobiernos autoritarios o contextos de guerra interna”.
El origen de los bloqueos en carreteras y zonas urbanas y rurales por parte de las bandas, que territorialmente podrían abarcar un país entero de Centroamérica en caso de detenciones de líderes criminales, como los ocurridos cuando se batió a Nemesio Oceguera, cabeza del cártel de las cuatro letras en febrero pasado y recientemente en el intento de captura de Heraclio Guerrero El tío Lako del CJNG, tuvieron su origen en el «Culiacanazo», un violento enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, provocado por la captura y posterior liberación por órdenes directas del presidente López Obrador de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, por parte del Ejército mexicano al intentar ejecutar un orden de captura con fines de extradición.
En 2019, los socios de RP Abogados –Juan Pablo Penilla y Sergio Arturo Ramírez– ingresaron a las oficinas de Bucareli y sostuvieron una reunión con Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, y el exsubsecretario Ricardo Peralta Saucedo. Los abogados promovieron un modelo de justicia transicional que proponía firmar pactos judiciales con los cárteles y con grupos paramilitares para supuestamente iniciar un proceso de paz.
Dicha iniciativa se convirtió en parte de la agenda prioritaria de Ricardo Peralta y funcionó como una pantalla legal que le permitió unirse con grupos de autodefensa en Michoacán y Tamaulipas para gestar un grupo paramilitar de movilización electoral patrocinado desde Bucareli. Así Ramírez y Penilla encontraron su acceso a la 4T a través de Peralta, se dijo en su momento.
Uno de los grupos contactados fue la columna armada Pedro J. Méndez, conformada en 2010 en Hidalgo Tamaulipas em columna cívica para enfrentar a los Zetas, que fue vinculada por AMLO con el Cártel del Golfo y que apoyó la candidatura de Américo Villarreal al gobierno de Tamaulipas y cuyo líder Octavio Leal Moncada fue detenido en junio de este año en Nuevo León.
El 14 de abril de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, sancionó a Penilla, abogado del Mayo Zambada y el Z-40.
Durante el sexenio del Peje se dio la detención de Genaro García Luna en E.U., posteriormente condenado a 38 años de cárcel por sus relaciones con el Cártel de Sinaloa y la detención, liberación y exoneración del general Salvador Cienfuegos, que quebró las relaciones de AMLO con la DEA.
El secuestro y extracción de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, sin conocimiento de las autoridades nacionales que causó un terremoto político en México y desató la cruenta guerra en facciones del Cartel de Sinaloa, fue el colofón del sexenio lopezobradorista y es un episodio que incluyó la ejecución de Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS y la condena de cadena perpetua del Mayo en una corte estadounidense. El retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa tras 112 días bajo investigación de la FGR y la detención de Fausto Corrales, exsecretario privado de Melesio Cuén, son indicativos que este truculento capítulo no ha cerrado.
En reciente mesa de análisis entre especialistas del periódico El Debate, el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán, consideró que la detención de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez busca proteger a los altos mandos del partido oficialista en Sinaloa y desviar la atención de los verdaderos artífices del montaje inicial.
Con el arribo de Claudia Sheinbaum al poder de los abrazos y no balazos se pasó a los balazos sin abrazos, con saldo notable en el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes el 22 de febrero pasado, líder del CJNG, fundado en 2010; a la protección y blindaje para los miembros del movimiento señalados de andar de mañosos; de la negativa de la existencia de laboratorios de fentanilo a la clausura de más de 2700 recintos, pasando por el affaire de la CIA en Chihuahua, de exaltar la honestidad valiente y la austeridad republicana al robo del siglo de Segalmex y del huachicol normal de ordeñar ductos de Pemex, saqueo de la paraestatal al sofisticado fiscal de escalas extraordinarias por su perfil de crimen de Estado.
En ese contexto fue presentado, ante la ausencia en México de tribunales profesionales, un comunicado ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional conforme al Estatuto de Roma, por diversos personajes encabezados como representante común por el legislador Germán Martínez, en donde denuncian crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de AMLO a quien acusan de aquiescencia transaccionacional o tolerancia con las bandas criminales para obtener el poder y ganar elecciones en complicidad con los delincuentes y que en 2021, en un municipio de Michoacán se acreditó ante el tribunal electoral y en la Corte Sur de Nueva York se desahoga el caso de Rubén Rocha Moya. Martínez ha destacado que Felipe Calderón promovió en 2011 una importante reforma constitucional en favor de los derechos humanos y con la que exministro Arturo Zaldivar se llenaba la boca entonces.
La exclusión de México del Escudo de las Américas, una coalición militar y política de dieciocho países liderada por E.U., cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos regionales en contra del narcotráfico y el crimen organizado en América, fue un asunto muy comentado por las razones de esa decisión y sostiene el periodista Jesús Esquivel que las operaciones de tierra del Comando Sur del Pentágono contra el narco iniciaran en Ecuador.
Del gran poder de Adán Augusto López, el hermano de AMLO a su apoyo a la Barredora encabezada por su secretario de seguridad cuando gobernó Tabasco y de Andy, el heredero del apellido y legado del fundador del movimiento cuatrotero al desprestigio y la cancelación de su visa, que puso en jaque a la clase política morenaca que intentó elevarlo a nivel de mártir soberanista, lo que rayó en la exageración y de risa loca.
“No hay antecedentes. Ningún político mexicano —serio o que se precie de serlo— ha escrito jamás un libelo del nivel o los insultos de Andy López Beltrán en contra, ni más ni menos, que el gobierno de Estados Unidos”, escribió Leonardo Kourchenko.
