La Viña del Señor
En la etapa actual que vive el país, calificada por la periodista de investigación Anabel Hernández en su nuevo libro “Narcocracia”, en donde el crimen organizado controla la tercera parte del territorio nacional, disputa al Estado el monopolio de la fuerza, ha demostrado capacidad para pagar campañas políticas e incidir en la selección de candidatos y en los comicios mismos y se han confundido las fronteras entre autoridades y criminales, ante el cercano inicio del año electoral, surge la pregunta:
¿Es hora de negociar la paz?
En un reciente panel de expertos en un foro titulado “La hora de la justicia transicional: ¿negociar con los grupos criminales organizados?”, convocado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana se analizó si negociar con grupos criminales puede ser una vía para alcanzar la paz en México y en donde la posibilidad de implementar mecanismos de justicia transicional que incluyan un diálogo con el crimen organizado en México debe partir de la idea de que el sistema actual de procuración de justicia ha fracasado de manera rotunda en garantizar la paz y brindar verdad a los cientos de miles de víctimas en el país, coincidieron ha señalado el periodista Marcos Martínez Chacón para el portal Aristegui Noticias y cuyo reportaje por su trascendencia y actualidad nos permitimos reproducir en algunas partes.
Los panelistas Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco; Adriana Muro, especialista en política de drogas; Daniela Malpica, experta en justicia transicional; Luis Daniel Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM; Guillermo Valdés, exdirector del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y Jorge Castañeda, excanciller mexicano, fueron claros que, para considerar una ruta de esclarecimiento ante los cientos de miles de delitos cometidos por el narco, principalmente a partir de 2006, en colusión con actores estatales de todos los niveles, primero deben existir ciertas condiciones que aún no han surgido ni surgirán en el futuro próximo en México.
“Estamos proponiendo buscar todas las vías posibles, legales, legítimas y que respeten los derechos humanos, que permitan construir seguridad, justicia y paz. La justicia transicional es una alternativa que arroja herramientas para la verdad, para la justicia, para la reparación; ahora dicen también reconciliación, para la memoria”, dijo Ernesto López Portillo, director del Programa universitario y moderador del panel. Añadiendo además que “Nosotros queremos mirar a la justicia transicional como una caja de herramientas para buscar alternativas en un sistema institucional que, en su justicia ordinaria, está colapsado. México se ha acostumbrado a la impunidad”.
Para el experto la justicia transicional ofrece rutas que permiten explorar opciones innovadoras para resolver la crisis actual y analizar qué alternativas podemos tener. Y una de ellas es hablar con el crimen, los diálogos, los procesos de negociación con quienes viven de construir violencias crónicas a través de actividades delictivas”, pues “…está claro que el sistema de justicia convencional en México no ha dado resultados. Un ejemplo de ello, dijo, son las más de 2.5 millones de carpetas de investigación rezagadas en las fiscalías del país”.
Los panelistas advirtieron que, ante la realidad mexicana, es urgente buscar soluciones alternativas que podrían surgir de los mecanismos de justicia transicional, en un contexto de violencia que acumula más de medio millón de homicidios dolosos desde 2006 a la fecha y decenas de miles de desaparecidos.
López Portillo agregó que, ante el diálogo que ya existe en la relación entre algunos actores estatales y el crimen, bien podría explorarse la posibilidad de dotar de formalidad a ese intercambio para lograr la paz y consideró que “Esas personas (los criminales), en modelos de justicia transicional, pueden ser la fuente más importante de información, pero también la fuente más importante de pacificación, de negociaciones para, por ejemplo, la entrega de las armas. Entonces nos da miedo hablar de eso, pero el Estado negocia con el crimen organizado en la informalidad todos los días”.
Por su lado Adriana Muro, quien en 2014 fundó la organización Elementa DDHH, con sede en Bogotá y Ciudad de México, para el desarrollo de estrategias de visibilización sobre los impactos de la narcoviolencia, indicó de la oportunidad de innovación y de creatividad en México a través de la justicia transicional para alcanzar la paz.
“La negociación es también una herramienta de justicia transicional”, puntualizó Muro. “Ya negociamos con el crimen organizado, ya se negocia con el crimen organizado. Pero en justicia transicional se negocia con las partes. No hay condiciones, se crean las condiciones”.
Y para crear las condiciones de un proceso de diálogo entre los actores involucrados, añadió la especialista, se debe abrir una mesa de negociación con aquellos que han sido parte de escenarios de violencia, de guerras o de conflictos armados.
Por su parte, Daniela Malpica, coincidió en que en México ya existen antecedentes de diálogos entre criminales a nivel local y distintos actores de la sociedad y el gobierno.
Un ejemplo, dijo, fue el diálogo ocurrido entre el gobierno federal, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, y los grupos de autodefensas. Otro ejemplo, dijo, es el diálogo que de forma constante se da entre algunos grupos de madres buscadoras y miembros del crimen organizado para obtener información o autorización para ingresar a los territorios que están bajo el control de los cárteles.
También los empresarios, agregó López Portillo durante el conversatorio, se ven obligados de forma constante a entrar en conversaciones con grupos criminales a través de dinámicas extorsivas, a cambio de que les permitan operar sus negocios.
Para Muro, la experiencia del proceso que llevó a la firma del Acuerdo de Paz en 2016 en Colombia puede tomarse en cuenta para entender cómo se puede convocar a un diálogo entre el Estado, la sociedad y grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“Colombia ya venía dialogando con diferentes actores que habían cometido graves violaciones a los derechos humanos”, recordó Muro. “En 2016 no empezó la justicia transicional en Colombia, no se crearon las condiciones ese día”, aclarando que el proceso de paz, en realidad, comenzó dos años antes de la firma del acuerdo de 2016, para llevar verdad a las víctimas de otros grupos violentos distintos a las FARC.
“Había una conversación en los diferentes niveles de la sociedad sobre la importancia de negociar”, apuntó. “Hubo una voluntad social de empezar a hablar sobre justicia transicional”.
Sin embargo, con la llegada a la presidencia colombiana de Bernardo de la Espriella, quien se alineó a la coalición Escudo de las Américas, se anunció un cambio de estrategia en ese rubro.
Luis Daniel Vázquez, sostuvo que, para avanzar hacia la implementación de mecanismos de justicia transicional, como las comisiones de la verdad, debe iniciarse un proceso de convencimiento dirigido a la sociedad.
Para convencer a los sectores sociales, se tiene que generar un diálogo nacional abierto para posicionar el concepto de paz en el centro de la discusión, dijo.
En ese sentido, sostuvo Vázquez, en México tiene que impulsarse un modelo de “paz duradera”, que consiste en implementar procesos de reconciliación, de creación de comisiones de la verdad y de reconstrucción del sistema de justicia y “Eso cuesta mucho trabajo, porque eso se tiene que convertir en una agenda del Estado, pero esa es la única vía que creo yo que tenemos para construir paz en México”.
Convencer a la sociedad para actuar
En entrevista posterior al panel, Daniela Malpica apuntó que, en un proceso de convencimiento social sobre la viabilidad de aplicar mecanismos de esclarecimiento que incluyan un diálogo con criminales, el rol de la Iglesia católica en una conversación nacional de ese tipo podría ser un elemento central.
“No sé si tengan la legitimidad única, creo que eso no existe, creo que hay varios actores sociales y varios líderes comunitarios, cuando enuncias un ejercicio de este tipo de negociaciones, que tienen que estar sentados en la mesa, pero definitivamente tienen (los sacerdotes) que tener un papel”, dijo.
Aunque no está claro si la Arquidiócesis de la Iglesia Católica en México respaldaría un proceso de diálogo nacional que involucre al narco, dijo Malpica, la realidad es que, a nivel local, los líderes católicos ya inciden para lograr acuerdos con los criminales para pacificar algunas regiones.
Por ejemplo, dijo, en Michoacán y otros estados, líderes religiosos católicos han buscado acuerdos y han pedido al crimen organizado que permita el ejercicio libre del voto durante las elecciones. Otro caso se dio en Acapulco, Guerrero, donde una iniciativa impulsada por la Iglesia católica local resignificó las festividades de la crucifixión de Semana Santa para honrar a los desaparecidos, abordando el prejuicio social que a menudo victimiza doblemente a las familias afectadas.
Guillermo Valdés, extitular del Cisen durante el gobierno de Felipe Calderón, dijo que no hay “objeción” en torno a los conceptos impulsados a través de la justicia transicional, pero que, finalmente, en México “no existen condiciones” para que ocurra un proceso de diálogo como el que se requiere para salir de la crisis de violencia actual.
“Aquí el tema para iniciar un proceso de justicia transicional es que, en Argentina, la dictadura estaba acabada, ya había terminado; terminaron las dictaduras en Brasil, en Chile”, sentenció. “Las FARC [en Colombia], una buena parte de ellas quería abandonar una guerra de 30, 40 años. Aquí el crimen organizado, ¿por qué va a querer dejar su negocio si ahora se aliaron con el partido Morena?”.
El solo anuncio de que Rubén Rocha Moya ha retomado la gubernatura de Sinaloa en una decisión personal, según coincidieron la Segob y dirigentes de Morena, puso en jaque a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien evidenció su falta de autoridad, evidenció la existencia de dos facciones al interior de Morena, entre los rudos antiyanquis, del entorno a AMLO y los procolaboradores con el gobierno norteamericano encabezados por Omar García Harfuch, cercano a la titular del ejecutivo federal y figura puntera en las preferencias rumbo a la elección del 2030 y a quien López Obrador no alcanza a digerir. La provocadora acción, vista como un desafío a E.U. de pronósticos reservados, fue rechazada por los gobernadores de Morena y obligó a Ricardo Monreal a pedirle a Rocha Moya que piense una nueva solicitud de licencia al cargo ante la metidura de pata que significa su retorno al poder y los riesgos para la relación bilateral con Estados Unidos que representa.
Dinámica criminal y capacidades estatales
Ante la dinámica criminal en México, sostuvo Guillermo Valdés, para pensar en mecanismos de justicia transicional viables se tendrían primero que fortalecer las capacidades del Estado, reconstruyendo las procuradurías y las policías del país.
“Yo no veo condiciones para que el crimen organizado diga: ‘Entramos a un proceso de transición y abandono los macronegocios que ya tenía’”, dijo Valdés.
Sin embargo, apuntó que el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia podría dotar al Estado de las capacidades necesarias para legitimarse en un posible proceso de diálogo con el crimen.
“Cuando quieres negociar justicia a cambio de información, de paz, de desarme, de reparación, tienes que ser un Estado fuerte con capacidad de imponer el castigo”, dijo. “Si no te creen que los puedes castigar, se van a reír de ti”.
Los distintos casos que se han registrado a nivel regional en América Latina demuestran que, para que ocurran procesos de justicia transicional, “tiene que haber voluntad política” desde el Estado, dijo Dayán, también académico de la Ibero CDMX.
“En un proceso real de justicia transicional tiene el Estado que sacar las instituciones ordinarias del Estado, sacar las manos, tener una voluntad política absoluta”, declaró en entrevista.
Precisamente por esa falta de voluntad, dijo Dayán, es que en México han fracasado los escasos mecanismos de justicia transicional que se han implementado a nivel federal.
Entre los casos fallidos, dijo, estuvo primero la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), en el gobierno de Vicente Fox. En opinión de Dayán, ese organismo “fue un rotundo fracaso” porque el Estado fue “juez y parte de la verdad y la justicia”, lo que lo hizo inviable.
En aquel momento el expresidente Luis Echeverría Álvarez y Miguel Nazar Haro, exjefe de la Brigada Blanca, fueron sometidos a proceso penal en donde se acusó al primero de genocidio, sin resultado alguno.
Luego vinieron otros dos intentos de implementación de mecanismos durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (COVEH) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
“Sabemos en qué acabaron [esas comisiones]”, dijo. “Otra vez el Estado negándose rotundamente a soltar el control político de la verdad y la justicia”.
Sin embargo, durante el panel indicó que no es posible replicar casos de mecanismos aplicados en otros países, puesto que cada nación presenta realidades que merecen respuestas diferenciadas.
Muro sostuvo que, ante la debilidad institucional, el Estado mexicano ha optado por “extraditar la verdad” a través de la expulsión de decenas de capos de la droga hacia Estados Unidos.
En lugar de utilizar la información en poder de esos criminales para desmantelar las redes de macrocriminalidad en México, dijo Muro, el gobierno mexicano ha entregado esas fuentes de información a las autoridades estadounidenses.
“¿Qué está pasando?”, dijo. “Que el 98% de las personas que son extraditadas, trasladadas, secuestradas y llevadas a Estados Unidos, como ‘El Mayo’ Zambada, negocien; sólo el 2% de las personas van a juicios”.
“Negocian a cambio de millones de dólares que nos podrían servir muy bien acá, pero que se van a las arcas de Estados Unidos para seguir alimentando la guerra contra las drogas, a pesar de que el mercado ilícito va muchísimo más rápido”.
Muro dijo que, finalmente, tras la expulsión y extradición de capos, ocurren procesos de negociación entre criminales y autoridades, pero del lado estadounidense.
“Si nos quedamos sin hacer nada, va a ir quedándose toda la información en relación con lo que ha significado la guerra contra las drogas”.
En su intervención, Jorge Castañeda, excanciller en el gobierno de Fox, opinó que, aunque los capos tienen información útil, el Estado mexicano también podría utilizar la amenaza de una extradición a Estados Unidos como herramienta de presión sobre los criminales a cambio de información en un posible proceso de negociación.
“Yo estoy de acuerdo en que hay grandes gajos del Estado que desde hace muchos años están, si no capturados, siendo cómplices del crimen organizado”, dijo. “Pero también creo que hay otros que no”.
“¿Alguien habló con los demás trasladados a Estados Unidos? ¿Alguien sí buscó al ‘Mayo’? Porque si lo encontraron los hijos de ‘El Chapo’ y lo encontró [Julio] Scherer, yo me imagino que había alguna manera de que el Estado mexicano lo encontrara, por lo menos para conversar”.
Consideró que no era “imposible” negociar con el crimen organizado si se considera que el gobierno de Estados Unidos a menudo entra en procesos de negociación con los capos mexicanos extraditados.
“En Estados Unidos sí se negocia con ellos, ¿y aquí por qué no? ‘Es que no hay disuasivo porque el Estado no tiene la fuerza’. Sí hay un disuasivo: mandarlos a Estados Unidos. Ese es”.
La posibilidad de innovación ante las redes de macrocriminalidad
Vázquez, de la UNAM, sostuvo que, ante la complejidad de las redes de macrocriminalidad que operan en México, los mecanismos de justicia transicional permiten pensar en vías de innovación para lograr la paz.
“Nuestras redes criminales son muy longevas, nosotros podemos encontrar redes criminales de alrededor de 50, 60 años”, dijo. “El elemento novedoso, a partir en particular en México, de Los Zetas, es que además tienen dinámicas militares de gobernanza criminal, que resultaron exitosas y empezaron a ser copiadas por otras redes criminales”.
Ante la sofisticación de los cárteles de la droga, como el de Sinaloa, que acumuló un poder que le permitió expandirse a nivel transnacional, los Estados, de la mano de la sociedad civil, podrían avanzar hacia un modelo innovador para lograr la paz a través de la justicia transicional.
“Todas estas características los definen como un fenómeno de violencia propio del siglo XXI, y lo que nosotros tenemos para enfrentarlos son herramientas de mediados del siglo XX: los estados de excepción, justamente la justicia transicional”.
Por esta razón, si se toma en cuenta que el diálogo entre el crimen y el Estado ya existe, aunque sea informalmente, la pregunta que México en su conjunto debe plantearse no es si debe o no existir un proceso de negociación, sino qué tipo de mecanismos deben utilizarse para que ocurra una conversación que derive en un proceso de paz.
“Una de las preguntas que nos convoca es: ¿tiene sentido dialogar con criminales?”, dijo. “En realidad ya hablan, ¿no? Entonces el punto no es si tienen que dialogar o no tienen que dialogar; lo que tendríamos que estar discutiendo es: ¿cómo queremos que dialoguen?, ¿para qué queremos que dialoguen? y ¿con qué mecanismos queremos que dialoguen? Y ahí, justamente, cosas como comisiones de la verdad, los mecanismos internacionales contra la impunidad, cobran un montón de sentido”.
Así las cosas, si la Estrategia Nacional de Seguridad no da los resultados que los mexicanos esperan, más allá de los datos maquillados de las autoridades, se ve poco probable que sin un proceso de pacificación realista se salga del laberinto de la violencia que carcome el país y en donde la inacción será fatal.
Finalmente, no debe perderse de vista que el narcotráfico y su violencia debe considerarse como parte del capitalismo extractivo que asola a muchos países y en donde el narco es una mano más del poder económico.
