La Viña del Señor
Cuando ya pocos se acordaban del Plan C de reformas que AMLO heredó a su sucesora y se pensaba que había pasado lo peor una vez concretizadas las reformas judicial –de los acordeones- y electoral -reducida-, los pueblos autóctonos y afromexicanos aparecen en la mira de la 4T so pretexto de reforzar y garantizar sus derechos como grupos vulnerables.
En su libro “Etnias del verano ardiente. Imágenes literarias de yaquis, mayos y seris”, Martha Elena Munguía Zataraín, refiere que los distintos proyectos del país que se han impuesto en cada momento histórico no han sido tan divergentes en el fondo: todos han apostado por modernizar y citando lo escrito en “México Profundo. Una civilización negada” de Guillermo Bonfil Batalla, entiende por “civilizar” desindianizar, imponer occidente.
El Plan C vivo en materia de derechos indígenas
Esa andanada tiene que ver de que en el Senado de la República se cocina aprobar en el próximo período de sesiones la ley reglamentaria del artículo 2º. de la Constitución, una vez que en octubre llegue la iniciativa que “garantiza” la libre determinación y autonomía de 70 pueblos indígenas y afroamexicanos, una vez que ya iniciaron las asambleas regionales del proceso de consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de donde saldará el proyecto de reforma que va a beneficiar más de 25 millones de personas indígenas y afromexicanas que forman parte de 16 mil 728 comunidades, anunció la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Guadalupe Chavira, quien expuso que los reclamos de los pueblos indígenas ya no pueden esperar más porque han pasado más de 500 años en los que fueron invisibles y se les consideraba ciudadanos de segunda.
La legisladora subrayó que con esta consulta finalmente se abre la oportunidad de que sean los propios pueblos originarios los que definan los alcances de la ley que el Congreso discutirá en el periodo de sesiones que está por iniciar, respecto a sus sistemas normativos, formas de elección, patrimonio cultural, defensa del territorio y hasta el uso de recursos propios que la reforma constitucional las reconoce.
Según la postura oficial “Con la reforma constitucional ya no dependen de la voluntad del gobernante, porque ahora tienen derecho de elegir en qué proyectos se gastan los recursos asignados vía el presupuesto federal de forma directa a las comunidades mediante asambleas y administración comunitaria, sin intermediarios y que suman en solo dos años más de 26 mil millones destinados a obras de infraestructura social básica como agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación”, recordó Chavira de la Rosa y apuntó que la ley tendrá definiciones específicas que refuercen este derecho, para ser considerado en la discusión presupuestal de 2027, puesla propuesta de Ley tiene como objetivo promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que ejerzan su libre determinación y autonomía, y participen en la vida pública nacional.
Con más de 400 artículos, la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, s como sus objetivos garantizar la aplicación y el ejercicio efectivo de los “derechos colectivos inherentes a su condición de pueblos preexistentes al Estado mexicano”, así como el establecimiento de los principios, bases, procedimientos y mecanismos para que “ejerzan su carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
Tiempos fatales para los pueblos indígenas
Fue en la propia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica Luisa María Alcalde, detalló los pasos a seguir: una etapa informativa, del 1 de julio al 6 de agosto, para difundir el contenido de la ley en más de 16 mil comunidades; y luego la etapa deliberativa, que está en curso ahora, del 7 de agosto al 13 de septiembre.
Según su dicho en esa fase, cada comunidad debe votar la ley y sus representantes llevarán dicho posicionamiento a las asambleas regionales, donde se recogerán los comentarios correspondientes para realizar la adecuación de la iniciativa, previo a su presentación formal al Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo Federal.
Visto así el tema parecería sencillo, pero como descubrió Andrés Henestrosa, en su libro “Los hombres que dispersó la danza”, no pueden dejarse de lado los regionalismos, ni la predilección por las costumbres, ideas y las creencias, así como las tradiciones, ni la profundidad espiritual y su naturaleza fundante de los pueblos originarios, pues como relató Miguel Ángel Asturias en su célebre texto “Hombres de maíz”, el despojo de sus tierras hasta el intento de desaparecer sus leyendas ha sido una realidad para los indígenas y recuerda que el proceso que arrasa la tierra que nos da de comer termina por disolver el nexo ancestral entre el hombre y la naturaleza.
Indigenismo y demagogia
En México es posible ubicar a los llamados indigenismo comprensivo que nació con los franciscanos del siglo XVI configuras de fray Pedro de Gante, fray Toribio de Benavente y fray Bernardino de Sahagún, que buscaron entender al indígena; el indigenismo defensivo surgió con fray Bartolomé de las Casas, como defensa radical del indígena, después resurgió con el zapatismo y el agrarismo y el indigenismo demagógico, surgido a fines del virreinato y se consolidó tras la independencia, se orientó a legitimar y vincular al país naciente con el imperio mexica, en una narrativa centralista que anclada en la Ciudad de México, no comprende, ni defiende al actual indígena, a quien solo utiliza con fines políticos.
El indigenismo en México, en tanto acción gubernamental como metas y objetivos articulados a un proyecto nacional, nace conjuntamente con las instituciones producto de la revolución de 1910 y se nutrió con la reforma agraria, los contenidos y acciones de la escuela rural y la entonces naciente antropología mexicana, actuantes en el sustrato de la herencia prehispánica, constituyeron las fuentes que nutrieron inicialmente la estrategia indigenista, anotaron Laura Collin y Félix Báez Jorge en su artículo “La participación política y los grupos étnicos en México”.
Políticas étnicas neoliberales
A partir de 1982 varios países de Latinoamérica introdujeron reformas en sus Constituciones en donde reconocen derechos crecientes a favor de su población étnica, como una admisión de su otredad. Incluso se habló de Estados pluriculturales y pluriétnicos. México lo hizo en el año 2001, con la reforma que el EZLN rechazó.
Agotado el modelo de la vieja política indigenista puesto en marcha de 1920 a 1970, que pretendía integrar a los indígenas a la estructura nacional de clases que dejó de ser funcional y ante un Estado, antes populista, que empezó a neoliberalizarse, explica Henri Favre en su artículo “Las políticas étnicas del Estado neoliberal”, con políticas públicas de privatización y desregulación económica y se inicia un proceso de institucionalización de partes de la población étnica y transfiere a otras instancias los problemas que no puede solucionar, siendo el caso de la medicina tradicional que en 1989 la presidencia de México reconoció como sistema de medicina propia y toda vez que los indígenas por ninguna razón accedían a la medicina occidental, se auspició a curanderos indígenas para que se hicieran cargo.
Si bien es cierto, cualquier política en materia de derechos indígenas debe constreñirse a lo establecido en el artículo 2º. Constitucional, reformado en el año 2001 que reconoció algunos derechos indígenas parcialmente y otros que fueron excluidos de toda la gama de derechos fundamentales de los pueblos indígenas contemplados en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996 pactados con el EZLN en términos de la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de marzo de 1995 y a los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos como la del 2011 que reconoció y derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.
Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para reconocer y proteger los derechos, culturas y territorios de los pueblos originarios en todo el mundo.
La fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994, conmemorando la primera reunión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Pueblos Indígenas, realizada en 1982 en Ginebra. Su objetivo era visibilizar la situación de los pueblos indígenas, promover sus derechos y proteger sus culturas, lenguas y territorios ancestrales.
Por esa razón, este domingo pasado miles de indígenas tomaron las calles y avenidas de la CDMX con expresiones culturales, vistosos atuendos, danza y música tradicional y de sus demandas, visibilizar su presencia y defender la identidad, resistencia y derechos de las comunidades originarias en un contexto de consulta respecto del proyecto de nueva Ley indígena.
La marcha, decimoséptima en tu tipo, que incluyó la participación de contingentes purépechas, triquis, nahuas, mixtecos, mixes, zapotecos, mazatecos, mazahuas, otomíes, tlapanecos y totonacos, además de agrupaciones procedentes de Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, fue convocada por el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (Mpcoi) y se le denominó “Megacalenda 2026”, avanzó desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, la principal plaza pública de la capital, y los organizadores destacaron el carácter reivindicativo de la movilización y entre sus principales demandas, el movimiento exigió vivienda digna con pertinencia cultural, el pago de los adeudos a intérpretes de lenguas indígenas por parte de la Fiscalía capitalina y un mayor presupuesto anual para atender a estas comunidad.
Polarización ideológica: honrar solo de palabra
Desde el gobierno de AMLO, cuya una de las características más fácilmente observables de su administración fue el carácter desarrollista de su modelo económico, se asumió como postura oficial la crítica al proceso colonizador y se llegó a exigir el pedido de disculpas a la Corona Española por los sucesos de la conquista, lo que valió la enemistad con el Rey de España, siendo jefe de Estado y que no fuera invitado a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando antes el tabasqueño en sendos actos pidió perdón a los mayas y a los yaquis por los abusos cometidos en su contra en el pasado.
Frente a un gobierno cuya debilidad es su incapacidad de convencer sin controlar lo que es verdad y se siente vulnerable ante la crítica libre, las cortinas de humo han sido la constante.
Escribió el periodista Héctor de Mauleón en su columna “La dueña de México”, que en el marco del Día Internacional de las Comunidades Originarias la presidenta Sheinbaum mandó renombrar el histórico Paso de Cortés, que atraviesa las faldas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, el lugar desde el que en compañía de los aliados indígenas, enemigos de los aztecas, después le ayudarían a tomar Tenochtitlan, Hernán Cortés atisbó por primera vez la capital del imperio mexica y propuso que se le llame Paso de los Pueblos Indígenas, no sin afirmar que los comentócratas que han criticado la necesarísima e impostergable decisión “veneran a Hernán Cortés”, pues argumentó que “nosotros estamos en un momento distinto en la historia de México, de reconocer a los pueblos indígenas, ya reconocidos en la Constitución como sujetos de derecho pleno”, y que ahora “hay que reconocer en la historia”.
Sin embargo, apuntó de Mauleón, la mandataria no mencionó que en el último reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda se le redujeron casi 3 mil millones de pesos al presupuesto aprobado para el desarrollo de los pueblos originarios y de acuerdo con datos del INEGI, las comunidades indígenas registran los mayores rezagos en infraestructura básica.
Consulta a modo
Siendo la consulta pública, imparcial, objetiva, bien informada y culturalmente pertinente un derecho reconocido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, que fue adoptado en 1989 y es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en el mundo, por eso la propuesta de iniciativa de nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, será sometida a un proceso de consulta que de acuerdo con el INPI, se hará a través de 82 asambleas para recoger el sentir de más de 16 mil comunidades registradas institucionalmente con población indígena y afromexicana.
Dicha consulta inició entre protestas y rechazo entre diversas comunidades indígenas bajo el reclamo de que el proceso llevado a cabo por el gobierno federal carece de dialogo genuino limitado por la entrega exprés de documentos, lo cual impide un análisis profundo y razonado de la reforma, en donde los plazos establecidos no respetan los tiempos y formas de deliberación de los pueblos, comunidades y barrios originarios y responden a los tiempos políticos, legislativos y mediáticos del Estado, señalaron integrantes de comunidades de la Ciudad de México, que el domingo pasado protestaron contra la realización de una de las 82 asambleas para la consulta convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; un ejercicio que “entendemos como una intromisión en nuestras formas de organización y toma de decisiones”, cuando en la Ciudad de México, las personas inconformes subrayaron que hay cerca de 200 pueblos y barrios originarios, de los cuales sólo 53 están reconocidos por el INPI, con lo que el resto no podrá participar en la “asamblea regional de consulta”.
En el caso de las reformas a la Ley de Aguas por falta de consulta las comunidades indígenas afectadas han interpuesto catorce juicios de amparo.
El INPI en el ojo del huracán
El INPI fue una institución creada por AMLO al inicio de su mandato y mismo que fue creado por la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas publicada en el DOF el 4 de diciembre del 2018, como pieza de la nueva relación del Estado y los Pueblos Indígenas, establecía en su presentación el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, era la institución insignia del gobierno de la 4T para impulsar su política indigenista. Dicho instituto fue señalado por especialistas como José del Val, etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (entrevista publicada en el suplemento La Jornada del Campo No. 140) como institución limitada y a quien le redujeron el presupuesto, por lo que no va a tener fácil sacar la tarea.
“El Estado está lleno de estructuras institucionales, de burocracia, lleno de proyectos para la mujer, para la tercera edad, todo es burocracia, camionetas y recursos. Y le llega a la gente lo mínimo. Si son familias, porqué se apoya de manera fragmentada en lugar de apoyar directamente a las familias. Están individualizando los apoyos y no han entendido que en México la gente vive en familia. Ni siquiera hay una comprensión clara de cómo está estructurada la sociedad mexicana. Veo muy complicado aún el asunto”, remató.
“¿Dónde está el plan estratégico para la alimentación de los pueblos indígenas que están en situación de hambre? No hay, no existe”. “Hay problemas con los pueblos indígenas que están en mayor riesgo de desaparecer, pero más que atenderlos como reliquias se les debe apoyar en sus procesos de desarrollo propios”, expresó.
“El INPI tiene muchas atribuciones, pero ninguna es jurídica” y añadió “El INPI, con todo y la legislación que tiene, no garantiza la protección de los derechos de los pueblos al territorio, a la vida propia, a su propio sentido del desarrollo, que no es el de los grandes hoteles”.
“Percibo que a nivel discursivo hay una disposición hacia los más pobres, hacia los pueblos indígenas, pero a la hora de los hechos, no es así”, afirmó del Val.
Desde su creación el INPI fue puesto en manos de Adelfo Regino, quien sostuvo como su mano derecha al hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Hugo Aguilar, señalado de amañar las consultas del tren mayo y del tren interoceánico, así como de darle atole con el dedo a los yaquis, mayos, seris y guarijíos con los diversos planes de justicia implementados en Sonora, en donde la cooptación de autoridades tradicionales y liderazgos, obras inconclusas, despilfarro y la falta de trasparencia en el uso discrecional de los recursos estuvo a la orden.
Tampoco el INPI estuvo exento de señalamientos. En el poblado de Vicam, municipio de Guaymas en Sonora y primera cabecera de la Tribu Yaqui, en reunión del 21 de enero del 2020, estuvo presente el titular nacional del INPI, Adelfo Regino Montes para instalar la Mesa de Desarrollo y Cultura, parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un encuentro del que también participaron el titular de Sedatu, Román Meyer Falcón y Dr. Jorge Taddei Bringas, Delegado de Programas Federales en la entidad, las tres autoridades tradicionales yaquis asistentes al encuentro -de Vícam, Pótam y Belém– se llamaron engañadas, habida cuenta que en la delegación del INPI estatal se vivía entonces un conflicto sindical con la encargada Judith Terrazas Espinoza, sobrina del anterior titular cuando la dependencia se denominaba Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), José Luis Germán Espinoza y en donde el delegado Taddei estaba impulsando a Juan Silverio Jaime León como el nuevo titular del INPI en Sonora, un personaje que lejos de concitar consensos no sólo entre el personal, sino entre los mismos pueblos indígenas y con trayectoria en administraciones del PRI, según se consignaba en la columna “Yaquis y mayos: tambores de guerra”, publicada en el portal Dossier Político el 22 de enero del 2020.
El titular del INPI, Adelfo Regino, afirmó que el actual proceso de consulta busca dejar atrás la manera tradicional de elaborar las leyes desde oficinas, despachos de abogados o grupos de especialistas, toda vez que la propuesta de iniciativa será fortalecida para presentarse el 12 de octubre ante el Congreso de la Unión.
El INPI se está extralimitando en sus competencias, no es una autoridad integrada ni representativa de los pueblos indígenas u originarios, ya que solo es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, por lo que NO ES LA INSTITUCIÓN que pueda determinar cuándo, cómo y dónde se pueda realizar la consulta”, señala un posicionamiento que suscriben “Representaciones, pueblos, barrios, organizaciones y colectivos de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México” y el reciente domingo pobladores de Villa Milpa Alta bloquearon el acceso al Foro Calmécac, para impedir el evento oficial en el que se discutiría el tema.
Hay otras regiones del país hay otros pueblos, como los wixárika, naayerij, o’dam y meshikan de la Sierra Madre Occidental, que también rechazan el proceso de consulta.
Para Álvaro Puwari, indígena wixárika, integrante del Consejo del Patrimonio Cultural Originario (Copaco), quien compartió que para los cuatro pueblos que integran esta organización wixárika, naayerij, o’dam y meshikan de la Sierra Madre Occidental, el tiempo que se dio para que los pueblos conocieran y discutieran la ley fue poco, ya que se tuvo que hacer un trabajo de interpretación en lenguas y de análisis técnico-jurídico.
Aunado a ello, criticó que, tras años de abandono de distintos pueblos indígenas, en días previos al inicio del proceso de consulta, autoridades visitaron algunas localidades “ofreciendo acciones, camionetas, la aprobación de proyectos”, lo que consideró como una muestra de la presión que hay para que los representantes comunitarios aprueben la propuesta, quien celebró que esté ocurriendo una “revolución de conciencias a nivel nacional. Los pueblos originarios apuestan a la conciencia de ya no entregar, de no hacer lo que el Estado mexicano diga. Conocemos la historia y lo que significa ser despojados, y ahora quieren arrebatar nuestras raíces para dejar a los pueblos sin identidad, sin esos elementos culturales que vienen de la cosmovisión”.
Aunque la ley dice que el patrimonio es de los pueblos, “pone al gobierno a dar los permisos, a ponerle precio y a guardar el dinero; deja usos gratis para empresas y para el propio gobierno, y quita los castigos a quien se roba la cultura”.
Asimismo, aclaró que la postura que adoptaron no es contra una ideología política, pues a “los pueblos originarios no los rigen los partidos políticos”. Su rechazo será entregado por escrito en distintas asambleas, con la solicitud de que se posponga la consulta hasta que se haya dado tiempo suficiente a los pueblos para analizarla y proponer las modificaciones que consideren necesarias.
Integrantes de pueblos originarios han expresado su rechazo al texto, ya que establece la posibilidad del “uso, aprovechamiento, comercialización o reproducción del patrimonio cultural y de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas por terceros y con fines de lucro”, lo que se decidirá por un grupo de “Autoridades e Instituciones Representativas de los Pueblos y Comunidades Indígenas”. Las ganancias irían a un Fondo para la Protección y Promoción del Patrimonio Cultural, administrado por el Gobierno de México.
Álvaro Puwari subrayó que “en las comunidades wixaritari —establecidas principalmente en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas— no rige el derecho positivo, porque contraviene las cosmovisiones de los pueblos originarios”. A ello sumó que, con el corto tiempo que han tenido para analizar la iniciativa, integrantes de esta comunidad perciben el proceso de la consulta como “una imposición directa”.
No por nada las comunidades de la Ciudad de México inconformes con la propuesta de iniciativa, advierten la incongruencia de que se reconozca la autonomía y libre determinación de los pueblos, pero “nos obliga a pasar por trámites burocráticos para reconocernos como pueblos indígenas”, además, acusan que les quita el derecho a ser consultados, pues en el artículo 133 se establece que cuando el impacto de las decisiones “no sea considerado significativo”, la autoridad “podrá continuar con la medida fundada y motivada en la promoción del interés público”. Lo cual es un retroceso que viola el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT.
La 4T y los indígenas como clientela política
En su conocido libro “Los indios de México”, Fernando Benitez deja en claro que los indios -un gentilicio en desuso actualmente por discriminatorio- le enseñaron a no creerse importante, a tratar de llevar una conducta impecable, a considerar sagrados animales, plantas, mares y cielos, a saber, en qué consiste la democracia y el respeto debido a la dignidad humana.
Algo que no toman en serio los personeros de la 4T que han visto a las naciones indígenas sonorenses solamente como clientelas electorales y botín político.
Allá por noviembre del año pasado se mencionó que el Peje tenía intención de llevar a cabo un periplo nacional para presentar su libro titulado «Grandeza», un ladrillo sobre las civilizaciones prehispánicas y cuyo contenido y afirmaciones históricas fueron duramente cuestionadas y puestas en duda por historiadores y antropólogos, entre ellos el descubridor del Templo Mayor, Eduardo Matos Moctezuma, como las referentes a los sacrificios humanos. Si su intención era aprovechar y manipular pasajes de historia antigua de los pueblos ancestrales para provecho de su movimiento, la intentona fue un total fracaso.
Invocar el pasado para buscar explicar el presente, como intentó Carlos María Bustamante en su discurso inaugural de Chilpancingo de 1813, fue calificado como extravagancia por el generalísimo José María Morelos.
La iniciativa de reforma indígena va directa, si nos atenemos al dicho de la exministra Olga Sánchez Cordero de que en el Legislativo “no se escucha” y no exista un debate basado en argumentos. “No hay votos diferenciados, solo hay línea parlamentaria” y votaciones “en bloque, tanto en Morena como en todos los partidos” y de que la 4T perdió el ritmo y el modo.
A la llegada de López Obrador hubo alusiones del EZLN hacia el gobierno de la llamada 4T. El subcomandante Marcos, entonces llamado Galeano, lo tachó de “tramposo, mañoso y loco” por querer trabajar para ricos y pobres; además, ha criticado los llamados ‘proyectos del Bienestar’, como el Tren Maya, los cuales han afectado a los pueblos originarios en pos del supuesto desarrollo.
“Nosotras, nosotros, zapatistas, no nos sumamos a la campaña ‘por el bien de todos, primero los huesos’. Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo”, se leía en un pronunciamiento firmado tras el triunfo de AMLO en 2018, firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) prepara su visita a la Ciudad de México durante diciembre como parte de la llamada Gira por la Vida, que contempla encuentros con colectivos de personas buscadoras, organizaciones y otros movimientos sociales y políticos. El anuncio fue realizado por el subcomandante Moisés durante las actividades desarrolladas en el Caracol de Morelia en el marco del Encuentro de Resistencias y Rebeldías y del Encuentro de Artes y durante la apertura del Semillero “Guerra contra la Humanidad. Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio”, convocado por el EZLN para analizar los impactos de la violencia, el despojo territorial y las afectaciones a las comunidades y al medio ambiente y en donde se sostuvo que México necesita reconocer la existencia de movimientos que no se identifican con las divisiones tradicionales entre izquierda y derecha, sino que mantienen formas propias de organización y lucha frente a las problemáticas sociales actuales.
La organización zapatista también cuestionó directamente al movimiento político gobernante y sostuvo que una movilización de este tipo podría servir para demostrar que México trasciende a la llamada Cuarta Transformación: “México no es, afortunadamente, la 4T. Es algo más grande, más poderoso, con más raíces históricas de lucha, de resistencia, de rebeldía, y de dignidad. Cuatro palabras: lucha, resistencia, rebeldía y dignidad, cuyo significado desconoce la 4T”, se lee en el comunicado.
Hoy en que el diputado Ramón Flores y su suplente Griselda López, extitular de la Dirección de Asuntos Indígenas con Sara Valle y de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas con Alfonso Durazo, ambos del PT, han hecho de sus recorridos por los poblados yaquis parte de su estrategia de posicionamiento político de cara a las piscas electorales del 2027, habría que recordarles que no deben olvidar al entonces diputado federal Heriberto Aguilar y al Tino Sarabia, cuando en 2020, tras el cierre carretero y de las vías férreas a la altura de Vicam, llegaron con la cola entre las patas a la cita con los encabritados yaquis por el acuerdo promovido en el cabildo capitalino por Célida López, alcaldesa de Hermosillo, sobre el Ramal Norte, para saquear agua del río Yaqui, lo que valió ser tildada como persona no grata por la tribu.
