La Viña del Señor
Morena, el partido-movimiento de Estado, armado con el cascajo de diversas fuerzas políticas amalgamada por un caudillo carismático y que ofreció no robar, no mentir y no traicionar, sobrelleva una guerra interna por el por el poder y está pagando el costo de su cuestionado “éxito”, tal vez por eso desde su cúpula están demostrando su terror a que se exprese el pensamiento libremente, pues como sostenía Francisco Zarco en el Demócrata “la prensa es un arma terrible que arrebata a los tiranos sus secretos, que revela sus absurdos y destruye los errores”.
Igualito como en su momento lo hizo el PRI, esa aplanadora diseñada por Plutarco Elías Calles, El Turco de Guaymas y jefe máximo de la Revolución, para calmar los enfrentamientos a tiros entre los caudillos tras la muerte del general Alvaro Obregón y para que la casta militar emanada de la guerra civil no volviera a perder el poder, el sueño de todo déspota.
Y ahora Morena entró en la hora de las definiciones frente al venidero proceso electoral de 2027 y entre los grupos internos el reparto del botín de las candidaturas va. En Guaymas los nervios, cruces, arañazos, escupitajos, golpes bajos y patadas debajo de la mesa entre los pretensos y sus voceros mediáticos están a la orden del día.
En los 17 estados que cambiarán de gobernador los actuales mandatarios maniobran para dejar a sus delfines favoritos para que les cuiden las espaldas –como Manlio Fabio Beltrones en 1997 dividió el estado para dejar a Armando López Nogales y se pintó de amarillo perredista de Guaymas al sur, en una camada que incluía al profe Chuy Avila Godoy, Sara Valle, Javier Lamarque, Carlos Navarro, Guadalupe Curiel y Juan Manuel Avila y en donde el negociador fue Jesús Zambrano, el Tragabalas, entonces candidato y luego líder moral del PRD sonorense— y en las 15 entidades en donde no habrá elección de gobernador, se preparan los listados a diputados federales y locales y alcaldes cuidadosamente entre incondicionales, aliados y leales. Durango y Veracruz no tendrán cambios en las alcaldías y Coahuila no elegirá diputados locales.
Aquel año de 1997 desde la oficina de Roberto Sánchez Cerezo en Hermosillo vino la orden terminante –ese era el uso entonces— a los despistados priístas de no meter las manos a favor de su candidato a la alcaldía porteña, el ingeniero Everardo Martínez Samaniego.
El proceso electoral arranca oficialmente según el calendario del INE el 10 de septiembre y para 30 se instalan los 32 consejos estatales. Del 4 al 10 de enero del año próximo empiezan las precampañas y las cuales concluyen el 12 de febrero. Del 22 de marzo al 3 de abril inicia el registro de candidaturas y el 2 de junio cierran las campañas, del 3 al 5 hay veda electoral y el 6 es el día “D”.
Votos vs balas
“A balazos llegamos y los votos no nos sacarán”, llegó a afirmar Fidel Velázquez, eterno líder de la CTM, pilar del tricolor. Algo así quiere el actual presidente y uno de los nueve comandantes de la revolución de 1979 Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua, quien luego de reprimir a la oposición y encarcelar a sus compañeros de insurrección –el legendario
excomandante y general Hugo Torres, integrante del “Comando Juan José Quezada” en la toma de la casa de José María “Chema” Castillo, en 1974 y la del Palacio Nacional, en 1978 conocida popularmente como Operación Chanchera que liberó a Daniel Ortega, murió en prisión en el 2022–, ha declarado que no habrá elecciones en el país centroamericano para que la oposición no pueda competir y acceder al gobierno y pase como cuando Violeta Barrios de Chamorro, chispó al FSLN en 1990, por vía del sufragio, riesgo sobre el que Fidel Castro alertó a los sandinistas en su momento luego de la experiencia de Salvador Allende en Chile y en cuyo empeño el máximo líder de la 4T encarriló las reformas del Plan B y anexas, para colonizar al INE, al Trife y al mismo poder judicial, una vez en la bolsa la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, mediante la sobrerrepresentación, la presión, la amenaza y la compra de legisladores de oposición.
Daniel Ortega, quien despojó de la nacionalidad a los opositores -el escritor Sergio Ramírez, entre ellos– , busca extender el período presidencial de seis a siete años «renovables», de acuerdo con un proyecto de reforma constitucional enviada al Congreso nicaragüense y excluir de las elecciones a los opositores «vendepatrias» y «golpistas». Como que suena a Plan B.
El embajador de México en Managua, Guillermo Zamora Villa, en una carta al mandatario centroamericano lo felicitó por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que se cumplió el 19 de julio pasado y de paso lo llamó “Compañero Comandante” y a su esposa y copresidenta “compañera Rosario”, y les expresó que la República de Nicaragua está muy bien representada por ellos como gobernantes, mientras su jefa la presidenta Claudia Sheinbaum se escudó en la no intervención para no abordar el espinoso tema. Por ahí va la diplomacia cuatrotera.
excomandante y general Hugo Torres, integrante del “Comando Juan José Quezada” en la toma de la casa de José María “Chema” Castillo, en 1974 y la del Palacio Nacional, en 1978 conocida popularmente como Operación Chanchera que liberó a Daniel Ortega, murió en prisión en el 2022–, ha declarado que no habrá elecciones en el país centroamericano para que la oposición no pueda competir y acceder al gobierno y pase como cuando Violeta Barrios de Chamorro, chispó al FSLN en 1990, por vía del sufragio, riesgo sobre el que Fidel Castro alertó a los sandinistas en su momento luego de la experiencia de Salvador Allende en Chile y en cuyo empeño el máximo líder de la 4T encarriló las reformas del Plan B y anexas, para colonizar al INE, al Trife y al mismo poder judicial, una vez en la bolsa la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, mediante la sobrerrepresentación, la presión, la amenaza y la compra de legisladores de oposición.
Daniel Ortega, quien despojó de la nacionalidad a los opositores -el escritor Sergio Ramírez, entre ellos– , busca extender el período presidencial de seis a siete años «renovables», de acuerdo con un proyecto de reforma constitucional enviada al Congreso nicaragüense y excluir de las elecciones a los opositores «vendepatrias» y «golpistas». Como que suena a Plan B.
El embajador de México en Managua, Guillermo Zamora Villa, en una carta al mandatario centroamericano lo felicitó por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que se cumplió el 19 de julio pasado y de paso lo llamó “Compañero Comandante” y a su esposa y copresidenta “compañera Rosario”, y les expresó que la República de Nicaragua está muy bien representada por ellos como gobernantes, mientras su jefa la presidenta Claudia Sheinbaum se escudó en la no intervención para no abordar el espinoso tema. Por ahí va la diplomacia cuatrotera.
Y mientras algunas teorías revolucionarias propusieron establecer la igualdad, la fraternidad, la libertad, es decir la justicia para todos, en la práctica trajeron más autoritarismo, dictaduras, pobreza económica y servidumbre –incluso voluntaria, como la llamó Etionne de La Boétie en su tratado “Discurso de la servidumbre voluntaria” –, desembocando dicha ética política solidaria en el estalinismo y en el socialismo real y esa discusión entre Mercado como sinónimo de explotación capitalista y burguesa vs. Estado colectivista se mantiene vigente y los resultados están a la vista.
La paradoja actual, ha hecho notar el columnista Salvador Camarena, es que dos encuestas de El Financiero recientemente levantadasmuestran una dualidad que destrona esa idea opositora de que, si el gobernante de Morena lo hace mal, los ciudadanos se lo cobrarán en las urnas, pero por lo que dicen los números del encuestador Alejandro Moreno, para nada.
Recomposición de las élites políticas
Roderic Ai Camp en su penetrante libro “Las élites del poder político en México”, analizó los grupos de poder político, económico, militar, religioso e intelectual, destacando el papel que desempeñan los tutores, maestros o guías, a los que el autor identifica como mentores y a los que les reconoce no sólo su influencia como cabezas visibles en la formación de individuos, sino incluso como motores en la integración de estos grupos y hasta en la conformación de redes cuyo desenvolvimiento y actividad se han convertido en un recurso para la vitalidad y creciente participación de las sociedades y destaca una mención fundamental sobre cómo las élites dejaron de preocuparse por el grave problema de la desigualdad en México, así como la influencia de la educación pública o de la privada determina ciertas actitudes que pueden incluso transformarse en valores.
En esa idea, durante muchos años la forma de seleccionar los candidatos en nuestro país respondía a la lógica del vil dedazo en el PRI y en algunos partidos se escogía a quien pudiera ganar una elección, lo que incluía el reconocimiento público, la capacidad movilizadora, su estructura territorial y los resultados en las encuestas (las de verdad, no las ha modo) y esa rentabilidad electoral tenía un peso específico en la selección.
El agotamiento de dicho modelo seleccionador fue agotándose derivado del entorno estratégico en que empezaron a operar los partidos políticos, más que responder a la variable de popularidad o a que la competencia electoral haya cambiado, cuando ha cobrado relevancia que los candidatos sean capaces de hacer campaña sin investigaciones penales, financieras, pendientes judiciales o de moral pública que pongan en duda su imagen, así como filtraciones de agencias de inteligencias nacionales o extranjeras que los desbarranquen a medio camino.
Los casos de Félix Salgado Macedonio anteriormente y actualmente del senador Enrique Inzunza, son ejemplos de ello, de ahí que Morena haya decidido incorporar filtros y mecanismos para la selección de sus candidatos, lo cual sin duda podría incidir en el perfil de la próxima generación de gobernadores y gobernantes guindas, para que no pase con lo que con aquella camada de gobernadores priístas de la época de Enrique Peña Nieto, como César Duarte, Javier Duarte, Tomás Yarrington, Andrés Granier y Roberto Borge, que terminaron encarcelados y sin protección presidencial, cosa diferente a la protección brindada a Rubén Rocha Moya.
La sola mención de que Manuel Acosta El Maloro, exalcalde priísta de Hermosillo y hoy en la dirección del PVEM, ha crispado a dos o tres morenistas de hueso guinda, nada más de pensar que irán en alianza en 2027.
Por eso ante unas elecciones para renovar 17 gubernaturas, en al menos 11 estados gobernados por Morena el patrón es evidente, pues quienes buscan suceder a los actuales mandatarios no son figuras ajenas a los gobiernos estatales, sino integrantes de sus círculos más cercanos, como exsecretarios de gobierno, jefes de dependencias, alcaldes y exalcaldes, senadores, diputados locales y federales y colaboradores que hicieron imagen y carrera política a la vera de los gobernadores y entre esos personajes de perfil bien definido en los hechos ya se disputan las candidaturas y la guerra interna en el partido oficial está a la vista de todos., cuando en algunos casos, además, los mismos gobernadores o alcaldes en funciones dejan ver públicamente su respaldo o la cercanía política con los tiradores, a pesar de que el alto mando de Morena ha dicho que la definición de sus candidaturas se realizará mediante procesos internos.
Esa pugna intestina ha asumido diversos niveles de intensidad. En Chihuahua la batalla es entre Andrea Chávez del grupo de Adán Augusto López y el alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuellas, alfil de Claudia Sheinabum.
En el caso de Baja California la sangre ya llegó al río cuando la gobernadora sin visa Marina del Pilar Avila promueve a la senadora Julieta Ramírez a sucederla y el exgobernador Jaime Bonilla, delegado estatal del PT, impulsa a cuchillo limpio a la exalcaldesa de Tijuana Monserrat Caballero. En Sonora Alfonso Durazo abrió el juego a siete aspirantes y los que levanten la mano esta semana, en un tira tira que trae confundidos y enredados a la base morenaca y que bien podría propiciar su división irreconciliable por la polarización promovida desde el bando de Javier Lamarque y Heriberto Aguilar, por un lado, con un grosero despilfarro en sus movilizaciones, cuyo amasiato quedó evidenciado en los recientes mensajes de cumpleaños para el alcalde cajemense con licencia y de discurso con la expanista Célida López, por el otro.
Algunos gobernadores morenistas, ven con desconfianza a Ariadna Montiel quien ha utilizado a los Siervos de la Nación desde que, encabezaba la Secretaría del Bienestar para apuntalar a sus propios aspirantes, de ahí que la llegada de Citlali Hernández a la secretaría de candidaturas y elecciones del partido fue vista como un contrapeso impuesto desde palacio nacional.
Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, garantizó que someterán a todos sus aspirantes a una candidatura para el Proceso Electoral 2026-2027 a la revisión de su perfil por parte de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Vamos a ponerlos a revisión a todos los posibles candidatos y a todos los suplentes. Se trata de un universo de más de 20 mil candidatos propietarios y suplentes. Es una revisión muy amplia, pero se tiene que hacer”, dijo en conferencia de prensa.
Montiel Reyes especificó que, antes de llegar a la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, Morena pretende llevar ya dos evaluaciones sobre todos los perfiles: una hecha por el mismo partido, con datos abiertos, y una más solicitada al gabinete de seguridad federal. Tal vez por eso Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum decidieron dar un golpe de timón, cuando la señal indica que a los gobernadores en turno no les permitirán controlar la sucesión en sus estados pues solo así pueden comprenderse los controles de confianza que desde el partido se impondrán para que no se les cuelen malandros e indeseados a las candidaturas.
Lo ocurrido en Baja California y el Zacatecas en manos del clan Monreal, con la masacre ocurrida recientemente, parece que convenció a la cúpula guinda de que dejar ese poder en manos de mandatarios bajo sospecha y por ende desgastados políticamente es demasiado riesgoso rumbo a 2027.
De ahí que hayan elaborado un atlas de riesgo político por parte de sectores del partido en donde se identifica al menos ocho de las 17 entidades con focos rojos: guerra de grupos, inseguridad y acusaciones de vínculos entre políticos y crimen organizado.
A esa lógica política quizá responde la instrucción interna de aislar a los gobernadores del proceso de selección de los llamados “coordinadores de la defensa de la transformación” y estará por verse que tan efectiva resulta esa línea, que por lo pronto llevó a reunir a los tiradores a suceder a Alfonso Durazo en la gubernatura con Citlali Hernández en la CDMX, en donde les leyeron la cartilla, que no la moral de AMLO, a la que pocos morenistas hicieron caso. Y en cuanto a la selección en las alcaldías la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones anunció pa´tras los filders y será hasta finales de agosto y llamó a evitar las campañas adelantadas, como la de Andy López Beltrán en Tabasco
Crimen y elecciones
Los ataques sistemáticos contra actores políticos o personas ligadas con la actividad política prevén un incremento de la violencia para el 2027 y ese fenómeno está siendo interpretado como la selección de candidatos por parte de las organizaciones criminales, debido a que los jefes de plaza fungen como operadores electorales. La detención de Ramón Álvarez Ayala, el R1, acusado de ser el autor intelectual del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, reabrió el debate sobre la participación y la injerencia del crimen organizado en las elecciones, que en Sinaloa quedó patente en 2021 y 2024, que según la misión de visitantes extranjeros de la OEA en su informe de 2021 detalló sobre las repercusiones de la violencia criminal en las urnas que incluyó coacción del voto, secuestro de candidatos, amenazas físicas y renuncias forzadas de candidatos.
Focos rojos están siendo detectados en estados en donde pudiera haber alternancia y competencia y Morena puede perder, como Michoacán en donde la viuda de Carlos Manzo Grecia Quiroz ha crecido, Sinaloa de nuevo, Baja California o Chihuahua en donde Julián LeBarón, buscará la gubernatura y en donde la Línea opera electoralmente.
La existencia de usos de dinero sucio en las campañas electorales es una realidad y ahí está el caso del contrabando de combustible con Sergio Carmona el llamado Rey del Huachicol y Mario Delgado, expresidente de Morena, bajo sospecha. A Rubén Rocha Moya lo puso en jaque la justicia gabacha por sus acuerdos con la fracción de los Chapitos en la elección del 2021.
La impunidad una cruel realidad Y como si lo anterior no fuese suficiente de cara a la entrada del año electoral y que explica buena parte de la esencia del sistema político imperante (de partido hegemónico y presidencial, según Daniel Cosío Villegas), la sentencia de cadena perpetua dictada en una corte de Estados Unidos contra, uno de los jefes criminales más longevos de esa actividadIsmael “El Mayo” Zambada, debe entenderse como un hecho que exhibe las debilidades estructurales del sistema de justicia mexicano y obliga a cuestionar por qué un personaje de esa dimensión criminal nunca enfrentó un proceso similar en México, sostuvo Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y cuyas declaraciones recientes nos permitimos reproducir.
El académico explicó que la pregunta sobre por qué la condena ocurrió en Estados Unidos y no en México remite a una revisión histórica del sistema político nacional. En su opinión, la conformación del poder en el país no puede entenderse sin considerar la “simbiosis” con distintos poderes ilegales y desde esa perspectiva, la aplicación de la leyha dependido históricamente de decisiones políticas y no de un Estado de derecho consolidado.
Y en ese aspecto no debe olvidarse el desapego a la legalidad por parte de gobernantes de izquierda y cuya manifestación más evidente lo fueron aquellas frases de Andrés Manuel López Obrador “al diablo con las instituciones” o “no me venga con que la ley es la ley”. En un recorrido de Claudia Sheinbaum por el Parque del Jaguar en Tulum, ésta le dijo al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas: “Hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando las normas se ponen por encima de la gente y el sentido común, está mal. No cumplas con la norma, es lo que te estoy diciendo”.
López Portillo consideró que la impunidad no debe verse únicamente como una falla institucional, sino como un elemento funcional dentro del sistema político. “La impunidad, en lugar de ser leída como un pasivo, como un problema del sistema político, debe ser leída como un ‘activo’ del sistema político. Es decir, la impunidad es una herramienta de negociación de la ley”.
Según López Portillo, esa lógica ha impedido el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Mientras la criminalidad organizada se ha expandido y diversificado, dijo, el Estado ha perdido capacidad para contenerla.
El investigador señaló que diversos índices internacionales ubican a México entre los países con mayor influencia del crimen organizado y que, pese a ello, no se han producido cambios capaces de revertir esa situación.
Expresó que actualmente existen alrededor de 500 grupos delictivos de distintos tamaños y ámbitos de operación, desde organizaciones municipales hasta redes con presencia nacional.
Frente a ese escenario, sostuvo que el país debe reconocer una “verdad insoportable”. “El Estado y la delincuencia organizada viven en simbiosis”, afirmó.
“El Estado mexicano no construyó una política de Estado de sometimiento de las organizaciones criminales; en cambio, el Estado mexicano ha consolidado una política de Estado de coexistencia con los grupos criminales”, aseguró.
Añadió que las alternancias políticas, las reformas institucionales y los cambios en el sistema penal no modificaron esa situación. Como ejemplo, mencionó el crecimiento del rezago en las fiscalías, al señalar que, de acuerdo con datos recientes, existen alrededor de 2.5 millones de carpetas de investigación pendientes, frente a las cerca de 500 mil que había una década atrás.
Para el especialista, esa evolución demuestra que el problema no responde a errores aislados, sino a una lógica sostenida en el tiempo. “Esto no es fortuito. Esto es una política de Estado”, afirmó. A partir de ello, sostuvo que México enfrenta un “brete histórico” y que la sentencia contra Zambada debe servir para reconocer la magnitud de la crisis institucional. Asimismo, llamó a impulsar liderazgos políticos, sociales, culturales y El investigador señaló que diversos índices internacionales ubican a México entre los países con mayor influencia del crimen organizado y que, pese a ello, no se han producido cambios capaces de revertir esa situación.
Expresó que actualmente existen alrededor de 500 grupos delictivos de distintos tamaños y ámbitos de operación, desde organizaciones municipales hasta redes con presencia nacional.
Frente a ese escenario, sostuvo que el país debe reconocer una “verdad insoportable”. “El Estado y la delincuencia organizada viven en simbiosis”, afirmó.
“El Estado mexicano no construyó una política de Estado de sometimiento de las organizaciones criminales; en cambio, el Estado mexicano ha consolidado una política de Estado de coexistencia con los grupos criminales”, aseguró.
Añadió que las alternancias políticas, las reformas institucionales y los cambios en el sistema penal no modificaron esa situación. Como ejemplo, mencionó el crecimiento del rezago en las fiscalías, al señalar que, de acuerdo con datos recientes, existen alrededor de 2.5 millones de carpetas de investigación pendientes, frente a las cerca de 500 mil que había una década atrás.
Para el especialista, esa evolución demuestra que el problema no responde a errores aislados, sino a una lógica sostenida en el tiempo. “Esto no es fortuito. Esto es una política de Estado”, afirmó. A partir de ello, sostuvo que México enfrenta un “brete histórico” y que la sentencia contra Zambada debe servir para reconocer la magnitud de la crisis institucional. Asimismo, llamó a impulsar liderazgos políticos, sociales, culturales y El investigador señaló que diversos índices internacionales ubican a México entre los países con mayor influencia del crimen organizado y que, pese a ello, no se han producido cambios capaces de revertir esa situación.
Expresó que actualmente existen alrededor de 500 grupos delictivos de distintos tamaños y ámbitos de operación, desde organizaciones municipales hasta redes con presencia nacional.
Frente a ese escenario, sostuvo que el país debe reconocer una “verdad insoportable”. “El Estado y la delincuencia organizada viven en simbiosis”, afirmó.
“El Estado mexicano no construyó una política de Estado de sometimiento de las organizaciones criminales; en cambio, el Estado mexicano ha consolidado una política de Estado de coexistencia con los grupos criminales”, aseguró.
Añadió que las alternancias políticas, las reformas institucionales y los cambios en el sistema penal no modificaron esa situación. Como ejemplo, mencionó el crecimiento del rezago en las fiscalías, al señalar que, de acuerdo con datos recientes, existen alrededor de 2.5 millones de carpetas de investigación pendientes, frente a las cerca de 500 mil que había una década atrás.
Para el especialista, esa evolución demuestra que el problema no responde a errores aislados, sino a una lógica sostenida en el tiempo. “Esto no es fortuito. Esto es una política de Estado”, afirmó. A partir de ello, sostuvo que México enfrenta un “brete histórico” y que la sentencia contra Zambada debe servir para reconocer la magnitud de la crisis institucional. Asimismo, llamó a impulsar liderazgos políticos, sociales, culturales y académicos capaces de cuestionar la normalización de la impunidad y promover una reconstrucción estructural del sistema de seguridad y justicia.
También argumentó que los episodios recientes de violencia extrema no deben entenderse únicamente como problemas de seguridad pública, sino como manifestaciones de espacios donde existen formas de gobernanza criminal que disputan o sustituyen la autoridad del Estado.
Hacia la censura
Mientras avanza la censura de medios críticos bajo el pretexto de proteger a las audiencias con la nueva Ley Mordaza, ya sin órgano autónomo regulador de por medio, para controlar la información como insumo de gobernabilidad autoritaria. La responsable de todo el operativo contra la crítica periodística es la expresidenta de Morena Luisa María alcalde, de ahí que por la víspera se saca el día.
La orden del INE de que el PRI retire sus publicaciones en donde tilda a Morena de narcopartido, fue visto como un acto de censura desde las filas del tricolor con Alito Moreno al frente.
En 1960, el presidente Adolfo López Mateos promulgó la Ley Federal de Radio y Televisión, buscó calmar el sospechosismo levantado por el otorgamiento de concesiones a empresarios consentidos Miguel Alemán Valdés y luego, en 2006, con Vicente Fox, con la llamada “Ley Televisa”, Martha Sahagún de Fox, buscó quedar bien devolviendo a la televisora tiempos que legalmente le pertenecían al Estado.
Los Lineamientos que reglamentan los derechos de las audiencias derivados de la nueva Ley en Materia de Comunicaciones y Radiodifusión, que se buscan aprobar, dicen algunas voces es una copia exacta de la Ley Resorte que Hugo Chávez utilizó en 2004 para que el Estado se volviera juez y parte, clausurando canales como RCTV y criminalizando a la opinión crítica e independiente, pues para anda quieren filtraciones o investigaciones como las de Watergate, Panamá Papers o WikiLeaks de Julián Assange, incluyendo las de Lord Relojes, Andy de compras en Japón, la casa de Gerardo Loroña, las vacaciones en Madrid de Ricardo Monreal, la Barredora, el Clan, el huachicol fiscal o sobre Dato Protegido, que echaron abajo la narrativa de superioridad moral de la 4T.
Coyuntura crítica de guerra contra la izquierda radical
Según el columnista Fernando Vázquez Rigada, citando al jurista español Niceto Alcalá Zamora, la muerte de un régimen político no requiere autopsia, siempre es por suicidio, lo que lo lleva a afirmar que Morena está en ese camino de la autoinmolación. Si en el verano del 2025 la élite morenista quedó evidenciada por su apartamiento de la austeridad republicana y se hizo añicos el mito de la pobreza franciscana que pregonaba López Obrador, en el verano actual, la corrupción y la narcopolítica están por definir su viabilidad futura en un contexto de guerra imperial en contra del terrorismo de izquierda radical. Para nada es nuevo el que los partidos políticos y movimientos de izquierda enfrenten la encrucijada que la realidad política de coyuntura les impone. En 1899 Rosa Luxemburgo publicó el panfleto “Reforma o revolución”, en donde criticaba la tendencia reformista dentro del movimiento socialista y sostenía que, aunque las reformas son importantes para la conciencia de clase del proletariado, no son suficientes para lograr una transformación social profunda y argumentaba que el capitalismo es inherentemente insostenible y que eventualmente colapsará, lo que requiere una revolución para establecer una sociedad socialista. Esa postura la contrapunteó con Lenin, el padre de la revolución rusa de 1917.
Y en ese tenor, con la mira puesta en perder las mayorías en el Congreso de la Unión y triunfar en las elecciones estatales del próximo año, las precampañas simuladas para elegir a quienes encabezarán las siglas guindas en el 2027, se están poniendo intensas ante una autoridad electoral rebasada por todos los costados, incapaz de poner freno a las campañas adelantadísimas.
Como bien escribió Jorge Alcocer, los morenistas son herederos, por partida doble, de las peores prácticas en la vida interna de un partido político, de ahí que Morena viva los conflictos internos como parte inevitable de su manera de ser.
Al PRI de 1987, le valió la fractura con salida de la Corriente Democrática, la abuelita de Morena.
